- Se pide investigación sobre adopciones ilegales que se habrían realizado entre los años 80 y 90 del siglo XX, aún en tiempo del conflicto armado interno.
Redacción Crónica
El caso parecía enterrado en las sombras más oscuras del conflicto armado interno y de uno de los períodos más opacos de la historia institucional guatemalteca. Sin embargo, cuatro décadas después, el fantasma de las adopciones ilegales volvió a colocarse sobre la figura de la ahora exfiscal general Consuelo Porras, luego de que Naciones Unidas confirmara nuevas acciones de seguimiento e investigación relacionadas con denuncias sobre tráfico y adopciones irregulares de menores indígenas en los años ochenta.
La revelación más reciente la hizo el canciller Carlos Ramiro Martínez, quien confirmó que un grupo de trabajo de Naciones Unidas visitará Guatemala para dar seguimiento a las denuncias sobre presuntas adopciones ilegales vinculadas con Porras y otros funcionarios de la época.
El tema vuelve a colocar en el centro del debate uno de los episodios más delicados y explosivos de la trayectoria pública de quien durante ocho años dirigió el Ministerio Público y acumuló sanciones internacionales, denuncias de persecución política y fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales sobre el deterioro del sistema de justicia guatemalteco.
El caso que reaparece desde los años ochenta
Las acusaciones giran alrededor del llamado Hogar Temporal Elisa Martínez, una institución que operó durante el conflicto armado interno y donde, según expertos de Naciones Unidas, al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones internacionales ilegales.
Aunque el período documentado abarca apenas siete meses de 1982, expertos de Naciones Unidas sostienen que durante ese tiempo Consuelo Porras ejerció funciones de administración y tutela legal sobre menores institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, centro que aparece vinculado a presuntas adopciones ilegales internacionales de niños indígenas en pleno conflicto armado interno.
La denuncia sostiene que varios menores habrían sido separados de sus familias en medio del conflicto armado y posteriormente enviados a procesos de adopción internacional que hoy son considerados irregulares o potencialmente ilegales. Expertos de Naciones Unidas indicaron que la información recibida genera “profunda alarma” por posibles violaciones graves de derechos humanos.
La controversia aumentó después de que investigaciones periodísticas recientes aseguraran que existen documentos firmados por Porras relacionados con procesos de adopción de menores provenientes no solo de Guatemala, sino también de Honduras y El Salvador.
El nuevo movimiento de la ONU y la PGN
Lo novedoso ahora es que el caso ya no se mantiene únicamente como una denuncia pública o un señalamiento político.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que presentó denuncias formales para que el Ministerio Público investigue las posibles adopciones ilegales relacionadas con el caso.
Además, el Congreso informó recientemente que existen archivos y documentación histórica sobre el funcionamiento del hogar y sobre el expediente laboral de la entonces funcionaria. Según información oficial, el centro operó entre 1968 y 1997.
La visita del grupo de expertos de Naciones Unidas representa un salto cualitativo importante, porque convierte el caso en un asunto de seguimiento internacional formal y no únicamente en una controversia mediática o política.
Fuentes diplomáticas consideran que el tema podría escalar dentro de organismos internacionales de derechos humanos, especialmente porque toca asuntos extremadamente sensibles:
- niñez desaparecida;
- separación forzada de familias indígenas;
- adopciones internacionales;
- y posibles hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno.
Las acusaciones reaparecen justamente cuando Consuelo Porras acaba de abandonar el Ministerio Público tras uno de los períodos más controversiales en la historia reciente de la institución.
Durante su gestión:
- más de 100 operadores de justicia, periodistas y activistas abandonaron el país;
- la FECI fue desmantelada y se convirtió en arma política contra unos e impunidad a favor de otros.;
- fiscales anticorrupción fueron perseguidos;
- y Guatemala acumuló severos cuestionamientos internacionales sobre retroceso democrático.
Porras fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos occidentales por “socavar la democracia” y obstaculizar investigaciones anticorrupción.
Ahora, el caso de las adopciones ilegales amenaza con abrir un nuevo frente, todavía más delicado, porque involucra posibles violaciones a derechos humanos de niños indígenas durante uno de los períodos más violentos del país.
El MP rechaza las acusaciones
Cuando los expertos de la ONU hicieron públicos los señalamientos en febrero pasado, el Ministerio Público de Porras respondió calificándolos de “espurios” y rechazó cualquier vinculación de la entonces fiscal general con actos ilegales.
Porras también negó públicamente las acusaciones y sostuvo que existía una campaña política internacional en su contra.
Sin embargo, el tema no desapareció. Por el contrario, ha ido creciendo conforme nuevas investigaciones periodísticas, documentos históricos y acciones institucionales comenzaron a emerger durante los últimos meses.
Las heridas abiertas del conflicto armado
El caso revive uno de los capítulos menos explorados del conflicto armado guatemalteco: el de niños desaparecidos, institucionalizados o enviados al extranjero en medio de masacres, desplazamientos y operaciones militares.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años que muchas adopciones internacionales realizadas en las décadas de 1970, 1980 y 1990 estuvieron marcadas por:
- falsificación de documentos;
- alteración de identidades;
- separación forzada de familias;
- tráfico de menores;
- y redes integradas por abogados, funcionarios, notarios y operadores estatales.
Expertos internacionales consideran que Guatemala fue durante décadas uno de los principales focos mundiales de adopciones irregulares.
Un caso que puede crecer
La importancia política y judicial del tema podría aumentar considerablemente en los próximos meses.
La participación directa de Naciones Unidas y la apertura de investigaciones por parte de la PGN elevan la presión para que el Ministerio Público determine si existen responsabilidades penales, administrativas o históricas relacionadas con el caso.
Pero el asunto también tiene una dimensión profundamente simbólica:
la figura que durante años encabezó el sistema de persecución penal del país aparece ahora bajo el escrutinio internacional por posibles hechos ocurridos en uno de los períodos más traumáticos de Guatemala.
El caso amenaza con perseguir penalmente a Consuelo Porras después de haber abandonado el poder. Y, sobre todo, revive preguntas que Guatemala nunca ha terminado de responder completamente:
¿cuántos niños desaparecieron realmente durante el conflicto armado? ¿cuántos fueron enviados ilegalmente al extranjero? ¿y quiénes participaron en esas estructuras?