- La exvicepresidenta recibió este miércoles la orden de regresar a Santa Teresa, al quedar sin efecto el permiso médico que le permitía permanecer en su residencia.
- Paralelamente, su defensa solicitó acogerse a la aceptación de cargos en el caso Cooptación del Estado: la audiencia será el 9 de noviembre.
Redacción Crónica
El carrusel judicial de Roxana Baldetti dio otra vuelta este miércoles 4 de noviembre. Mientras su abogado buscaba encaminar una salida mediante la aceptación de cargos en el caso Cooptación del Estado, el juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, ordenó su regreso inmediato a la cárcel para mujeres Santa Teresa. La exvicepresidenta participó por videoconferencia desde su residencia, donde permanecía con autorización judicial por problemas de salud.
La resolución revocó el permiso que le permitía recibir tratamiento fuera del centro penitenciario y dispuso que continuara en prisión preventiva. El retorno ordenado corresponde a su situación procesal en Cooptación del Estado; no constituye una nueva condena ni significa que este miércoles se haya resuelto el fondo de ese expediente.
La otra decisión de la jornada dejó señalada una nueva fecha: el 9 de noviembre, cuando se conocerá la solicitud presentada por el defensor Melkin Escobar para someter a Baldetti al procedimiento especial de aceptación de cargos. Hasta lo informado este miércoles, la exfuncionaria había solicitado ese trámite, pero todavía no había formalizado una admisión de responsabilidad ni recibido sentencia por este caso.
El debate sobre su permanencia en casa enfrentó dos versiones. El Ministerio Público sostuvo que habían transcurrido siete meses sin que Baldetti acudiera a una evaluación con el neurocirujano del Hospital General San Juan de Dios. Su abogado negó que existiera renuencia: argumentó que los vehículos tipo picop enviados para trasladarla representaban un riesgo para su columna.
Baldetti también intervino. Aseguró que «no ha incumplido» las disposiciones judiciales y explicó su temor al traslado: «al más mínimo impacto, se puede resentir la columna porque recibe todo el golpe». Además, afirmó que le detectaron una masa en el cerebro que requiere evaluación.
El juez concluyó que los plazos autorizados, incluidas las prórrogas, habían vencido. La defensa intentó obtener otros 30 días, pero la petición fue rechazada por presentarse tardíamente.
El episodio ocurre en un proceso presentado hace una década. Antes de esta audiencia, la exvicepresidenta había intentado en tres ocasiones encaminar una aceptación de cargos, sin comparecer finalmente a las diligencias respectivas. Por eso, la nueva solicitud todavía debe superar el paso decisivo de concretarse ante el juzgado.
El expediente que retrató la captura del Estado
Cooptación del Estado fue revelado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala —CICIG— el 2 de junio de 2016. Su alcance desbordaba el esquema de corrupción aduanera de La Línea: la investigación describía una red que habría utilizado el financiamiento electoral, empresas de fachada y contrataciones públicas para beneficiar a los gobernantes del Partido Patriota.
El análisis de documentos, movimientos financieros y dispositivos electrónicos llevó a los investigadores a sostener que la estructura había comenzado a organizarse antes de las elecciones de 2011 y continuó operando durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Baldetti, entre 2012 y 2015. Según aquella investigación, las sociedades utilizadas por la red permitían ocultar el origen del dinero y pagar desde gastos personales hasta propiedades, vehículos y otros bienes de lujo. cicig.org
La imputación original atribuyó a Baldetti la captación y administración de Q9.5 millones para la campaña electoral, procedentes de contratistas del Estado. Asimismo, señaló que ella y Pérez Molina habrían recibido conjuntamente Q290 millones en comisiones ilícitas vinculadas con 70 contratos, entre enero de 2012 y abril de 2015.
Esa cifra corresponde al señalamiento contra ambos exgobernantes, no a un monto atribuido exclusivamente a Baldetti. La CICIG también la señaló de crear y administrar empresas ficticias para dar apariencia legal a recursos ilícitos y financiar gastos personales. Entre las imputaciones iniciales figuraban asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Son señalamientos de ese expediente, distintos de las condenas que ya recibió en otros procesos. cicig.org
Las dos condenas que ya pesan sobre ella
La primera sentencia llegó el 9 de octubre de 2018, por el caso conocido como Agua Mágica. El Tribunal de Mayor Riesgo C condenó a Baldetti a 15 años y seis meses de prisión, al encontrarla responsable de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias en el proyecto que prometía sanear el lago de Amatitlán.
El tribunal estableció responsabilidades en la contratación de una supuesta fórmula descontaminante que no ofrecía la solución anunciada. En aquel fallo también fue condenado su hermano Mario Baldetti. La investigación convirtió una promesa de recuperación ambiental en uno de los episodios más emblemáticos de corrupción de aquella administración. prensalibre.com
La segunda condena se produjo el 7 de diciembre de 2022, por La Línea. Baldetti y Pérez Molina recibieron 16 años de prisión cada uno: ocho por asociación ilícita y ocho por su participación como cómplices en casos especiales de defraudación aduanera. Fueron absueltos por enriquecimiento ilícito.
Ese proceso examinó la red que permitía reducir ilegalmente el pago de impuestos de importación a cambio de sobornos. Su revelación en 2015 desencadenó una crisis política que terminó con la salida del poder del binomio presidencial.
Pero las condenas y las condiciones de detención han seguido caminos procesales diferentes. En septiembre de 2026, cuando se informó de una nueva medida de arresto domiciliario en Agua Mágica, ambas sentencias todavía tenían recursos pendientes y no habían adquirido firmeza. Baldetti también había obtenido una medida similar en La Línea en octubre de 2024. En Cooptación del Estado, en cambio, permanecía vigente la prisión preventiva, con permisos para tratamiento médico fuera de la cárcel.
A ese entramado se suma la solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. En 2017, Baldetti aceptó voluntariamente ser extraditada, aunque negó las acusaciones. La entrega quedó diferida mientras resuelve su situación judicial en Guatemala. Aceptar la extradición tampoco equivale a admitir culpabilidad por los delitos reclamados.
La siguiente estación del carrusel está fijada para el 9 de noviembre. Allí deberá esclarecerse si la nueva petición de aceptación de cargos finalmente se concreta. Por ahora, el resultado verificable de la jornada es doble: una orden de regreso inmediato a prisión y una solicitud pendiente de resolución, dentro de un expediente que todavía persigue responsabilidades por la utilización del Estado como fuente de enriquecimiento privado.