Marta Altolaguirre
El éxito del presidente electo, el licenciado en Administración de Empresas, Jimmy Morales, ha dado un respiro a la ciudadanía desesperada, ante la proliferación de bandas delictivas que amenazan diariamente a la población, con una serie de hechos criminales que destruyen vidas y bienes, deteriorando la gobernabilidad del país y colocando en situación de creciente vulnerabilidad a los guatemaltecos.
Colmó el vaso de agua la penetración de la delincuencia en los tres poderes del Estado y, en general, en todas las instituciones pervertidas, en mayor o menor grado, por la corrupción, que tomó control de las acciones y decisiones que determinan los avances o retrocesos de la nación. El rescate es urgente, pero, limpiar la contaminación institucional, no será fácil.
Tenemos un Congreso que ha incumplido con su función, desatendiendo temas cruciales de su competencia, como es la discusión y aprobación de reformas a leyes determinantes para el correcto desempeño institucional. Se han columpiado, como decimos en buen chapín, al aparentar voluntad en el proceso de reforma a leyes fundamentales, como son las referidas al sistema de justicia (dirigidas a fortalecer la independencia judicial, con una carrera judicial que dé estabilidad, pero basada en méritos; y una elección de magistrados blindada contra los intereses políticos o personalistas); así como la LEPP, la Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones, etc.
Pero también han fallado en obligaciones, como lo es la aprobación de la ejecución presupuestaria, o el oportunismo, al desvirtuar los objetivos que motivaron la asignación de obras, que tenían por objeto el desarrollo rural, pero trastocándolo por la visión personalista centrada en el enriquecimiento personal, entre otros.
A lo anterior, cabe agregar, la ilegítima interferencia con el desempeño del Organismo Ejecutivo, forzando a sus funcionarios a hincarse ante los congresistas, ante la amenaza de las interpelaciones antojadizas, la paralización en las iniciativas de ley, así como las demandas (o chantajes) para exigir la contratación de personal no idóneo ni necesario, a cambio de no obstruir la labor del Ejecutivo y la interferencia con funciones.
El hecho es que ya han sido analizados los temas cruciales para que se concreten los cambios, para que de esta forma se cambie de vía, tomando una dirección correcta, para revertir el deterioro y superar los múltiples problemas que enfrenta la nación,
De allí que resulte fundamental que de inmediato el presidente electo dé muestras concretas de su identificación con la ciudadanía, consciente que esta le dio el voto porque él ha proyectado la imagen del antipolítico y porque su personalidad inspira confianza; que no lo hizo por cuestiones de interés personal, preferencias ideológicas o religiosas, sino, más que todo, porque se considera que una persona honesta dará prioridad a la depuración del Estado y una funcionalidad óptima de sus instituciones, para bien de toda la población.
La ciudadanía espera un jefe de Estado que en verdad represente la unidad nacional; que muestre su compromiso de respetar y velar por que se respete la Constitución (como lo mencionara el elegido, el pasado domingo); que hable con la verdad de lo que conoce y piensa; que tome sus decisiones con ética, pero también con objetividad, sin sesgos ni prejuicios de ninguna clase; que se dé a él mismo la oportunidad de conocer a muchas personas que han demostrado una trayectoria de honradez y de capacidad; que busque una combinación de la dinámica de los jóvenes, y la experiencia y racionalidad de los adultos, en fin…
Esta ciudadanía activa está identificada con la demanda por autoridades idóneas que asfalten el camino hacia un Estado que cumpla con proveer la seguridad a las personas, protegiendo el derecho a la vida y la integridad; impulsando un desarrollo sostenible, con énfasis en el interior del país; promoviendo una educación actualizada, proveyendo la tecnología que tanto facilita el conocimiento y, muy especialmente, creando las condiciones competitivas para dar confianza a la inversión, como fuente necesaria para la creación de empleo y oportunidad de superación.
La situación financiera es un elemento crucial, y el presupuesto para el próximo año debe buscar reducir al máximo el déficit que ya se plantea. En ese sentido, el Ejecutivo deberá abrirse a la fiscalización y abordar temas, tales como las aduanas, la SAT, las auditorías (quizás también externas, mientras la Contraloría no recupere credibilidad),
Lamentablemente, dependerá de la apertura que muestren los congresistas, para un análisis realista y sensato, en el que el Ejecutivo, asesorado por técnicos reconocidos, promuevan los cambios que eviten el crecimiento de la deuda pública a partir de la cancelación de los puestos fantasmas, pero también de aquellos cargos creados para congraciarse con algún poderoso, pero innecesarios para el óptimo desempeño estatal.
Otro elemento que debe destacarse de nuestro sistema republicano, democrático y representativo, es la importancia de la laicidad del Estado. En Guatemala, el respeto a esa separación entre el Estado y la Iglesia es elemental, ya que no hay una creencia común en la población.
Debe resaltarse también la importancia del respeto a la libertad de pensamiento y de expresión, a las políticas relativas a las drogas, al avance en la atención a nuestros compatriotas migrantes, y muchos más. ¡Adelante, señor presidente electo!