La estrategia ha funcionado sin sobresaltos para la alianza oficialista. Paso a paso ha fortalecido el muro de la impunidad. Como diría Chespirito: Y ahora… ¿quién podrá defendernos?
El 1 de julio de 1984 los guatemaltecos acudimos a las urnas para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que tendría la tarea de redactar la nueva Carta Magna, primer paso para lograr el retorno a la democracia. Empezaba así el camino para construir un sistema político funcional, que no abusara y estuviera al servicio de la población.
Producto de esa Asamblea es la Constitución del 85 –vigente–, que muestra avances importantes sobre las anteriores, sobre todo porque hace énfasis en los derechos ciudadanos y crea importantes instituciones con el fin de crear pesos y contrapesos para promover un Estado que trabaje por el bien común.
Entre las novedades, se crea una Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), como también se pone énfasis en la importancia de la independencia entre los tres poderes del Estado, el cual se organiza para garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Es decir que la visión de la Constitución es que los funcionarios sean garantes del buen funcionamiento de la democracia, que los derechos sociales y políticos de las personas se respeten, con el objetivo de construir una Guatemala mejor a la que se tuvimos con las constituciones previas.
Hace 37 años entró en vigor la Constitución, pero mucho me temo que después de casi cuatro décadas vemos que un marcado retroceso, pues en vez de fortalecer las instituciones democráticas, las mismas se encuentran en trapos de cucaracha, producto del vil asalto que están sufriendo ante la mirada pasiva de la mayoría de guatemaltecos.
En realidad, ha sido un asalto con alevosía, descarado y premeditado.
Obviamente una estrategia de esta dimensión y alcances solo se puede desarrollar cuando se detenta el poder pleno. Por eso la alianza oficialista es una amalgama que reúne a funcionarios, diputados, partidos políticos, magistrados, fiscales, militares, empresarios, mafias, y estructuras criminales, todos apuntando al control de las instituciones.
Con todo ese poder, la alianza oficialista ha ido tomando una a una las instituciones más importantes para la vida democrática, haciendo que todas respondan como un circo de marionetas bajo las órdenes de quienes controlan los hilos manipuladores.
El sumiso Congreso ha mantenido de manera espuria a los magistrados del Organismo Judicial (OJ). Con la justicia de su lado, no hay quien detenga a la alianza, que ha podido concretar el asalto a la CC, el TSE, y hoy cierra el círculo con la elección del nuevo PDH, una figura creada para estar de parte del pueblo, pero que ahora estará al servicio del oficialismo y sus aliados.
Cuando el Congreso elija hoy entre José Alejandro Córdova Herrera, Melvin Portillo Arévalo o Giovanni Francisco Soto, se abrirá el peor capítulo de la PDH. Cualquiera de los tres cumplirá la tarea que le impongan. Los tres tienen perfiles parecidos y cualquiera de ellos bailará al son que le toquen. Es un día triste para la democracia. Es un día triste quienes creemos que las instituciones deben estar al servicio del pueblo y no de los intereses particulares de los politiqueros y su banda de achichincles.
Después de ver el descaro para mantener de manera ilegítima a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por más de tres años, después de ver como impusieron a los magistrados de la CC y el TSE, no se podía esperar otra cosa que suprimir de un manotazo la figura independiente del PDH, para que deje de ser defensor del pueblo y sea apenas otra pieza al servicio de la alianza oficialista.
No hay que dejar al margen otra institución que forma parte de estos circos orquestados: el Ministerio Público (MP), pieza clave para que todo se mueva con el ritmo oficioso. El círculo se cierra hoy de manera precisa.
Por este tipo de actitudes es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y un montón de organismos internacionales han señalado que Guatemala está al nivel de Nicaragua, Venezuela y Cuba, países en los que todas las instituciones responden a las dictaduras imperantes.
No hay que confundirnos. Estamos en un franco retroceso en nuestra democracia. A partir de ahora, con todo el poder en el puño de la alianza oficialista vamos a ver el siguiente capítulo: las elecciones 2023. ¿Quién podrá defendernos?
ACLARACIÓN: En mi Enfoque sabatino mencioné que se habían agregado los nombres de 16 guatemaltecos a la famosa Lista Engel, lo cual resultó ser una noticia falsa. Por respeto a mis queridos lectores, hago esta aclaración.
Hasta donde he podido saber, no se descarta que a dicha lista el departamento de Estado agregue más adelante otros nombres, pero por el momento queda claro que los mencionados en esta oportunidad no han sido incluidos.