Renzo Lautaro Rosal
A pesar de que afortunadamente ha aumentado el interés en conocer a quienes se designan como funcionarios de las primeras dos líneas de la administración pública, aún no logramos poner suficiente luz sobre otros niveles, las designaciones en instituciones aparentemente pequeñas y, menos aún, sobre los designados a nivel territorial –directores departamentales de Educación, jefes de Áreas de Salud, delegados de los otros ministerios y secretarías, especialmente–. Es positivo, en tal sentido, la atención que se ha puesto en la designación de los primeros gobernadores de la era Morales y compañía. Digo los iniciales, porque seguramente en cada departamento habrá alta rotación por los intereses que están en juego.
De ser un puesto cuasisimbólico, adorno, una representación que solo confería nombre, la designación de los gobernadores ha pasado al otro lado del péndulo. Se ha erigido en operador múltiple. Actúa como representante del gobernante y, desde ese plano, es una especie de jefe de los delegados del Ejecutivo en sus respectivos territorios. Esa autoridad, sumada al nombramiento de funcionariado a su conveniencia, depende de qué tan cerca esté de las roscas del poder. En ocasiones, es un caudillo local, que convierte a la gobernación en su plataforma para consolidar relaciones, contratos, negocios a diestra y siniestra. En otros casos, debe competir por porciones del poder con diputados distritales que tienen sus propios feudos e, incluso, con los alcaldes hegemónicos. Estos últimos son aquellos personajes que han hecho de las alcaldías, espacios de poder real que trascienden los límites formales de sus municipios y tienen supremacía respecto a sus colegas, creando franjas de influencia que pueden ser hasta interdepartamentales.
Los gobernadores deben cohabitar en esas realidades. En los últimos tiempos se han sumado como perfiles favoritos los empresarios locales reconocidos, que aprovechan su paso por las gobernaciones para expandir sus dominios y ponerse a tiro de otros objetivos revestidos de políticos. En la actual legislatura, conozco al menos dos diputados que fueron gobernadores hace poco más de 10 años.
La capacidad de ubicuidad es otra de las características de los gobernadores. Se desempeñan en la franja departamental, pero están en constante relación con el nivel central y el local.
Igual controlan la institucionalidad pública, que mantienen relaciones con los empresarios de todo nivel. Sus jefes son el presidente de la República, el ministro de Gobernación y el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Se relacionan de igual a igual con los diputados. Creen ser los jefes de los alcaldes. Son los presidentes de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), donde se encargan de cortar el pastel o, al menos, preparar el terreno para que lo partan los que detentan el poder. Repartir más de Q2,200 millones anuales es suficiente incentivo para ocupar la silla de las gobernaciones, aunque ese paso sea corto, ya que detrás hay una serie de competidores que ofrecen lo que sea por un puesto atractivo y poco visible al lente y escrutinio público de orden nacional.
Seguramente, en cada departamento habrá alta rotación, por los intereses que están en juego.
En épocas recientes, a los acostumbrados intereses se suman otros con sentido estratégico de nuevo cuño y que derraman recursos económicos en cantidades abundantes. Servir de operadores para las redes del crimen organizado, o bien para corporaciones empresariales que buscan consolidar negocios añejos o por venir.
No por gusto son más apetecibles las gobernaciones de Huehuetenango, San Marcos o Petén, que Sololá o incluso el departamento de Guatemala. En este orden de ideas, lo atrayente no solo es lo visible a primera vista. Los recursos naturales representan la gran ventaja competitiva, presente y futura.
Ese factor aumenta las apetencias y también las competencias por el control político y social de lugares debajo de los cuales, hay verdaderas minas de oro o similares.
Iniciativas como los salarios diferenciados, instalación de megainversiones, existencia de proyectos de alta rentabilidad, como ingenios, hidroeléctricas y mineras; alta porosidad fronteriza para el fomento de contrabandos de mercancías, personas y lo que sea; alto riesgo por desastres naturales y posibilidad de decretar estados de calamidad, son algunos de los atractivos que prostituyen y, al mismo tiempo, sirven de grandes atractivos para la función de los gobernadores; en lugar de simplemente velar por la coordinación de la calidad y eficiencia de la administración pública al servicio de los ciudadanos de sus departamentos.