Conforme pasan los días, y a pesar de las declaraciones de intenciones y nombramientos anunciados por Donald Trump, la incertidumbre sigue siendo la regla. Para algunos es la entronización de una agenda ultraderechista, influenciada por el Tea Party —vista por la derecha criolla como la venida del Mesías— y para otros se irá moderando en el camino, siguiendo el rumbo del stablishment republicano. Las medidas migratorias (Crónica 18/12/16:14) indican que, con cambios de forma, impulsará los temas centrales de su oferta electoral sin perjuicio de que, con absoluto desparpajo, se desentienda de algún tema o cambie radicalmente su opinión, como ya lo hizo durante la campaña electoral.
La deportación por violaciones legales (Fernando Castro, experto migratorio, aclara en su chat que puede ser por manejar bajo influencia de alcohol o con licencia vencida, pequeños robos en tiendas, violencia doméstica, incluso observada por un tercero, entre otros); el bloqueo de fondos a ciudades santuario, que obligará a muchas ciudades y estados receptores a endurecer las medidas de control y exclusión del trabajo y de servicios sociales; la política de captura y deportación; y cancelar las disposiciones promigrantes adoptadas por Obama; tendrán un terrible efecto sobre los migrantes guatemaltecos y, consecuentemente, sobre el envío de remesas, lo que afectará la balanza de pagos y, con ello, nuestra preciada estabilidad macroeconómica.
Los países que reciban a los deportados, según otra de las medidas, tendrán que absorber el costo de las deportaciones. Pero, en términos sociales y económicos, si las deportaciones se duplican o triplican con relación al promedio de 30,000 anuales desde Estados Unidos, el costo será mucho mayor. El retorno anual de 100,000 personas o más, que ya conocieron, aunque sea desde la marginalidad, el sueño americano, y el cierre de la válvula de escape, provocará una enorme presión sobre un mercado de trabajo que es incapaz de generar más de 50,000 nuevos empleos, medianamente decentes, cada año.
Aún si esas ominosas perspectivas no se llegan a concretar, llegó la hora de que el Estado guatemalteco ponga sus barbas en remojo y nos decidamos a poner al país en una senda de desarrollo humano que permita a los guatemaltecos vivir dignamente en su tierra. Como ha sucedido en otros países, la corriente migratoria solamente se detiene en la medida que una sociedad ofrece oportunidades reales de bienestar. Para ello necesitamos un Estado eficiente, manejado con honestidad y austeridad, y reducir la desigualdad. Es imprescindible sanear el gasto público a la par que aumentar los ingresos fiscales de una forma progresiva, incrementar la inversión pública para estimular la economía, fortalecer el mercado interno e incluso ofrecer programas de empleo temporal.
Otra zona de alta presión que vendrá desde el norte es el tema comercial. La renegociación del tratado de libre comercio con México puede comenzar por el capítulo laboral, que como dijo alguna vez uno de los negociadores de ese país, no sirvió ni para un carajo, pues no incluye el tema sensible de libertad sindical. Presionar para que mejoren las condiciones de trabajo en México será una forma de evitar el llamado dumping social, elevando los costos de las empresas que maquilan toda clase de productos para el mercado estadounidense, forzándolas a cruzar el Río Grande en dirección contraria. Algunos con quienes he conversado coinciden en una situación de debilidad del gobierno mexicano y que Estados Unidos tiene muchas clavijas para apretarlo. Después vendrá el DR-CAFTA, poniéndole más dientes al capítulo laboral. Probablemente se repetirá la escena de 2001, cuando la embajadora Prudence Bushnell, olvidando su nombre, llegó al Congreso para decirle a Ríos Montt que las reformas al Código de Trabajo debían ser aprobadas de inmediato. De parte de quienes en toda crisis ven una oportunidad —oportunidad de sacar raja y de aumentar el tamaño del azadón— ya resurgió la idea de volver a los tristemente célebres salarios mínimos diferenciados de Pérez Molina y Maldonado Aguirre, argumentando que con salarios de hambre puede reducirse la migración y atraer muchas empresas para exportar a Estados Unidos. Cuando precisamente los bajos salarios y las precarias condiciones de trabajo son vistos como la principal causa de la pérdida de empleos en Estados Unidos y el motivo principal para migrar.