Gonzalo Marroquín Godoy
“Patadas de ahogado”, dice monseñor Ramazzini, y es cierto. Esta medida extrema no resuelve problemas de fondo… ¿Se decretará también para la capital por asesinatos de pilotos?
En 1965, en Guatemala había un gobierno militar de facto –bajo el mando del coronel Enrique Peralta Azurdia–, y la Asamblea Constituyente, que dictó la Constitución de 1965, aprobó la Ley de Orden Público, redactada pensando en la necesidad de combatir la naciente guerrilla, surgida tres años antes bajo el gobierno del derrocado presidente Miguel Ydígoras Fuentes.
Aunque tras aquel gobierno de facto resultó elegido democráticamente el binomio Julio César Méndez-Clemente Marroquín Rojas –mi abuelo–, los militares impusieron condiciones para entregarle el poder al presidente Méndez Montenegro, quien las aceptó y se inicia así un largo período militarista, enfocado en derrotar a los grupos insurgentes que fueron creciendo durante el conflicto armado interno.
No voy a seguir con la historia, porque eso es otro tema, pero si quiero volver a la Ley de Orden Público, porque fue un instrumento creado específicamente para combatir la insurgencia y fue utilizada –sin excepción–, por todos los gobiernos militares: la utilizaron Méndez Montenegro, Carlos Arana, Kjell Laugerud, Romeo Lucas y Efraín Ríos Montt. No recuerdo si lo hizo también Oscar Mejía Víctores.
Se cometieron abusos al restringir las garantías ciudadanas. En el caso de la prensa, se censuraba de inmediato, pero además se abusaba en las capturas sin orden de juez, se prohibían las reuniones y, en algunas ocasiones se llegó a decretar toque queda.
Con el retorno a la democracia, la citada ley no se reformó. Hay otros estados de excepción establecidos para dar herramientas a los gobiernos para hacer frente a desastres naturales o provocados, pero sin trasfondo político.
El estado de Sitio fue común bajo las dictaduras militares durante la segunda mitad del siglo XX en países como España, Argentina, Bolivia, Chile, Nicaragua y Guatemala. En todos los casos hubo abusos y se violaron derechos humanos fundamentales.
El problema real, aquí y ahora, es que el Estado no cumple con la mayoría de sus funciones. Una de ellas –entre las muchas incumplidas–, está la de garantizar la seguridad ciudadana y el control territorial en varios departamentos. Ahora, por un hecho violento, pero finalmente aislado en El Estor, Izabal, don Jimmy Morales se vuelve a sacar de la magna el estado de Sitio, como muestra de fuerza.
Sin embargo, es una acción que refleja la incapacidad que ha tenido él, y muchos de sus antecesores, para atender los problemas existentes de forma integral, porque incrementar ahora la presencia de las fuerzas de seguridad en lugares que luego volverán a ser dejados a la mano de Dios es solo hacer uso de una ley represiva, sin atacar el fondo del problema. Por cierto, sería bueno que los diputados pensarán en reformar esa ley obsoleta para una democracia, en vez de avalar estas patadas de ahogado.
Pero aún con ella, es bueno que los lectores vean lo siguiente: Esto dice en su introducción la vigente Ley de Orden Público:
Artículo 1º. Esta ley se aplicará en los casos de invasión del territorio nacional de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado.
No hay invasión del territorio nacional; no hay perturbación grave de la paz –por más que siempre hay hechos de violencia por todas partes–; no hubo calamidad pública y; no se trata de una actividad en contra de la seguridad del Estado.
¿Entonces? ¡No cabe el estado de Sitio!. Se debe actuar con firmeza, reaccionar adecuadamente, pero de ninguna manera limitar las garantías ciudadanas, cuando el Estado más bien debiera garantizarlas. Para eso es la democracia, para que las personas gocen de sus derechos y las instituciones funcionen.
Si los hechos de violencia que nos aquejan casi a diario son perturbación grave a la paz, entonces deberíamos vivir bajo estado de Sitio en todo el territorio nacional, todo el tiempo.
Como ejemplo cabe preguntar: ¿No es peor que lo de El Estor –tres soldados asesinados –cuyos responsables deben ser capturados y procesados–, el asesinato de 19 pilotos de buses, 10 ayudantes y 10 pasajeros en los primeros seis meses de este año?. Esta especie de epidemia social –que data de 2018 y persiste por extorsiones– no se ha combatido eficazmente por parte del Estado y ha dejado muchísimo dolor, luto y otro tipo de problemas sociales.
Para combatir al narcotráfico no hace falta estado de Sitio. Hace falta la voluntad de hacer lo necesario todo el tiempo y en todo el país. Álvaro Colom impuso estado de Sitio en Cobán para combatir a los zetas, pero pregunten a los cobaneros si no hay presencia de narcotraficantes. ¡El estado de Sitio no resuelve los problemas!.