El Senado de EE.UU. declara constitucional el ‘impeachment’ contra Trump con el apoyo de seis republicanos

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes seguir adelante con el juicio político contra el expresidente Donald Trump, tumbando así el recurso de inconstitucionalidad presentado por sus abogados para evitar que el magnate respondiese ante las acusaciones de «incitación a la rebelión» por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

La votación, que contó además de con los 50 votos favorables de los demócratas con otros seis republicanos, se llevó a cabo después de que se emitiera en el pleno del Senado un video de unos 20 minutos en los que se intercalaban imágenes de la turba asaltando el Capitolio con las soflamas previas de Trump en un mitin celebrado a las puertas de la Casa Blanca ese mismo día.

La cinta emitida muestra como el expresidente Trump anima a sus partidarios a acudir al Capitolio «detener el robo» y a decirles a los congresistas que estaban llevando a cabo el recuento de los voto electorales que certificaban la victoria de Joe Biden en las presidenciales que «nunca recuperarán el país con debilidad».

Las imágenes de Trump declarando su amor a sus incondicionales mientras estos atacaban la sede del Poder Legislativo en Washington han sido parte del montaje audiovisual que los senadores han podido ver antes de la votación y de las alegaciones de los abogados del expresidente, que se han alargo durante una hora.

La defensa

Uno de los abogados de la defensa, Bruce Castor, apeló a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para justificar las palabras expresadas por Trump tanto el 6 de enero como los días previos, en los que se encargó de alimentar las teorías infundadas sobre fraude electoral.

Si bien Castor, cuenta la NBC, condenó las acciones de la turba, defendió que Trump no debía ser considerado responsable de las acciones de sus partidarios, puesto que su derecho a la libertad de expresión está registrado en las leyes estadounidenses.

Su otro abogado, David Schoen, ha insistido en que se trata de un proceso inconstitucional en el que se evidencia, dijo, las «claras» intenciones del Partido Demócrata por evitar que su cliente pueda presentarse nuevamente a las próximas presidenciales de 2024.

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