La temible covid-19, que ha paralizado buena parte del mundo, se topó en Bolivia con una marcada división política que eleva las tensiones en el país en medio de la emergencia sanitaria, advierten analistas.
«Es indudable que se han articulado las dimensiones sanitaria y política. Lo estamos viendo a todo nivel», declara a la AFP el analista político Carlos Borth.
Desde que hace dos meses se conoció el primer caso de coronavirus en Bolivia comenzó un tira y afloja entre el Ministerio de Salud, que buscaba liderar el combate a la pandemia, y los servicios departamentales de salud, más próximos al partido izquierdista del expresidente Evo Morales (2006-2019), que defendían su autonomía.
Los desencuentros fueron creciendo hasta generar destituciones de personal jerárquico e incluso el alejamiento del propio ministro de Salud.
Lo mismo aconteció con algunos gobernadores y alcaldes, que eludían la coordinación entre ellos o con el gobierno central, dirigido por la mandataria interina derechista Jeanine Áñez.
En el caso más reciente, el gobernador de La Paz (quien fue ministro del primer gobierno de Morales) decidió flexibilizar unilateralmente la cuarentena, mientras los alcaldes de las ciudades de La Paz y El Alto aprobaban la continuidad del confinamiento por el elevado riesgo de contagio.
Mirada electoral
Simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales cuestionaron desde el inicio la cuarentena dispuesta por el gobierno transitorio boliviano y se resistían a cumplirla argumentando que la pandemia no era real.
Otros grupos, que el gobierno relacionó con el MAS, organizaron cortes de rutas, protestas con petardos y golpes de cacerolas, atacaron comisarías y llegaron a apedrear vehículos con personal de salud.
Los bonos en dinero dispuestos por el gobierno para paliar la falta de ingresos de familias vulnerables durante la cuarentena «se han convertido en propaganda que tiene la intención de mejorar su imagen electoral», dice a la AFP el analista y docente universitario Carlos Cordero.
Pero el gobierno transitorio, que cumple seis meses en el poder, también ha visto empañada su imagen por otros motivos.
Hay denuncias sobre uso indebido de recursos públicos, como el traslado aéreo de personas, en plena cuarentena, para la fiesta de cumpleaños de la hija de la presidenta Áñez.
A esto se suman contradicciones al interior del gobierno en el manejo de la pandemia, presuntas irregularidades, así como improvisadas designaciones de funcionarios y medidas que favorecen a sectores económicamente influyentes.
Cordero dice que el tenso escenario político se complica aún más por el hecho de que Áñez sea al mismo tiempo candidata presidencial, lo que predispone a sus colaboradores a alinearse con su estrategia electoral.
El círculo vicioso se cierra con la aprobación por el Congreso boliviano, controlado por el MAS, de la ley que llama a elecciones para renovar el Ejecutivo y Legislativo en un plazo de 90 días y que Áñez se negó a validar.
El delfín de Morales, Luis Arce, encabeza las encuestas de intención de voto en una campaña bajo confinamiento domiciliario y sin claridad sobre la fecha de los comicios, seis meses después de la renuncia de Morales en medio de protestas y hechos de violencia.
Los nuevos comicios, que sustituyen a los de octubre de 2019 -anulados por denuncias de fraude-, debían efectuarse el 3 de mayo, pero fueron aplazados por la pandemia.
¿Diálogo nacional?
Mientras tanto, la situación epidemiológica se complica y crecen los casos: Bolivia registra 2.556 contagios de covid-19 y 118 decesos.
«La única solución que veo y que debiera darse a la brevedad posible es que la presidenta Áñez convoque a un diálogo nacional para intentar apaciguar las aguas y encontrar puentes de consenso», subraya Borth.
Coincide con el exmandatario boliviano y candidato presidencial centrista Carlos Mesa (2003-2005), quien considera «imprescindible» un diálogo que allane «un acuerdo nacional, que defina políticas de Estado que todos nos comprometamos a respaldar».
El diálogo debería abordar el futuro de las elecciones, medidas para enfrentar la pandemia y decisiones ante la recesión económica, según Borth.
«La necesidad del diálogo, de la concertación, está pasando a un primer plano, conforme la situación político-sanitaria se torna cada vez más crítica», sentencia Borth.