Fiscales y supuestas víctimas, la defensa y el juez, son las partes principales que participan en un proceso judicial, en el que también toman parte testigos –de la defensa y los acusadores– peritos expertos en distintas materias, y se debe conocer y discutir en torno a las pruebas que se presentan a favor y en contra.
Imaginemos un juicio en el que se le niega a un acusado presentar sus pruebas de descargo; se le impide que lleve testigos que su abogado defensor considera claves para demostrar su inocencia y, en cambio, se aceptan las pruebas y testigos del Ministerio Público y los querellantes adhesivos. ¿Qué posibilidades tiene un acusado de probar así su inocencia? ¿No se le está condenado anticipadamente?
¿Qué clase de juez podría rechazar las pruebas vitales del acusado en la etapa previa para ir a juicio? Con ello, ese juez asegura que el acusado llegue en total indefensión y que su abogado defensor se encuentre en absoluta desventaja, sobre todo cuando se trata de un caso en el que es el sistema político el que intenta castigar a quien se opone a la corrupción y denuncia también la impunidad imperante en el propio sistema de justicia.
El camino correcto, el camino que garantiza la presunción de inocencia, el debido proceso y el estado de Derecho, es que se le concedan al acusado disponer de las herramientas necesarias para demostrar que las acusaciones en su contra son vanas, inexistentes o rebuscadas para castigarle.
Pues ese es el caso del oscuro juez Fredy Orellana, quien ha mostrado una saña especial en contra del periodista José Rubén Zamora, a quien ordenó capturar y luego le ha negado toda posibilidad de defensa, desde el momento mismo en que dio su primera declaración, en la cual intimidó a los abogados de Zamora para que se quedara en la misma audiencia sin la defensa necesaria.
Este oscuro juez, de toda la confianza del MP, de la Fundación contra el terrorismo, y de quienes se oponen a que en el país haya una lucha contra la corrupción y la impunidad, ha demostrado tener pocas de las cualidades que debe tener un buen juzgador. Ni siquiera se toma la molestia de escuchar cortésmente cuando habla el abogado defensor.
Cuando este habla, sus ojos recorren toda la sala de audiencias, mientras que cuando habla la fiscal auxiliar o el abogado de Fundaterror, entonces se le mira tomar notas y seguir con atención los argumentos que presentan, seguramente porque más adelante serán los que tiene que incluir en sus resoluciones.
Si sus amigos –fiscales o abogados querellantes– dicen alguna frase disparatada, se toma la molestia de llamar la atención a alguien del público –a mí, específicamente– por esbozar una leve sonrisa, que nadie más que él pudo ver. Es decir, que se muestra parcial y luego sus resoluciones siguen la misma línea. Todo para el MP y los querellantes adhesivos, nada para la defensa.
Y si le demuestran con argumentos legales que el MP está presentado pruebas que fueron obtenidas de manera ilegal y que además violan la legislación guatemalteca –escuchas telefónicas no aprobadas por ningún juez–– sale con la disparatada explicación a manera de huizache de que son legales porque en España, que es una democracia, son legales. ¿Qué, qué…? No se necesita ser abogado para ver la inconsistencia de una resolución de esta naturaleza.
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Así estuvo marcado todo el proceso contra Zamora hasta ahora. Es evidente que el juez obedece órdenes. Es evidente que no se trata de un juzgador independiente y que responde a sus amigos del MP y Fundaterror. Un juez que es amigo de abogados de uno de los querellantes, por ética, debía de excusarse de conocer. Pero aquí lo que se trata es de concretar un linchamiento jurídico, no de impartir justicia y por eso nada mejor que un cuate obediente.
Me dicen que el juez es preparado – no lo puedo negar ni afirmar– que es capaz –no lo noté–. Pero nadie me dice que sea un juez correcto, un juez independiente o un juzgador que basa sus decisiones en lo que establece el Código Pernal y la Constitución de la República.
¿Por qué no aceptar las pruebas y testigos propuestos por Zamora y que el juez que llevará el caso las evalúe cuando se presenten? Si lo que se busca es justicia, hay que tomar en cuenta los argumentos de unos y otros, ponerlos en la balanza de la ley y decidir imparcialmente. Recordemos que Sócrates lo dijo unos 400 años de la venida de Cristo. Es decir, que la imparcialidad es una piedra angular para impartir justicia… y que eso no es nada nuevo o novedoso. Es el deber ser de todo juez que se precie de serlo.
¿Cómo pruebo mi inocencia si no me dejan hablar? ¿Cómo pruebo mi inocencia si no se me deja presentar pruebas de descargo? ¿Cómo pruebo mi inocencia ante un juez que es amigo de la otra parte? ¿Cómo pruebo mi inocencia cuando se trata de un proceso en el que las resoluciones están previamente decididas?
Quiero añadir que algo parecido ha pasado con los casos de las exfiscales Virginia Laparra y Samari Gómez –esta última, víctima también del mismo juez Orellana–. Los argumentos no cuentan, se limita el derecho de defensa y se condena anticipadamente.
No por algo organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la barra de abogados de Nueva York, el departamento de Estado de EEUU y otros organismos que defienden la independencia de los operadores de justicia, han denunciado públicamente lo que está sucediendo en Guatemala.
No estamos locos los que decimos que aquí se está retorciendo la justicia. Pero ¡ojo!, hoy son estos casos paradigmáticos y de gran cobertura mediática, pero mañana puede ser el caso de cualquier guatemalteco, y se vea ante un juez como Orellana en cualquier proceso… ¡Es patético y repudiable!