Una forma de lograr la impunidad es hacer que las investigaciones no avancen o se lleven a cabo lentamente. Este es un caso que pareciera se quiere tapar a toda costa.«.
Gonzalo Marroquín Godoy
La noche de Halloween –hace cuatro semanas– Carlos Calderón Gálvez, jefe de bancada del partido oficial, se fue de juerga para celebrar la festividad cual colegial irresponsable. Aquella parranda terminó en tragedia, al menos para la joven Maryori Noemí Yumán (21 años), quien murió de manera misteriosa, sin que hasta el momento el parlamentario haya dado detalles de lo sucedido y las autoridades competentes se adentren siquiera en la investigación.
La nota periodística dice que Maryori Noemí fue encontrada muerta fuera de un edificio en la zona 15. Esa versión, sin corroborarse hasta el momento, dice que cayó del quinto piso, desde un balcón del apartamento del parlamentario, a donde un alegre grupo había prolongado aquella fiesta después de estar en una discoteca.
Desde el mismo momento en que ocurrió la tragedia, todo empieza a ser nebuloso y la información es intencionalmente escondida. Lo peor, lo que debiera ser un escándalo político, transcurre como una noticia de segunda importancia. En cualquier otro país, esto hubiera causado un revuelo inmenso.
Aquí parece como que si la vida de la joven no valiera nada y como que ser diputado o político es sinónimo de impunidad y que nada de lo que haga tendrá repercusiones.
Primero se encubre el nombre del diputado. Tuvieron que pasar cuatro días para que el involucrado saliera a defenderse cuando su nombre se repite en las redes sociales y eso le molesta. Por medio de un comunicado en su perfil de Facebook indica que está colaborando voluntaria y directamente con el MP, aunque gozo del derecho de antejuicio. Lo curioso es que, después de casi un mes, el MP no ha solicitado su antejuicio para poder investigar abierta y libremente lo que ocurrió aquella noche de brujas.
¿Qué pudo suceder en aquel apartamento en Halloween? La única versión que ha circulado es que la joven pidió ir a descansar y entró en una habitación. Después, su cuerpo apareció en el asfalto cinco pisos abajo. No hay que ser investigador o todo un Sherlock Holmes para saber que las hipótesis que se pueden tener son: a) La joven se lanzó al vacío (suicidio); b) Cayó accidentalmente; o c) Fue lanzada o empujada por alguien, ya sea con vida o sin vida.
Eso tiene que investigar el MP, pero el Inacif tiene también tareas pendientes, pues debiera establecer si la causa de la muerte fue la caída –si no, aclarar que murió antes–; si tenía señales de haber sido agredida; y si su cuerpo tenía rastros de haber ingerido licor o drogas. Todo eso, ayudaría a saber lo que pudo ocurrir.
El Inacif se ha excusado en que no dispone de todo lo necesario para aclarar las dudas y lleva cuatro semanas sin responder las interrogantes. El MP, como suele hacerlo, se escuda en que las investigaciones están bajo reserva y no ha actuado en contra del diputado quien, por ser el dueño o inquilino del departamento, debe responder por lo sucedido.
Me imagino lo que ocurriría si algo así le hubiera pasado a algún diputado de oposición. El MP ya se hubiera lanzado ferozmente en su persecución –como lo hace contra Aldo Dávila por casos menos trascendentes, por ejemplo– y el Inacif daría aportes inmediatos para lograr la eventual acusación.
No está de más recordar que el MP y el Inacif responden al oficialismo y no actúan con independencia, lo que en este caso podría tomarse como indicio de una conspiración de encubrimiento. En el caso del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, hay que tener presente que la mayoría de los integrantes de su Consejo Directivo –órgano superior– son personas directamente vinculadas a instituciones controladas por el oficialismo.
Piensa mal y acertarás puede ser un refrán pesimista o demasiado simplista. Sin embargo, los periodistas siempre debemos tener entre nuestras hipótesis lo que pensamos que es malo o peor. Los hechos son los que tienen que desvanecer las dudas.
Por otra parte, cuando hay un hombre público implicado en algo –en este caso un diputado prominente del partido oficial–, es imperativo que el personaje dé la cara, responda todas las dudas y disipe cualquier sospecha que pueda existir… si es inocente o está libre de culpa, por supuesto.
Este diputado, del que solamente se sabe que se aprovecha del cargo para ganar dinero con los migrantes guatemaltecos por trámites que hace una empresa vinculada a él, tiene la obligación ética de decir todo lo que pasó. El caso, debe tomar connotación de escándalo, hasta que se aclare.
Preguntas que flotan en el ambiente: ¿Si no era conocida suya, que hacía en el departamento la joven? ¿Quiénes más estaban presentes? ¿Por qué no dio declaraciones inmediatamente el diputado? ¿Qué impide que el MP pida que se levante el antejuicio a Calderón Gálvez? ¿Por qué la Junta Directiva del Congreso guarda silencio, lo mismo que el partido? ¿Por qué el Inacif es tan ineficiente en esta ocasión?
Si este caso no se investiga correctamente, estaremos viendo que el manto de impunidad alcanza más allá de la corrupción. Pareciera que el oficialismo es experto en aplacar escándalos y la sociedad en ignorarlos.