Los problemas de muchos países principian cuando se eligen presidentes que ganaron elecciones con financiamiento de estructuras criminales. Así forjan impunidad y corrupción».
Gonzalo Marroquín Godoy
Un secreto entre dos es difícil que se mantenga secreto. Eso sucedió con Day Vásquez y Nicolás Petro. La pareja se separó y todo fue cuestión de tiempo para que se destapara una caja de Pandora, de la que ha escapado un escándalo de proporciones inimaginables que envuelve al presidente Gustavo Petro y refleja uno de los males más comunes en la política latinoamericana.
Nicolás Petro se separó hace meses de su esposa Day Vásquez y pronto empezaron a correr rumores y hasta hubo denuncia en torno a la forma en que el hijo del presidente financiaba su vida de lujos. Terminada la relación, murió el secreto y pronto la información llegó a la fiscalía, que logró hasta ahora testimonios de la expareja, los cuáles confirman que recibieron recibido dinero de narcos y grupos oscuros para la campaña del hoy primer presidente izquierdista de aquel país sudamericano.
Según la versión, basada en declaraciones del propio Nicolás, una parte de ese dinero fue para la campaña de su padre y otra la utilizó él mismo. De todas maneras, la noticia se ha convertido en una bomba política y en un gigantesco escándalo que, sin duda, desgastará a un gobierno que ya venía teniendo problemas para avanzar en sus planes sociales y de procesos de paz.
El caso no es exclusivo de Colombia y Petro. El caso de financiamiento ilícito se ha convertido en una tendencia en la mayoría de los países latinoamericanos. Narcotráfico, estructuras criminales, empresarios y mafias ponen sus ojos e inversión en los candidatos con más posibilidades, a los que financian bajo la mesa, con el fin oscuro de cobrar el favor más adelante, cuando el candidato se convierte en presidente.
“El financiamiento electoral ilícito –tanto el que proviene del crimen organizado como el de fuente anónima– no sólo es el pecado original de la democracia, sino que socava el Estado de Derecho, genera inequidad en los procesos electorales y distorsiona la voluntad popular”.
Esta frase no es mía. La publicó en un tuit allá por el año 2018 el hoy ministro de la Defensa de Petro, el exfiscal Iván Velázquez, un experto en perseguir la ruta del dinero y encontrar este tipo de delitos. Así lo hizo cuando dirigió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y él mismo destapó varios casos escandalosos de dinero sucio que llegaba a campañas electorales por millones.
Velásquez se enfrentó a un sistema creado en torno a la corrupción, corrupción que principiaba desde el momento en que los candidatos, partidos políticos o su entorno, recibían millonadas de dólares de grupos interesados que cobraban luego los favores. Por decirlo de otra manera, esa especie de sobornos por anticipado marcan el nivel de corrupción que luego se observa en los gobiernos.
Petro lo tiene complicado a partir de ahora. Está apenas cumpliendo su primer año en la presidencia. Hasta hoy, sus dos grandes proyectos –la paz y reformas sociales–, han avanzado en medio de complicaciones y de forma lenta. Sí así ha sido su arranque, no es difícil anticipar que semejante escándalo en torno a su hijo, el financiamiento a su campaña y la creciente oposición que se percibe, harán que cualquier tarea se lleve a cabo cuesta arriba y, cada vez más, con críticas a su gestión.
Por eso no debe extrañar que expresidentes de Perú, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Argentina y Venezuela, entre otros países latinoamericanos, hayan tenido que enfrentar juicios e incluso, algunos de ellos, ir a la cárcel o tener que huir en busca de exilios dorados, viviendo de sus actos de corrupción.
El problema de fondo es que –cómo he destacado en otras oportunidades–, la actividad política se ha convertido en una actividad comercial, en la que la riqueza es el fin que se busca y no la sana gobernanza, aquella que se traduce en resultados positivos para los pueblos. El quehacer político ha perdido su esencia. Ya no se trata de servir, sino de servirse desde la gestión pública.
Demasiado pronto ha salido Petro a decir la frase trillada que todos repiten: “soy víctima de persecución política”. Si el testimonio de su hijo confirma con detalles de dónde llegaron los fondos y a dónde fueron a parar, estará metido en un gran embrollo y sus palabras sobrarán. La corrupción no es cuestión de ideologías, es generalizada y se debe combatir.
En Guatemala el financiamiento ilícito en campañas ha sido una práctica permanente, pero más evidente es desde la campaña electoral de 2011 (Otto Pérez), 2015 (Jimmy Morales) y Alejandro Giammattei (2019). En las dos primeras, la CICIG confirmó el financiamiento electoral ilícito y en la última, un reporte, con testimonio de un testigo, estaba siendo documentado por la Feci de Juan Francisco Sandoval, quien fue removido del cargo –entre otras investigaciones– por esa causa.
Así es que para nosotros no es una novedad lo que se está viviendo en Colombia. El narco, las mafias y estructuras criminales, se incrustan en el poder político por medio de financiar las campañas y candidatos.
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