El secretario interino de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kevin McAleenan, viaja este miércoles a El Salvador, donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele, y otros líderes locales «para discutir los esfuerzos para colaborar en seguridad regional», informó el gobierno estadounidense.
McAleenan, que estará hasta el viernes en San Salvador, sostendrá encuentros con los ministros de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, y de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, así como con el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y dirigentes empresariales salvadoreños.
El jueves tiene previsto hacer un recorrido por un centro de recepción de migrantes para reunirse luego con grupos de derechos humanos que trabajan en el país, dijo el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en un comunicado.
Estados Unidos busca frenar la migración irregular que llega a su frontera sur, un flujo que registró un pico de 13 años en mayo y se compone principalmente de familias provenientes de Centroamérica.
McAleenan dijo a principios de agosto que Estados Unidos impulsará negociaciones para alcanzar acuerdos migratorios con El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá, en línea con el sellado el 26 de julio con Guatemala, que aún no está siendo implementado.
«Vemos esto como una responsabilidad regional», dijo McAleenan, en una visita a Ciudad de Guatemala para dar seguimiento al convenio bilateral.
Según la Casa Blanca, el acuerdo convierte a Guatemala en «tercer país seguro», con lo cual los migrantes que aspiren a pedir asilo en Estados Unidos y pasen antes por el país centroamericano deberán hacer allí su solicitud.
McAleenan se reunió el lunes en Washington con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para discutir cómo mejorar la seguridad fronteriza y reducir la migración irregular que llega a Estados Unidos.
Consultado por AFP, el embajador de Honduras en Estados Unidos, Rafael Sierra, negó que se contemple convertir a Honduras en un «tercer país seguro».
Washington ya alcanzó un acuerdo migratorio con México el 7 de junio, aún sujeto a evaluación a los 90 días, según el cual México se comprometió a tomar «medidas sin precedentes» para detener a los migrantes, en particular en su frontera con Guatemala.