- La persecución en su contra se gesta desde el mismo sistema de justicia que debiera defenderlo
No es la primera víctima de la injusticia en Guatemala. El sistema, controlado por la alianza oficialista, se ha enfocado en quitar de su camino a fiscales y jueces independientes que se atreven a enfrentar a las mafias de corrupción y llevan delicados casos de derechos humanos. La lista se hace cada vez más larga. Es el turno de uno de los jueces más reconocidos por su integridad: Miguel Ángel Gálvez.
Cuando se produjo el destape de una larga lista de estructuras de corrupción incrustadas en el Estado en el año 2015, la figura del juez Miguel Ángel Gálvez cobró relevancia ante los ojos de la ciudadanía, que pacientemente escuchaba sus cuidadosas y fundamentas resoluciones en los casos que se elevaban al Juzgado de Mayor Riesgo B a su cargo.
El mesurado y analítico juez inició su carrera en el sistema de justicia en Quiché, en el año 1998, pero como él mismo recuerda, sus primeros casos delicados los conoció cuando impartió justicia en un tribunal de Chiquimula, en donde tocaba conocer procesos delicados, a veces de narcotráfico.
Su trayectoria intachable hizo que se le nombrara Juez de Mayor Riesgo, un tribunal creado para tratar precisamente los casos más delicados, sobre todo, cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), descubrió, persiguió y desmanteló las estructuras criminales que existían bajo la administración de Partido Patriota (PP). Había que procesar de manera independiente a personas poderosas.
A él le tocó conocer inicialmente casos emblemáticos como La Línea, en el que estaban involucrados nada menos que el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes se convirtieron en los primeros gobernantes guatemaltecos que terminaron el período de su mandato en la cárcel.
Un juez incómodo por su rectitud
El juez Gálvez es un estudioso de cada uno de los casos que no conoce. No le basta con escuchar las acusaciones y la defensa. Analiza cada una de las pruebas y trata de seguir el hilo conductor de los procesos, para poder sacar conclusiones con fundamento. Pero no le basta con tener claridad de lo que pudo o no suceder, porque en su resolución explica hasta la saciedad los hechos que le permiten resolver.
De acuerdo con testimonios de colegas que le conocen, Gálvez no deja cabo suelto, y analiza durante horas las pruebas de cargo y de descargo que se le presentan. Además, reconocen que su actitud es siempre la de un juzgador que actúa con independencia, y no se deja influenciar por nadie, una razón que le coloca como garantía de justicia correctamente aplicada en los casos que conoce.
Como suele suceder, aquellos a los que condena –si es el caso–, terminan por aborrecerlo, pero él no se arruga ante acusados, por poderosos que estos puedan ser.
Los enemigos de la justicia
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe velar porque los magistrados y jueces actúen con independencia y sus resoluciones sean apegadas en ley, como lo hace el juez Migue Ángel Gálvez. Sin embargo, al ser parte de la alianza oficialista, la cabeza del Organismo Judicial (OJ), se ha convertido en uno de los brazos represivos del sistema.
Lo mismo ha sucedido con el Ministerio Público (MP), a cargo de Consuelo Porras, quien libra una feroz cruzada en contra de operadores de justicia –fiscales, jueces o magistrados– que se hayan identificado con la lucha anticorrupción y repudien la impunidad. A todos ellos se les persigue con argumentos legales.
En este momento hay más de 20 operadores de justicia en la cárcel o en el exilio, todos con procesos abiertos por el MP, convertido en el principal mazo para golpear a los opositores de los lineamientos de la alianza oficialista, que está integrada por funcionarios, diputados, partidos políticos, militares, empresarios, mafias y hasta grupos vinculados con el narcotráfico, además de instituciones como la CC, la CSJ, el MP y el TSE, entre otras.
En el entramado organizado para perseguir a los opositores existe también el dedo acusador, que se necesita para iniciar los procesos. Este grupo es la Fundación contra el Terrorismo (Fundaterror), que es la encargada en presentar las denuncias para que el MP y la CSJ puedan perseguir a quienes resultan incómodos para el sistema de poder que impera en el país con la alianza.
Una denuncia espuria
No es la primera vez que la fundación contra el terrorismo, interviene en un proceso o presenta denuncia contra los operadores de justicia independientes. Es parte de su función dentro de la alianza oficialista. Por eso no sorprendió demasiado cuando acusó de prevaricato al juez Gálvez, luego de que esteresolviera enviar a juicio a varios exmilitares, implicados en un caso de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
Curiosamente el prevaricato es una falta que se puede aplicar a un juez que tiene fallos emitidos ilegalmente y sin sustento. No es el caso de Gálvez.
Pero como sucede con la mayoría de procesos abiertos por la fundación, el MP actuó prontamente y rápido y veloz envió la denuncia a la CSJ, la que también de manera exprés procedió contra el juzgador.
El presidente de la fundación, Ricardo Méndez Ruiz, presentó la denuncia por los supuestos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, y realización de detenciones ilegales. Ninguno de los cargos tiene fundamento, por lo que el MP pudo desechar la denuncia. La presentó ante el MP el 11 de mayo y el 1 de junio se envió a la CSJ que, a su vez, le dio trámite al proceso de antejuicio el 15 de junio.
El expediente se trasladó a la magistrada Sonia de Paz Santizo, quien ha tenido varios fallos favorables a la corriente oficialista.
Lo curioso es que la CSJ ha recibido varias solicitudes de antejuicio contra funcionarios o diputados del oficialismo, y los mismos son rechazados o duermen entre los expedientes que caminan a paso lento por conveniencia.
Lo curioso de todo este proceso, es que la Fundación contra el terrorismo ni siquiera es parte del proceso en el juicio contra los exmilitares, por lo que primero el MP y luego la CSJ pudieron y debieron rechazar la denuncia presentada contra el juez Gálvez.
¿Cuál es el objetivo?
El juez Gálvez había sido víctima de amenazas por diversos casos en el pasado. Curiosamente, las autoridades del MP y la CSJ no hicieron nada para brindarle seguridad o investigar de donde provenían dichas amenazas.
Lo que analistas y grupos pro justicia ven en este acoso contra el juzgador, es que se trata de minar primero su credibilidad, luego sacarlo del camino y quitarle de los importantes procesos que se encuentran bajo su jurisdicción, entre ellos, varios por corrupción.
Pero al mismo tiempo, hay otro objetivo claro, que es el de enviar un mensaje a los demás jueces, para que entiendan que se debe seguir con los lineamientos de la alianza oficialista, y que esta no acepta que se actúe con independencia. De lo contrario, se cae en la lista de perseguidos.
LEE ADEMÁA:
El departamento de Estado de los Estados Unidos y varios organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han denunciado que el sistema de justicia de Guatemala está cooptado y que se favorece la cadena de corrupción, al tiempo que promueve la impunidad.
La braza llega a la CC
El juez Miguel Ángel Gálvez no se ha quedado de brazos cruzados esperando que el sistema de injusticia lo condene. Ha presentado un amparo ante la CC en contra de la resolución de la CSJ, y ahora se espera que se produzca el fallo.
El problema es que la CC es parte de la alianza oficialista. Sin embargo, el caso se convierte en una delicada braza para los magistrados.
Si resuelven a favor del juez, se debilitará la causa oficialista. Si le niegan el amparo, estarán actuando contra uno de los jueces más respetados dentro del OJ, lo que provocará repudio contra su criterio. El sistema oficialista quiere imponer su orden en todas las instituciones que controla. Pronto habrá un nuevo capítulo.