El ‘acta de la impunidad’ en el pleno de la Corte Suprema de Justicia

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El entramado entre la clase política y la justicia existe y –aunque cada vez menos–, funciona. El Ministerio Público (MP) y la CICIG, investigan un acta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que podría mostrar la forma en que se protege a diputados, en particular a Luis Rabbé y compañía.

Se trata del acta 255-2016, en la cual se recogen los detalles de la reunión ordinaria del 5 de octubre del año pasado, en donde el pleno de magistrados de la CSJ conoce de la solicitud de antejuicio en contra de los diputados Luis Rabbé –prófugo de la justicia–, Arístides Crespo, Christian Boussinott, Marcelino Chutá, Carlos López y César Fajardo, miembros de la Junta Directiva del Congreso en 2015 y señalados de crear plazas fantasmas.

Ese día, la magistrada Silvia García se excusó de conocer el caso y en su lugar fue llamado el magistrado Gustavo Dubón, miembro de la Sala Segunda de Apelaciones.

El caso es que luego en el acta oficial no aparece la firma de Dubón, y en su lugar aparece la del magistrado Jaime Amílcar González Dávila, quien no participó en la reunión. En esa ocasión, la CSJ votó protegiendo a los diputados, con el voto razonado de tres de sus integrantes, entre ellos, el de María Eugenia Morales, quien se percató de la anomalía y presentó una denununcia, por la que ahora hay proceso de antejuicio abierto contra González Dávila, por el delito de falsedad ideológica, al haber firmado un acta de sesión en la que no estuvo.

En la CSJ se ha visto reacciones para aprobar antejuicios contra diputados, pero hay casos que los retardan con el evidente fin de favorecerles.

El caso ha llegado a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (IFECI), la cual viene trabajando desde el año pasado en la investigación sobre los lazos entre jueces, magistrados y sus vínculos con operadores del sector político –entre ellos al abogado Roberto López Villatoro–.

El entramado funciona a partir de la elección de los magistrados y el nombramiento de jueces, siempre con tráfico de influencias.

En la denuncia se incluye a la magistrada Silvia Valdez, actual presidenta de la CSJ, quien participó en dicha reunión y firmó también el acta.   Aunque las investigaciones en la IFECI avanzan, se ha detectado también que hay lentitud en los informes administrativos de la Corte, lo que retrasa que los avances puedan darse pronto.

La magistrada Morales fue impugnada dentro del pleno recientemente por su colega Blanca Stalling al conocerse la solicitud de Antejuicio en contra ella, aduciendo la segunda que hay enemistad entre ambas.

Ha trascendido que dentro del pleno se ve con desconfianza a la magistrada Morales, por no ser parte de este entramado y la ven como opositora.

 


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