Con sobresaltos que evidencian podredumbre, avanza la integración turbia de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC). La magnitud del golpe puede ser devastadora.
Gonzalo Marroquín Godoy
Las aguas están agitadas. Las cinco instituciones que están por nombrar magistrados para la nueva CC, tratan –vanamente– de aparentar que hacen las cosas correctamente, mientras los hechos demuestran que siguen apegadas al plan concebido para garantizar el control del tribunal superior de la justicia guatemalteca y con ello, fortalecer el marco de impunidad existente.
Los argentinos dirían que es un auténtico merequetengue o quilombo, el que se vive en torno a lo que hacen o dejan de hacer el presidente Alejandro Giammattei, el oficialismo en el Congreso de la República, la espuria Corte Suprema de Justicia (CSJ), el infiltrado Consejo Superior Universitario de la USAC, y el comprometido Colegio de Abogados (CANG). Todos están tratando de fingir inocencia y rectitud, para llevar a fieles alfiles a la CC el próximo 14 de abril.
Esto marcha contra viento y marea, contra la voluntad –¡y necesidad!– de la sociedad civil, así como de la preocupada comunidad internacional, que temen que se vaya totalmente por la borda la endeble institucionalidad democrática del país.
La Fiscalía Contra la Impunidad (Feci), ha sacado a relucir parte de esa podredumbre imperante. Logró la orden de captura oportuna de Murphy Paiz y Estuardo Gálvez –rector y exrector de la USAC–, acusados del delito de obstrucción a la justicia, por manipular las comisiones de postulación de magistrados. El primero no podrá participar como elector en el Consejo Superior y el segundo tendrá impedimento para llegar a la CC como pretendía –apoyado por el CANG–. El Colegio debe ahora detener la segunda vuelta electoral, en dónde él aparecía en la boleta como aspirante a magistrado.
La cloaca está destapada, pero al oficialismo en el Congreso, al presidente Giammattei, y a la CSJ, ¡les pela!, siguen con su maquiavélico plan y de poco han servido todas las advertencias que han llegado desde Washington y la Unión Europea, mucho menos les preocupa lo que piden las organizaciones pro-justicia, empeñadas en exigir que se nombre a magistrados honestos, independientes y capaces.
Hay mucha gente, grupos o sectores, que por estar obsesionados con salir de la actual CC, a la que consideran parcializada, están dispuestos a dejar que se imponga el sector político vinculado con la corrupción, sin alcanzar a ver –porque no quieren hacerlo– que se está caminando directamente a una especie de pantano institucional, de donde es muy difícil salir, y mucho menos, sin embarrarse.
Tenemos ante nuestros ojos los efectos nefastos que dejan la corrupción y la impunidad. Se gastan Q1.3 millones en tres cuadros contratados a un artista amigo de manera ilegal, y nada pasa. Ese es solamente un pequeño ejemplo de la forma de actuar irresponsable de parte de las autoridades. Casos mas graves han salido a luz y todos tan campantes. Los Q123 millones encontrados a un exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, son otra muestra del nivel de corrupción que se ha alcanzado. Esa cloaca mencionada arriba, apesta y embarra. Pero es la que todos vemos y la mayoría se hacen los locos. Claro, una CC independiente puede corregir desmanes de jueces y magistrados títeres, encargados de defender a Alí Babá y sus mucho más de 40 ladrones. Por eso no quieren correr riesgos. Hay muchos ciegos en Guatemala… porque simplemente no quieren ver.