- Ahora que hay un clamor nacional por la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, es oportuno recordar otro capítulo de la historia en la que se exigía la cabeza de de un jefe del MP
La fiscalía persigue los casos penales y debe actuar con independencia del poder político, aunque muchas veces, termina siendo un instrumento al servicio de este. En el caso de Guatemala, no es la primera vez que se pide la renuncia del jefe o jefa del Ministerio Público (MP). Hubo una vez en que fue el CACIF –entre otros actores– que pidió la salida del fiscal general.
Corrían los últimos días del mes de febrero de 2004. Oscar Berger tenía apenas un mes en el cargo de presidente de la República y se encontraba en una situación delicada, porque el fiscal general, Carlos de León, había acumulado poder durante la gestión de Alfonso Portillo, y era grande la oposición en su contra.
Había perseguido sin base legal a periodistas, opositores e incluso se le señalaba de ser el responsable del atentado de un prestigiado empresario, esposo de su vocera, a quien el fiscal pretendía. Era un personaje incómodo para la nueva administración.
Desde su llegada, encuentra una serie de peticiones para destituir o exigir la renuncia al fiscal de León, quien se escudaba en una supuesta religiosidad para decidir el camino que debía tomar. Crónicas de la época narran que el fin de semana antes de su salida acudió a un servicio evangélico para pedir iluminación sobre la decisión que debía tomar.
Es entonces cuando el CACIF, la organización de cámaras empresariales decide exigir públicamente su renuncia, por considerar que sólo con la salida del funcionario será posible reestructurar al ente encargado de la persecución penal, cuya decadencia es parte de la desestabilización institucional.
De esa manera destacaba el diario La Hora declaraciones del presidente del CACIF, Roberto Castañeda, quien hablaba sobre la falta de acción del Ministerio Público en casos de corrupción que eran del conocimiento de la población, casi todos denunciados por la prensa independiente durante el gobierno de Portillo, entre otras fallas del ente encargado de la persecución penal.
Paralelismo con la actualidad
El movimiento que se ha iniciado en Guatemala contra la fiscal general Consuelo Porras tiene su origen en un detonante distinto. Esta vez las organizaciones indígenas, populares y la ciudadanía en general, acusan a la funcionaria de intentar lo que Bernardo Arévalo ha llamado golpe de estado jurídico en marcha, al intentar demostrar por la vía judicial la existencia de un fraude electoral que solo existe en la mente del fiscal Rafael Curruchiche.
Sin embargo, hay similitudes entre los señalamientos contra de León, que se le formulan a Porras. La primera, es la utilización del MP a favor de los intereses políticos. Aquella fiscalía se negaba a investigar casos de corrupción, aunque sí se perseguía a periodistas y opositores. Los empresarios entonces vieron que había peligro en el manejo del Estado de Derecho, que es básico para la que haya inversión privada.
Lo mismo ocurre ahora. Porras trata de activar todas las fiscalías para presentar eficiencia del MP, pero ningún caso de corrupción importante ha sido perseguido en la actual administración o en la de Jimmy Morales.
Incluso los casos anteriores que destaparon la CICIG o la anterior e independiente FECI, se debilitan o son directamente engavetados.
El desenlace también parece que será diferente. Berger escuchó al CACIF. Presionó y logro la salida de de León, mientras que el presidente Alejandro Giammattei apoya totalmente a Porras, una aliada del oficialismo, como la describen organismos internacionales, grupos de ciudadanos y pro-justicia, que consideran que es la pieza clave para que exista impunidad.