La alianza oficialista, incómoda con las protestas, incluye en su estrategia mover fuerzas de choque, lo que puede provocar una escalada de la crisis y dañar la democracia.
Gonzalo Marroquín Godoy
El populismo, la ambición de poder y la falta de una visión positiva de Nación, hacen que los gobernantes pierdan la dimensión de sus acciones y arrastran a los países a situaciones de confrontación, como se puede comprobar con ejemplos de otros países.
En Venezuela, Chávez primero y Maduro después, han utilizado a las llamadas fuerzas de choque, para confrontar a la ciudadanía opositora al régimen represivo, que ha sido incapaz de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la población.
En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump movilizó la fuerza de sus fanáticos seguidores para chocar con los ciudadanos demócratas, hasta llegar al irracional asalto al capitolio que costó la vida de al menos cinco personas. Daniel Ortega en Nicaragua ha utilizado también su fuerza de choque para reprimir las manifestaciones de manera violenta, con saldo de cientos de muertos.
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Hay otros ejemplos, pero nunca hay consecuencias positivas al utilizar la violencia como forma de reprimir las manifestaciones o protestas. De hecho, lo que se logra es prender más fuego a las acciones opositoras, pero también –y esto es grave–, se divide a la sociedad.
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Eso es lo que ahora intenta hacer la alianza oficialista, a la que se ha unido para esto, nada menos que la municipalidad capitalina, bajo el mando del alcalde Ricardo Quiñónez. La comuna tiene gran influencia en todos los mercados de la capital, especialmente en La Terminal. Por eso, han provocado un virtual alzamiento, de los vendedores, contra los movimientos de protesta contra el presidente Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras.
Se entiende una postura de reclamo por el daño que les pueden causar los bloqueos de carretera, pero no se debe aceptar que agarren palos y machetes y sean enviados a enfrentar los manifestantes, como estuvo a punto de ocurrir el jueves en la calle Martí.
Guatemala tiene una sociedad muy dividida desde los años 50, cuando se dieron diferentes movimientos sociales con corte ideológico. A quienes apoyaron los gobiernos de la Revolución se les tildó de izquierdistas y a los que lo hicieron a favor de la Liberación se les dijo derechistas.
Esto se ha prolongado en el tiempo, con diferentes matices y en distintas épocas. Durante un tiempo pareció bajar la confrontación ideológica tras la firma de la paz. Luego, durante el gobierno de Jimmy Morales, con el tema de la CICIG, se desempolvaron las etiquetas.
A pesar de que la lucha contra la corrupción no tiene ideología, se puso a los pro-CICIG del lado izquierdo y a los anti-CICIG del lado derecho, aunque no lo fueran necesariamente. Los presidentes, que debieran ser promotores de la unidad nacional, se convierten en motores de confrontación y destruyen las instituciones. Mucho me temo, que eso estamos viendo en nuestra querida Guatemala.
Esa división de nuestra sociedad por razones políticas se observa incluso dentro de las familias. Lo malo, es que se fomenta que la división sea radical. Hay quienes aceptan cualquier abuso –incluyendo corrupción e impunidad– de parte de la alianza oficialista, simplemente porque representa el pensamiento –anti-CICIG–, cuando en realidad actúa en contra de los intereses nacionales y los principios democráticos.
No faltará quien quiera ponernos a pelear a indígenas y ladinos, a pobres y ricos. Eso, mucho me temo, no hace mas que alejar la posibilidad de que el país encuentre la senda del respeto y el desarrollo. En vez de eso, nos mantendremos de pleito en pleito. De batalla en batalla, de guerra en guerra.
Mal hace el alcalde Quiñónez en su sumarse de esta manera a la alianza oficialista. Es público que las etiquetas que marcan a este grupo en el poder son corrupción, impunidad, e incapacidad… y con esto de ponernos a pelear más, se puede agregar MALA FE y poco amor a la Patria.