El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó la autorización para la extradición a Guatemala del expresidente del Congreso, Luis Armando Rabbé, acusado por su participación en el caso Plazas Fantasma, confirmó una fuente de la Embajada de México en el país al elPeriódico.
El exfuncionario guatemalteco está pendiente de ser notificado. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que hasta la noche del viernes no habían recibido una notificación oficial de la embajada.
Ahora, la Cancillería deberá enviar al Poder Judicial la nota diplomática para que este notifique al juzgado que tiene a su cargo el caso y se sigan los procedimientos establecidos para la extradición.
- El proceso podría tardar un poco más de lo normal debido a la pandemia, señaló la embajada.
Persecución política, según Rabbé
La extradición de Rabbé estaba en manos del canciller Ebrard, que debía analizar si la decisión de extraditarlo ponía en peligro al expolítico guatemalteco, ya que Rabbé habría argumentado en sus audiencias que era una persecución política en su contra, informa elPeriódico.
Según el diario mexicano Milenio, el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal había dado un plazo al Canciller para que emitiera su decisión.
Plazas fantasma
El excongresista salió de Guatemala en agosto de 2016 tras perder judicialmente sus fueros como diputado y poco después se le declaró prófugo. Lo arrestaron el 23 de julio en la ciudad de Monterrey, en el norte de México.
Rabbé había dicho en una carta que dejaba el país para llevar a cabo “entrevistas y reuniones con personas en el extranjero en vista del acoso y persecución política” en su contra por los señalamientos de corrupción.
- Según las investigaciones de la fiscalía, el exdiputado es sospechoso de autorizar nombramientos irregulares para integrantes de la junta directiva del Parlamento, pese a que algunos no cumplían con los requisitos para el cargo
- y creó al menos 164 plazas ficticias cuyos salarios los cobraban mensualmente.
- Rabbé también es acusado de haber autorizado la contratación de 42 plazas irregulares para su servicio, de acuerdo con las pesquisas apoyadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU que ha contribuido en la revelación de importantes casos de corrupción y que dejará de funcionar en septiembre