El Paro Nacional llega al día 11; crisis se agudiza y y aún no principia mediación de la OEA

  • Los bloqueos no cesan, las manifestaciones y marchas van en aumento, lo mismo que el desabastecimiento de productos básicos, mientras hay poca información sobre llegada y acciones de la misión mediadora.

Los presidentes Alejandro Giammattei y el electo Bernardo Arévalo continúan con su polémica personal, mientras el Paro Nacional llega al onceavo día de bloqueos de carreteras y calzadas de la ciudad capital, el cuál ha provocado ya un desabastecimiento de los productos básicos en diferentes partes del país y la crisis se agudiza, a la espera de la misión mediadora de la OEA, que se encuentra en Guatemala desde inicios de la semana.

La causa de los bloqueos son las acciones del MP contra el proceso electoral, en un afán de montar un andamiaje legal para denunciar fraude e impedir la llegada a la presidencia de Arévalo o, al menos si llega, que lo haga en una condición de debilidad y desgaste políticos.

Estos son los lugares bloqueados en el interior del país, de acuerdo con el informe diario de Provial, del ministerio de Comunicaciones.:

El vocero vial de la municipalidad capitalina, Amílcar Montejo, ha informado de 6 bloqueos en la ciudad capital.

El efecto más sensible del Paro Nacional es el desabastecimiento de los productos básicos en las diferentes ciudades del país, así como el incremento de los precios de la mayoría de productos, que, además, desaparecen prontamente de supermercados y tiendas de conveniencia.

también se han registrado algunos brotes de violencia y actos de vandalismo, sin que haya pruebas claras de la procedencia de los mismos. El presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras, han señalado a los manifestantes como responsables y anunciaron que serán procesados. Los organizadores de los bloques y marchas niegan que el movimiento sea violento y acusan al Gobierno de tener infiltrados que general la violencia «para justificar la represión».

Estados Unidos se pronunció este jueves indicando que los guatemaltecos «tienen derecho a protestar pacíficamente», en contra de las acciones que lleva a cabo el MP para entorpecer o impedir la toma de posesión de Arévalo el 14 de enero próximo.

Esta es la peor crisis de la democracia guatemalteca desde 1986. En 1993, Jorge Serrano intentó un golpe de Estado contra el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) le enmendó la plana y eso forzó su renuncia y salida al exilio. En esta ocasión, el oficialismo controla la CSJ, la CC y el Congreso de la República, en una concentración que ha debilitado la democracia.

El 20 de agosto, una gran mayoría de guatemaltecos (61%) votó a favor de Arévalo por su discurso anticorrupción, en un claro repudio al Gobierno del presidente Giammattei. Esa victoria disparó las acciones del MP en contra del proceso electoral, de las autoridades del Tribunal Supremo electoral (TSE) y del partido Semilla.

El fiscal Rafael Curruchiche, por órdenes de la fiscal general Consuelo Porras, consiguió que el juez Fredy Orellana suspendiera la personería jurídica del Movimiento Semilla y ordenara varios allanamientos en contra de instalaciones del TSE, con el fin de «recabar información», de un supuesto fraude electoral. El MP también ha solicitado que se les retire la inmunidad a los magistrados del tribunal electoral, para que puedan ser investigados y, eventualmente procesados.

Esas acciones fueron las que provocaron que el pueblo, por medio de autoridades indígenas y grupos de ciudadanos, convocaran a las protestas, que han permanecido por once días.

El presidente Giammattei en mensajes y directamente en una carta enviada, responsabiliza a Arévalo de las consecuencias de estos bloqueos y manifestaciones, mientras que el presidente electo le respondió indicando que quien tiene la solución en sus manos es el mandatario, si pide la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

El movimiento de protestas tiene como principal demanda la renuncia de Porras, el fiscal Curruchiche y el juez Fredy Orellana, considerados los responsables de intentar el «golpe de estado en marcha» que Arévalo ha denunciado a nivel nacional e internacional.