Guatemala vive su peor momento en la llamada “era democrática”, con una institucionalidad absolutamente destruida, que no permite ver el futuro con optimismo.«.
Gonzalo Marroquín Godoy
El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), ha dado a conocer recientemente el informe 2022, en el que expone que varios países alrededor del mundo muestran un retroceso en su democracia y, para variar –pero para nada extraño–, el nombre de Guatemala aparece entre estos.
Sí, en casi cualquier medición que se hace sobre temas sociales –pobreza, desnutrición, educación, etcétera–, derechos humanos, libertades, estado de derecho, u otros, nuestro país aparece entre los últimos lugares a nivel latinoamericano, aunque las autoridades insistan en destacar en sus discursos que tenemos una economía de las más sólidas de la región, como si eso fuera suficiente.
Pero, además, esto es tan solo parcialmente cierto, pues no se reconoce que la solidez macroeconómica descansa en gran parte las remesas familiares que envían los migrantes , quienes generan más ingresos al país que todas las exportaciones juntas (café, azúcar, textiles, y todo lo demás). Tampoco dicen que lo que hace nuestro sistema democrático es exportar guatemaltecos porque aquí no se les brindan oportunidades.
Conversando con uno de mis hermanos hace algunos días, nos preguntábamos sobre el futuro del país. Ambos coincidimos en que no estamos dejando una mejor Guatemala a nuestros hijos.
La verdad es que la democracia es un sistema político diseñado para que el Estado promueva las mejores condiciones de vida para la población. Para eso, se establecen una serie de plataformas sobre las que deben crecer los derechos, las libertades, la economía social, y todo, al tiempo que se echan las raíces para el fortalecimiento de un eficiente sistema político que haga sostenible todo lo que se alcance.
El pilar sobre el que se deben sostener esas plataformas es la propia Constitución, que marca los lineamientos a seguir. Luego vienen las instituciones para que trabajen por el bienestar de la gente. En el papel, Guatemala tiene todo eso, pero en la práctica… ¿qué sucede?
Explicarlo puede parecer sencillo, pero en la práctica ha sido un proceso por el que hemos transitado durante los últimos seis o siete años, en el que todas aquellas plataformas y pilares democráticos han sido pisoteados y partidos en pedazos. La situación es más grave que lo que quieren reconocer las élites, mientras los discursos y propaganda oficiales pretenden mantener adormecido a un pueblo que no alcanza a comprender la dimensión de lo que ha sucedido y lo que está por venir, si no reaccionamos.
Para empezar, se han incumplido principios básicos establecidos por la Constitución. Por ejemplo, se habla de independencia entre los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, el andamiaje legal establecido habla de independencia de la justicia, mientrasinstituciones importantes y hasta vitales como la CC, el TSE, el MP y la PDH, que se establecen constitucionalmente con el espíritu de que sean vigilantes de nuestra democracia –por diversas formas–, terminan respondiendo a los intereses del poder político. Incluso el Congreso, debiera ser fiscalizador del Gobierno, no es más que un instrumento de ese sistema corrupto y corruptor.
El descalabro institucional ha sido abrumador. Jimmy Morales y Alejandro Giammattei –no en lo personal, sino en lo que representan–, se han encargado de meter a Guatemala en la peor crisis institucional desde 1986. Jorge Serrano estuvo a punto de crear un caos parecido de alguna manera cuando intentó controlar el Congreso y las cortes, pero la independencia de la CC y la reacción positiva de las élites y la sociedad, impidieron aquel golpe de estado.
Todo esto no es una fumada de quienes vemos y analizamos la situación. ¡Es una realidad evidente!
Solamente quienes tienen intereses particulares para que la situación no cambie, pueden tener una visión diferente a la realidad. Yo sostengo que institucionalmente el Congreso, la CSJ, la CC, el MP, el TSE y la PDH, se han convertido en marionetas de este sistema político en el que imperan la corrupción y la impunidad.
Se dice que hay una dictadura cuando todos los poderes del Estado y sus instituciones responden a un solo mando, que puede provenir del presidente de la República o del sistema que se ha establecido. Aquí el cuadro encaja perfectamente. Por eso tenemos el autoritarismo que vemos y por eso, cada vez les importan menos las formas, pues claramente… ¡les pela!, dado el enorme poder que detentan.
El solo hecho de que tengamos una Corte Suprema de Justicia por más de tres años de su mandato sin que el Congreso, la CC y el MP muevan un dedo para defender la Constitución, demuestra el nivel de porquería que nos rodea.
¿Y qué decir de la independencia judicial? Vemos ahora que los jueces de la impunidad marcan un retroceso en la lucha contra la corrupción, mientras que a los juzgadores que han sido independientes, se les persigue, igual que a opositores y periodistas.
Y lo peor de todo es que esto no se detiene. Ya están haciendo todo lo necesario para cocinar las próximas elecciones, en las que esperan que alguien de la misma línea –llámese pacto de corruptos o alianza oficialista– y para eso cuentan con dinero que compra votos y los lineamientos e impedimentos que pueda dictar su TSE, dócil y obediente, al igual que el sistema de justicia.
Con un control absoluto de las instituciones del Estado, es difícil promover cambios, pero no hay que perder las esperanzas. Siempre hemos sabido salir de las crisis que crean los politiqueros y sus compinches aliados.