El deterioro de la justicia ha sido continuo. Se viola la Constitución de la República, al no cumplir el Congreso con su obligación de elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de apelaciones. Pero hay muchas cosas más, al extremo que quienes combatían la corrupción y la impunidad son ahora objeto de una feroz persecución por parte de quienes los debían proteger.
- Entrevista exclusiva con el exfiscal Juan Francisco Sandoval desde Washington
Los casos que debieran ser emblemáticos para combatir la corrupción en Guatemala se diluyen, desaparecen o simplemente no llegan a los tribunales, mucho menos a las cortes, abiertamente vinculadas a la alianza oficialista que impera en el país.
El esfuerzo de la clase política dominante se ha centrado en el control de las instituciones del sector justicia, partiendo del hecho de que es en ellas –MP, Corte de Constitucionalidad y Organismo Judicial (OJ)– en donde se decide el funcionamiento o no, de un marco de impunidad que proteja a todos los vinculados con el oficialismo.
Alguien que ha estado dentro de ese sistema ahora cooptado completamente, es el exfiscal Juan Francisco Sandoval, despedido del MP y exiliado en Estados Unidos porque aquí se le persigue por haber abierto investigaciones delicadas que podrían involucrar al presidente Alejandro Giammattei.
Casos como los Q122 millones encontrados en una casa en Antigua, la Trama rusa, o el soborno que habrían dado empresarios de la construcción para la campaña electoral del mandatario, son algunos de los temas que jamás se aclararán de manera total o quizás ni lleguen a procesos judiciales.
Para hablar sobre estos y otros temas, Crónicacontactó en su exilio en Washington a Sandoval, quien habla sobre ellos, lamenta la impunidad imperante, pero no pierde la esperanza de ver una Guatemala cambiada en el futuro.
Aquí, lo más importante de los temas abordados.
¿Cuántos procesos han abierto en su contra –y de qué se le acusa– después de su salida del país?: Según el Ministerio Público existen 56 expedientes en mi contra, pero tengo más de 80 denuncias en contra de mi persona, debido a que existe un sub registro en el Ministerio Público para imposibilitar el ejercicio de mi derecho de defensa.
No he tenido acceso a la mayoría de investigaciones en mi contra, pero de las que he podido tener conocimiento, son absurdos con el ánimo de criminalizarme.
Por ejemplo, en mayo de 2018, durante la primera conferencia de prensa que brindó Consuelo Porras a los medios de comunicación, fue preguntada por uno de los reporteros asistentes en relación a los convenios de colaboración del caso Odebrecht; respondió que, no advertía ninguna ilegalidad, pues la fiscalía realiza peticiones y al ser aprobados los convenios por el juez, la resolución podía ser objeto de impugnación.
3 años después, ese expediente se convirtió en “el caballo de batalla” para criminalizar al personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que gestionó el caso y que permitió descubrir un entramado de negocios en una operación de soborno transnacional que involucra a políticos y empresarios guatemaltecos.
Lejos de profundizar en una investigación, de la que en su momento se procesó la primera fase y que a mi salida estaba por presentarse la segunda fase, se encausaron todos los esfuerzos a perseguir a los investigadores, y a proteger a los partícipes de la operación de cohechos y blanqueo de capitales.
¿Qué siente que se digan tantas cosas de Usted después de haber luchado contra la corrupción tantos años?: Que el trabajo realizado fue muy importante, porque permitió establecer la manera en que funcionan las redes político-económicas ilícitas. ¿Quiénes hablan mal?: los políticos y empresarios descubiertos en operaciones de corrupción, los medios de comunicación involucrados con esas mafias, el andamiaje creado para crear impunidad. Ellos son los que dicen tantas cosas.
¿Considera que la fiscal general Consuelo Porras, lo destituyó porque había casos en los que se acercaba demasiado al presidente Alejandro Giammattei?: Es una afirmación sustentada. Existe de parte de Consuelo Porras la decidida intención de poner las instituciones del sistema de justicia al servicio de quienes detentan el poder. Constituyen la amalgama perfecta que explica la serie de decisiones arbitrarias en el patrón de actuación para deslegitimar.
Los operadores de justicia hoy perseguidos, estigmatizados y criminalizados, como yo, son una muestra de que se protegen intereses de los gobernantes obstaculizando investigaciones, como lo atestiguan los recientes eventos. Veamos: 1) Se desmanteló la FECI; 2) Se presiona a testigos y fiscales para justificar la criminalización; 3) Se implantan pruebas para la creación de casos; 4) Se persigue a operadores de justicia y se impide el acceso al expediente para evitar el ejercicio del derecho de defensa; y 5) Se persigue a los abogados que trabajaron en la lucha contra la impunidad. Todo con el mismo fin.
En el caso de la Trama Rusa, ¿sabe que pasó con el testigo que documentó todo el viaje de los personajes rusos? ¿Cree que se habrá perdido su testimonio después de su salida de la FECI?: Mientras estuve en Guatemala, en este caso específico intenté resguardar la información y obviamente a su principal fuente que era el testigo. A mi salida, cuando puse de conocimiento este hecho, el Ministerio Público lejos de comunicarse para ubicar a la persona para proteger su información y especialmente su integridad física, se dedicó a hacer comparsa con la versión gubernamental y se intentó desacreditarme a mí.
