Queda poco más de un mes para la discusión del proyecto de presupuesto del próximo año. Algunas bancadas han externado sus serios cuestionamientos a la incorporación de oenegés controvertibles e incluso casi-inexistentes en el listado de posibles receptoras de fondos estatales. También se cuestiona el aumento del déficit, la constante de esperar que esa asimetría sea resuelta por la vía de bonos y préstamos de entidades multilaterales; así como las asignaciones a instituciones cuestionadas.
Dos aspectos llaman mi interés en particular: el mantenimiento de los altos costos de funcionamiento y el uso permanente de la frase pago para deudas de arrastre. Dos constantes, casi muletillas que sirven como fáciles justificaciones y crueles imaginarios.
El costo del aparato institucional contrasta con la inoperancia, deficiencias y terrible diferencia en relación con los servicios prestados en favor de una ciudadanía que sigue aguardando a que esa administración genere valor agregado. Una muestra de distorsión ha sido la tendencia a que exista una estructura dual; por un lado opera la organización formal, la que sirve solo para fines de los famosos y repetitivos PEI (planes estratégicos institucionales) y los POA (planes operativos anuales); pero las labores sustantivas son ejecutadas por el andamiaje paralelo, los asesores, los contratos 029. En ocasiones, funciona una tercera línea de acción, los técnicos y personal comprometido, o al menos consciente de sus obligaciones como recurso humano prestador de servicios públicos. Estos últimos son quizás la mayoría; pero lamentablemente condicionados a las decisiones de sus jefes, los que saben poco o nada, pero responsables de marcar las pautas de acción.
El otro factor también es engañoso. Eso de pagar deuda de arrastre puede prestarse a esconder pagos no justificados, obras fantasmas o a medio construir, proyectos defectuosos que no solucionan problemas concretos, contratos anómalos. Para que esto no suceda, los mecanismos de control de cada institución y la misma Contraloría General de Cuentas deberían ser los garantes; pero bien sabemos que eso no es así. Las instituciones siguen llenas de estructuras que respondan a varios intereses, menos para los colectivos, en muchos de los casos. La Contraloría aún no da el do de pecho.
A las anteriores tendencias se suman otros factores preocupantes que continúan manifestándose en los proyectos de presupuesto. La asignación de fondos para instituciones inoperantes, algunas que podrían salir a flote si se les da vuelta por completo, mientras otras no hay forma de salvataje y más convendría desaparecerlas. Recientemente la PDH sacó a luz los resultados de una supervisión a la Comisión Nacional contra la Tortura, la cual por ningún lado se justifica. Otro caso es el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), que antes de declararla totalmente inoperante debería ser sometida a profunda evaluación. La llamada institucionalidad agraria también ha sido receptora de enormes recursos, para limitados resultados. Allí incluyo al Registro de Información Catastral (RIC), el Fondo de Tierras, la Secretaría de Asuntos Agrarios. Podemos incluir a la Secretaría de la Paz y el resto de dependencias adscritas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. La lista es interminable. Hacer un diagnóstico previo a la aprobación de recursos para el 2017 sería lo ideal, pero operativamente es imposible. Una opción es no aprobar más recursos a las instituciones cuestionadas que han salido a relucir en los casos de corrupción develados desde el año pasado. Tampoco deberían aprobarse más recursos para funcionamiento, con excepción de los Ministerios de Salud, Educación y Gobernación, siempre que sean para puestos claves y no funciones ociosas. Igualmente, no debe aumentarse los recursos para el Ministerio de la Defensa ni para instituciones complementarias como el Instituto de Previsión Militar. El listado de subsidios también merece atención, como las asignaciones para el desastroso transporte público.
El presupuesto estatal debe comenzar a girar hacia lo que debería ser: el mecanismo esencial de política pública para la asignación de recursos prioritarios, y no ser más la enorme caja llena de opacidades utilizada por sinnúmero de intereses particulares y lesivos a los intereses de los que siguen esperando con cierto hálito de esperanza a que sus demandas sean resueltas.