Guatemala intenta presentar una “doble cara” ante la OEA y el secretario general, Luis Almagro, deberá enfrentar un gran reto en su nueva visita al país centroamericano, sumido en una crisis política profunda.
Gonzalo Marroquín Godoy
La Carta Democrática Interamericana nació con la llegada del siglo XXI, con el fin de promover y defender la democracia en el hemisferio. Fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 –en pocos días cumple 22 años– a propuesta de los presidentes y primeros ministros de los estados miembros de la OEA; desde entonces sus principios se mencionan cada vez que surgen acciones que tienden a debilitar este sistema político de gobernanza.
Varios de los principios de ese documento se han violado a lo largo del proceso electoral en Guatemala y ahora mismo se pisotean mientras se inicia un proceso de transición para llegar al cambio de Gobierno en enero próximo, aunque el propio presidente Alejandro Giammattei asegura que se prepara el cambio de mando de manera “ejemplar”, al mismo tiempo que promueve una desmedida persecución judicial en contra del partido ganador de las elecciones el 20 de agosto y del propio presidente electo, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
Entre los siete valores que destacan en la Carta Democrática, hay algunos que claramente se vienen vulnerando en Guatemala de algún tiempo atrás, principalmente el de la separación e independencia de los poderes públicos. El extremo ha sido la forma en que se borró de forma evidente y absoluta la independencia del poder Judicial y todas las instituciones de sector justicia, por lo que ha desaparecido la esencia del estado de derecho y se ha vulnerado la democracia misma.
En octubre se cumplirán cuatro años sin que se haya elegido la Corte Suprema de Justicia como lo manda la Constitución. Algunos consideran que solo esto sería suficiente para invocar la Carta Democrática, pero el caso ahora mismo no es este, sino el del proceso electoral y el respeto de la voluntad popular.
La misión de observación de la OEA a las elecciones, encabezada por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, ha señalado claramente que el triunfo de Arévalo “representa la voluntad popular”, pero destaca que la persecución judicial contra los líderes del partido y del propio proceso electoral, “con abuso de argumentos legales”, pone en riesgo la democracia.
El Congreso, de tinte oficialista, ha intervenido en esta batalla contra el partido Semilla y le ha desconocido como partido político en el Legislativo, a solicitud de la fiscalía, por orden de un juez señado por Estados Unidos de ser “corrupto y antidemocrático”.
A pesar de que es del conocimiento público y de la comunidad internacional la interrelación del Ejecutivo por encima de todas las instancias de justicia, el presidente Giammattei ha querido distanciarse de ese acoso judicial contra Arévalo y Semilla, pero las evidencias y la historia muy reciente muestran lo contrario.
El pasado viernes el Consejo Permanente de la OEA se reunió –por segunda vez en poco más de un mes– para tratar el tema de Guatemala y en su declaración expresa preocupación por la democracia. Para la OEA es de nuevo un reto, tomando en cuenta que, en el pasado, poco efecto han tenido sus intervenciones.
Nicaragua, al verse criticada por el organismo hemisférico expulsó al representante permanente y no se puede decir que existen relaciones entre el país y la OEA en este momento. En Honduras se invocó la Carta Democrática cuando se produce el golpe de estado contra Manuel Zelaya y el país fue expulsado y reincorporado hasta que la democracia volvió.
El caso de Guatemala es diferente. No hay rompimiento del orden constitucional ni se consumó fraude –aunque sí estuvo plagado de irregularidades el proceso–, pero ahora mismo las autoridades judiciales tratan por todas las formas a su alcance de debilitar al futuro gobernante y a su partido, que deberá enfrentar, por lo tanto, la oposición de los poderes Legislativo y Judicial, pues ambos seguirán bajo el control de un sistema que hoy por hoy representa Giammattei, pero que es algo que va más allá de la persona, pues es una estructura diseñada para mantener corrupción e impunidad.
Una de las tareas de la OEA debe ser defender la democracia. Otro de sus objetivos debe ser también el de mostrar a los ciudadanos de América que es eficiente en esa defensa. Almagro llegará el lunes y debe tener cuidado de no ser utilizado para mantener la mascarada que intentan realizar el presidente Giammattei y sus aliados.
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