La población guatemalteca es testigo, de la manera en que se utilizan los recursos del Ministerio Público para desprestigiarme. El 25 de julio de 2021, dos días después de mi salida, la fiscal general fue a los medios de comunicación aliados de la impunidad –por haber aparecido vinculados en los hechos de corrupción que investigábamos– y desde esos medios se dedicó a desacreditar la información. Lo repitió el 2 de septiembre de 2021, como preludio a la primera orden de captura en mi contra, en una grabación –a la que denominó conferencia de prensa- nuevamente hizo alusión al tema para desprestigiarme.
Al siguiente día, se anunció la orden de captura, por supuestamente no haber localizado evidencia escrita de que yo hubiera ordenado investigar. Y eso se constituyó en una forma de pedir mi privación de libertad, pero el hecho denunciado (la Trama Rusa) ¡sigue impune!
¿Y el testimonio del caso denunciado por El Faro, sobre un supuesto soborno para la campaña del presidente Giammattei a cambio de entregar obras a constructoras?: El medio de comunicación informó que es una declaración brindada en calidad de anticipo de prueba en un órgano jurisdiccional. Y se repite el patrón de actuación del Ministerio Público. Se utilizaron los medios de comunicación aliados de la impunidad para manchar mi nombre. Y el hecho de corrupción… ¡sigue impune!
¿Este último caso puede tener relación con las maletas encontradas en la residencia de antigua, vinculada al exministro de Comunicaciones Benito? O al menos era una de las líneas de investigación que se seguía: Entiendo que el caso está en reserva, no puedo ahondar al respecto.
¿Cree que una estrategia del MP y la Feci podría ser la de debilitar casos y achacarle la culpa a usted?: Así lo anunciaba la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia en sus redes sociales hace un par de años –que luego borró–, pero la cantidad de medios probatorios contundentes y que fueron presentados al pueblo de Guatemala, esos están documentados.
Si la Feci (Curruchiche) y los jueces y magistrados actuaran de acuerdo a la Ley, ¿qué se podría esperar del caso de los Q122 millones?: Ya fueron extinguidos y distribuidos los fondos, por lo que existe una sentencia declarativa firme. Ya acusó finalmente la fiscalía a uno de los involucrados en los hechos. Y el Ministerio Público debiera establecer quién está detrás del ocultamiento de una suma tan grande de efectivo.
Pero públicamente ha anunciado el señor Curruchiche que a él le preocupa cómo me enteré de la existencia de ese dinero y que él ve “anomalías”. Y así con esa miopía y mala fe seguirá actuando. Pero ahí estaba el dinero en efectivo almacenado en una casa, por lo que para ese fiscal debe ser normal que se tenga una cifra de esa magnitud fuera del sistema financiero.
De hecho, me responsabiliza de que presentó con tantos errores una acusación, pero si él continuó con la acusación es porque encontró probabilidad de que el ex ministro participó en hechos delictivos. Yo tengo 11 meses de haber sido destituido ilegalmente del MP y ahora intenta endosarme a mí su desidia.
¿En qué situación se encuentra la justicia de Guatemala en estos momentos?: Se está utilizando el sistema judicial en contra de defensores de derechos humanos y se está aprovechando el mismo para proteger a los actores que replican el sostenimiento del “statu quo”. El sistema judicial se ha convertido en la herramienta idónea, utilizada por los actores cercanos a esa amalgama, para perseguir voces disidentes, periodistas, operadores de justicia, activistas de derechos humanos, miembros de la sociedad civil organizada.
¿Debiera actuar el MP contra el Congreso por no proceder a la elección de la CSJ y magistrados de sala?: Desde mayo de 2020 cuando fue emitida una orden por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 1169-2020, ha existido incumplimiento, desobediencia de una orden del máximo tribunal constitucional.
La pasividad cómplice del Ministerio Público es un hecho más, que demuestra que la institución está al servicio de la impunidad.
¿Se puede decir que hay obstrucción a la justicia en estos momentos en el MP y las cortes?: De quien dirige el Ministerio Publico existe una política sistemática para borrar cualquier huella que haya dejado el paso de la CICIG en Guatemala. Sin embargo, recordemos que esa Comisión quitó la venda de los ojos de como la corrupción es una amalgama de intereses público-privados y que va en sintonía de la utilización de nuestro remedo de democracia para aprovechar las fisuras estatales y que esto ayude a que prevalezca la sociedad desigual e injusta en la que se convirtió Guatemala por los siglos de los siglos.
Para terminar, quiero decir que en medio del desasosiego existente por la inestable y compleja situación de Guatemala, debe existir esperanza para apuntalar esfuerzos para erigir instituciones sólidas. Quienes se sienten satisfechos ante el desmantelamiento del sistema judicial y celebran la instrumentalización del sistema judicial para la persecución de las voces disidentes, nunca podrán festejar a plenitud, porque jamás podrán secuestrar nuestros sueños, robar nuestros ideales, y por supuesto… ¡No nos callarán!