EDITORIAL:
Todo poder cae a impulsos del mal que ha hecho. Cada falta que ha cometido se convierte, tarde o temprano, en un ariete que contribuye a derribarlo»
Concepción Arenal (Escritora y socióloga española).
La democracia parte de principios y valores, entre los que destacan el respeto a los derechos de las personas, el buen funcionamiento del Estado de Derecho y el orden constitucional, así como el eficiente funcionamiento de pesos y contrapesos para evitar que surja un poder absoluto que pueda imponerse y subyugar al pueblo.
Las autoridades –de cualquier tipo– tienen una cuota de poder. Su buen uso puede traducirse en buenos resultados y fortalecer el liderazgo, sobre todo, cuando se trata de una figura política de relieve nacional. Al contrario, cuando el poder es mal utilizado, provoca repudio y causa confrontación, efectos que ahora mismo estamos viendo en Guatemala.
Decir y enfocarse únicamente en que el Ministerio Público (MP) es la institución que tiene y abusa del poder, es ver la crisis de Guatemala de forma demasiado simple. En realidad, estamos ante un desmedido abuso del poder autoritario de todo un sistema político que cuenta con todos elementos represivos y los está utilizando abusivamente ante el terror de perder parte de la fuerza bruta que le ha permitido construir y mantener un emporio de corrupción e impunidad.
El MP, a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, es apenas la mano que sostiene la pistola humeante con la que se ha venido persiguiendo y reprimiendo a los opositores –léase operadores de justicia independientes, periodistas y políticos– de un régimen que ha perdido totalmente la legitimidad, ha destrozado la institucionalidad y pisotea, sistemáticamente, la Constitución y el ordenamiento jurídico del país.
Por supuesto, el MP es clave en ese esquema represivo. Es dónde la criminalización principia –con el apoyo del grupo parajudicial Fundación Contra el Terrorismo–, pero se necesita del sistema judicial, con jueces, magistrados y cortes coludidos, para lograr órdenes de captura y procesos amañados en los que la condena asegura, además de quitar a un opositor del camino, que el mensaje intimidatorio para el resto de la sociedad sea recibido.
Es un iceberg tenebroso y enorme en el que el MP es la punta que destaca.
En la época de los regímenes militares se requería poco del sistema de justicia. La represión llegaba antes con la amenaza o la muerte. Ahora, cuando la democracia y sus principios debieran prevalecer, han cambiado los métodos, pero no el fin, que no es otro que el de controlar el poder y tratar de hacerlo cada vez más grande, fuerte… y que se prolongue en el tiempo.
El problema es que la comunidad internacional detectó la pistola humeante y la viene denunciando desde hace muchos tiempo; ahora, la sociedad guatemalteca cobra conciencia de lo que sucede, al extremo de sufrir en carne propia que el oficialismo y sus aliados intenten impedir que la fuerza surgida en torno al Movimiento Semilla y al presidente electo Bernardo Arévalo, provoque un cambio en la balanza de poder y ellos no puedan continuar libremente con el sistema autoritario, de corrupción e impunidad que han creado.
Al oficialismo ya no le importa que la pistola humeante haya tenido que terminar de desenmascararse como una institución corrupta y antidemocrática, lo único que le interesa es que se logre el objetivo de retener a toda costa el poder, aunque el precio sea perder la democracia. Pero como siempre ocurre, ¡el pueblo tendrá la última palabra!
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