¿Se puede confiar en jueces falsificadores, que alcanzaron y permanecen en el cargo de magistrados por medio del engaño y gracias a la impunidad protectora del sistema?
Gonzalo Marroquín Godoy
Mientras el mundo vive momentos complicados y de mucha tensión por la crisis militar en ciernes en Ucrania –la cual involucra a EEUU, Rusia y Europa–, además de la pandemia, en nuestro país avanzan acontecimientos políticos y sociales que constituyen peligros adicionales en medio de una crisis institucional permanente, la cual nos afecta de manera directa, sin visos de solución por el momento.
Se trata de acontecimientos trascendentales para la democracia guatemalteca: las elecciones de fiscal general, contralor de cuentas de la Nación y Procurador de los Derechos Humanos (PDH); así como el inicio de la actividad política de cara a las elecciones generales de 2023.
Como en una carrera, las autoridades del TSE dijeron, en otras palabras, en sus marcas, listos… y anunciaron que el momento de hacer el disparo y decir ¡fuera!, se hará dentro de un año –20 de enero–, para que los guatemaltecos vayamos a las urnas el 25 de junio y una eventual segunda vuelta se realice el 20 de agosto.
Esta noticia no tan relevante, más allá de establecer claramente el cronograma de la campaña electoral, aunque nos anticipa que veremos el surgir de muchos nombres y aspirantes a la presidencia a lo largo del presente año, especialmente en el segundo semestre.
Sin embargo, hoy quiero referirme específicamente a la calidad ética del TSE, ese órgano que ha perdido tanto prestigio y tiene la vital obligación de garantizar la legalidad e imparcialidad durante toda la competencia. Es el TSE el gran juez, pero no desde que se da ese disparo de salida, sino que a partir de este momento.
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Lo primero que hay que destacar es que la competencia se hará –seguramente– con una legislación mamarracho, porque nadie está haciendo el esfuerzo por mejorarla por medio de una reforma y, en la medida que el tiempo transcurre es casi imposible que veamos que eso avance en el Congreso y, aún avanzando, no se puede esperar una mejora sustancial.
Pero hay un caso indignante y paradigmático al que quiero referirme es el de los dos magistrados falsificadores. ¡Sí, falsificadores! Son nada menos que el actual presidente de ese organismo, Ranulfo Rojas Cetina y el magistrado suplente Marco Antonio Cornejo, dos abogados que tuvieron el descaro de falsificar documentos de la Universidad da Vinci, como que si hubieran alcanzado sus títulos de maestría y doctorado.
¿Cómo creer que dos vulgares falsificadores actuarán correctamente cuando tengan que emitir resoluciones o fallos? ¡Imposible!
Para recordar el caso, basta decir que la propia Universidad confirmó que el exdecano de la facultad de Derecho, Juan Carlos Rodil Quintana, facilitó a ambos candidatos al TSE los referidos títulos –totalmente falsos, por supuesto–, para que mejoraran su puntuación en la comisión de postulación. Así llegaron sus nombres al Congreso, en donde todo estaba cocinado para su elección.
La Universidad da Vinci merece un reconocimiento, porque después de una investigación que se hizo pública, aportó las pruebas ante el MP, en donde ¡por supuesto! duermen en el sueño de los inocentes, porque los magistrados, como muchos otros personajes vinculados a la alianza oficialista, gozan de la protección de la tapadera, la fiscal general Consuelo Porras.
La falsificación de documentos legales es penada por la ley, pero además de la penalización, en el caso de un funcionario público –o aspirante a serlo–, es un auténtico escándalo.
La pregunta es: ¿Puede un falsificador garantizar el cumplimento de la Ley? La Ley Electoral y de Partidos Políticos –ese mamarracho diseñado para asegurar que el sistema político siga el rumbo que ha mantenido– le concede amplios poderes al TSE –lo que no es objetable–, pero lo malo del caso es que quienes se convierten en jueces son personas sin la calidad ética para ejercer el cargo.
En una democracia medianamente decente, sería imposible que un falsificador que fue agarrado con las manos en la masa pudiera mantenerse en el cargo. Primero, porque la justicia haría valer el peso de la ley y segundo, porque la presión social sería muy fuerte.
Aquí en cambio, el MP voltea a ver para otro lado –y aún con esta evidencia dice en su publicidad que hace valer la ley y que nadie está por encima de ella–. ¡Babosadas! Hay encubrimiento, obstrucción a la justicia y descaro. Entonces, no esperemos cosas buenas de un árbol que está podrido en su raíz. ¡Ah!, y la presión social tampoco se ha sentido.