- Este martes la Corte de Constitucionalidad conocerá dos amparos sobre el cambio de fiscal general… ¿Harán valer su peso los magistrados del bloque pro-sistema de impunidad?
Redacción Crónica
Este martes 12 de mayo de 2026, la Corte de Constitucionalidad (CC) se convierte en el árbitro final de una era que ha marcado a Guatemala por ocho años. En una sesión que se prevé tensa, el pleno de magistrados conocerá dos amparos que determinarán si el próximo domingo 17 de mayo se concreta el fin de la gestión de Consuelo Porras, o si el país entra en una crisis institucional sin precedentes.
Los dos frentes en la CC
La agenda de hoy pone sobre la mesa dos visiones opuestas del futuro inmediato:
- El asalto técnico (Expediente 3150-2026): Presentado por Ricardo Méndez Ruiz y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Busca anular la nómina de la que salió electo el Gabriel Estuardo García Luna. Alegan que algunos perfiles no cumplían con requisitos de idoneidad, una estrategia que ya logró retrasar el proceso en abril pasado.
- La protección del relevo (Expediente 3667-2026): Presentado por diputados del oficialismo y la bancada VOS (incluyendo a Samuel Pérez y el diputado Chic). Este recurso busca que la CC garantice la salida de Porras y proteja los archivos y bienes del MP, evitando que la actual administración «limpie» información sensible antes del traspaso.
La aritmética del poder: La votación 3-2
El país observa con lupa la peligrosa tendencia de 3 votos contra 2 que ha dominado las decisiones recientes de la Corte. El bloque conformado por los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera ha sido, en la práctica, el muro de contención que se muestra a favor de la continuidad del sistema de colusión entre cortes y el MP en el pasado. Si este bloque otorga un amparo provisional a la FCT hoy, la toma de posesión del domingo quedaría suspendida, sumiendo al Estado en un limbo legal.
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Arévalo: «No habrá paso atrás»
Ayer, en una declaración cargada de simbolismo, el presidente Bernardo Arévalo fue contundente. Tras ocho años de lo que llamó «oscurantismo y persecución», aseguró que su brújula ética es clara y que no permitirá que presiones externas descarrilen la voluntad del pueblo. «No hay ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras en una posición en la que ya ha demostrado ser peligrosa para la nación», sentenció el mandatario, elevando el costo político para cualquier magistrado que intente bloquear el cambio.
El balance de una era: La funcionaria más sancionada
Consuelo Porras llega a sus últimos días (o estertores, como se dice en los pasillos de justicia) con un récord sombrío: es la funcionaria guatemalteca más sancionada en la historia.
- Sanciones de más de 40 países: Incluyendo la prohibición de entrada a EE. UU., la Unión Europea, Canadá y gran parte de Latinoamérica.
- El legado: Ocho años caracterizados por la desarticulación de las fiscalías anticorrupción, la criminalización y el exilio de decenas de jueces y fiscales, y la utilización del MP como un garrote contra opositores políticos y la libertad de prensa.
Conclusión: ¿Fin o prórroga?
Lo que la CC decida hoy no es solo una resolución jurídica; es la definición de quién manda en Guatemala: la Constitución y sus plazos, o las redes de influencia que han capturado el sistema de justicia. El domingo 17 de mayo debería ser el día uno de una nueva etapa, pero hoy, en la octava avenida de la zona 1, se decide si esa puerta se abre o si el cerrojo se aprieta un poco más.