Una cosa es no saber ni entender, pero muy diferente es cuando sabiendo que es incorrecto y hace daño, se insiste en la actitud… ¡y peor cuando es un funcionario público! Un reconocimiento al valor de la jueza Aura Beatriz Gutiérrez.
Gonzalo Marroquín Godoy
Es fundamental para cualquier abogado que se precie de serlo, saber que existe lo que se llama “supremacía de la Constitución”. Es decir, que la Constitución es la “ley superior” y que está por encima de las demás leyes. Para fiscales, jueces y funcionarios públicos, saber y entender esto es una obligación absoluta.
El artículo 35 de la Constitución dice claramente: Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna (…) No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. No hay que ser abogado, genio ni alguien brillante para entender.
A lo que voy, es que la fiscal general –supuestsamente doctora en leyes– Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Jimmi Bremer –doctor en derechos constitucional– están obligados a conocer lo que manda la Constitución, a la que deben respetar más que cualquier persona particular, por ser servidores públicos y estar llamados a defenderla y hacer que se respete.
Hay un delito que se llama prevaricato, el cual comete cualquier autoridad que dicta resoluciones arbitrarias y contrarias a la ley.
Cuando la fiscal Monterroso pidió que se persiguiera a ocho periodistas de “elPeriódico” por calificar sus escritos y opiniones como una “conspiración para obstaculizar la justicia”, pedía que un juez autorizara algo evidentemente contrario a lo que establece la Constitución, porque cualquier crítica hacia los funcionarios públicos que se haga, ¡cualquiera!, está enmarcada dentro del derecho constitucional a expresar libremente nuestro pensamiento, y ninguna ley, ni la sacada de la magna con el pretexto de “asociación ilícita”, está por encima de la Carta Magna o de la Ley de Emisión del Pensamiento, que tiene rango constitucional y es superior a las demás leyes.
Hay que tener claro que Porras y Curruchiche, en contubernio con unos pocos jueces seguidores del oscurantismo, han convertido a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en una especie tribunal inquisidor, pues cuando estos –que sí son conspiradores– actúan, el peligro de ir a la cárcel es más que probable.
En la práctica, resulta que la fiscalía que debe perseguir la abrumadora corrupción y combatir la impunidad en Guatemala se ha convertido en un tribunal inquisidor que persigue a jueces, fiscales y periodistas que han estado precisamente en la línea anticorrupción que debiera prevalecer en el Ministerio Público (MP). Los perseguidos tienen pocas posibilidades de defensa. ¡Ah!, pero no se persigue a los corruptos.
Por eso no vemos casos significativos de corrupción investigados por la FECI u otros fiscales del MP. Estos fiscales y jueces confabulados se presentan como “defensores de la ley”, cuando en la práctica la violan a cada momento, con el fin de alcanzar sus fines aviesos que son, en el caso de la prensa, intimidar a medios y periodistas para que no critiquen ni escudriñen en sobre la podredumbre que se ha enraizado en las estructuras del Estado.
Yo soy uno de los ocho periodistas que Porras, Monterroso y Curruchiche intentareon procesar penalmente retorciendo leyes. Sin embargo, la buena noticia es que no todo el sistema de justicia está podrido y corrompido. La jueza Aurora Beatriz Gutiérrez le tuvo que enmendar la plana a los “doctores” Porras y Bremer, así como a los obedientes fiscales Curruchiche y Monterroso: el caso contra periodistas por hacer uso de su derecho de expresión, se deben discutir en un tribunal de honor especial –de imprenta, le llamamos–, y no en los tribunales penales, a donde el MP quería retorcer el caso para lograr órdenes de captura contra los “conspiradores” periodistas.
Han sido diez meses de exilio para casi todos nosotros. Yo tengo la bendición de estar en casa de uno de mis hijos, pero sé que algunos de mis colegas la han pasado mal durante este tiempo, con grave daño sicológico, emocional, económico y social. Todo por una persecución espuria, ilegal e inconstitucional.
Por escribir y denunciar a un juez que es parte de este oscurantismo –Fredy Orellana–, hacer señalamientos a fiscales que abusan de su posición, señalar la forma abrumadoramente incorrecta en la que el MP se está conduciendo y destacar que utilizan para sus fines a grupos parajudiciales –estructuras que se querellan en los procesos para aumentar la presión contra los perseguidos y sobre los jueces–, ahora resulta que es un delito, aunque la Constitución lo considera un derecho.
En mi calidad de presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), entregué en 1984 ante la “Comisión de los Treinta” la redacción del actual artículo 35 de la Constitución vigente. Esa comisión era la encargada en la Asamblea Nacional Constituyente de presentar la redacción e iniciativas que finalmente se incluyeron. Fue nuestra propuesta aceptada en un 100% y solamente se le agregaron las dos últimas líneas del texto que, dicho sea de paso, ampara no solamente a los periodistas, sino a cualquier ciudadano que haga uso de su libre emisión del pensamiento.
LEE ADEMÁS: Texto completo del artículo 35 de la Constitución de Guatemala
Este MP, que ahora ha provocado la captura del exministro de gobernación, Napoleón Barrientos por no haber reprimido las manifestaciones a favor de la democracia y en defensa de la Constitución y el voto popular, pretende ser quien rige el sistema de justicia. La fiscal general Consuelo Porras, que se ha negado a investigar los numerosos casos de corrupción ampliamente denunciados, asegura ser “fiel cumplidora de la ley”… pero la retuerce a su sabor y antojo.
Tengo 50 años de ejercer el periodismo. He dirigido importantes medios de prensa y he visto muchísimos tipos de atropellos del poder público. Lo peor siempre ha sido el asesinato por grupos paramilitares u oficiales, pero este MP intenta asesinar ideas e ideales que es tan grave como aquello.
Se debe apoyar todo esfuerzo del nuevo gobernante, Bernardo Arévalo, por poner fin al oscurantismo que impulsan Porras y compañía. La democracia debe florecer y solamente lo logrará cuando se arranquen de raíz este tipo de actitudes ilegales, abusivas e intolerantes.
Por último, no se debe pasar por alto que Porras, Curruchiche, Monterroso, Orellana y Bremer, ¡los cinco! son calificados por el departamento de Justicia de Estados Unidos como personas «corruptas y antidemocráticas».
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