¿A quién creer? ¿Quién dice la verdad? ¿Qué está pasando realmente en la Guatemala de hoy? ¿Por qué? Demasiadas preguntas flotan en un ambiente de incertidumbre.
Gonzalo Marroquín Godoy
Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Esta frase suele atribuirse a varios dictadores del siglo pasado, pero se puede aplicar a la forma de gobernar de aquellos presidentes que, en la actualidad, logran detentar todos poderes del Estado y pueden aplicar a su sabor y antojo la ley, favoreciendo a unos y perjudicando a los opositores.
En los últimos tres o cuatro años se ha agudizado la polarización siempre existente –aunque por momentos latente– entre la sociedad guatemalteca. Por un lado, están quienes piensan que la lucha anticorrupción es ideológica y ha sido manipulada, y los que sostenemos que, aunque pudo haber errores, se necesitaba librar una guerra para detener el evidente saqueo de las arcas nacionales por parte de clase política y sus aliados o socios.
En medio de estas dos corrientes está la gran mayoría de la población, que no sabe ya ni qué creer. Los netcenters y los medios afines a la alianza oficialista bombardean mañana, tarde y noche, todos los días, con su tesis de que los que tienen una postura anticorrupción son los malos de la película y que todo lo que se ha logrado en el pasado se hizo de manera injusta y sin apego a la ley.
Por otro lado, la prensa independiente muestra una y otra vez la forma en que continúa desbocada la corrupción en todos los ámbitos de las instituciones del Estado. Pero no somos solo un grupo de periodistas y medios los que vemos con preocupación toda la porquería que está aflorando,hay muchos más que tienen la película muy clara de lo que está sucediendo.
El problema no es solo la corrupción. Esta se podría combatir con un sistema de justicia correcto, con autoridades interesadas en detenerla y con instituciones sólidas que cumplieran el mandato constitucional que les da vida. Si el Estado de Derecho funcionara, las cosas serían muy distintas en el país.
¿Será que mi visión y la de otros estás sesgada? No lo creo, porque lo que se publica son hechos, no especulaciones ni posiciones político-ideológicas. Además, hay que tomar en cuenta que son muchas las voces ajenas al país que ven con preocupación lo que está sucediendo.
Veamos: el Departamento de Estado crea la Lista Engel para señalar a individuos que, con conocimiento de causa, se han involucrado en actos que amenazan procesos o instituciones democráticas, que se han involucrado en corrupción significativa o han obstaculizado investigaciones de dichos actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.
En esa lista se ha incluido nada menos que a la fiscal general, Consuelo Porras y al fiscal de la FECI Rafael Curruchiche. Los tildan de corruptos y antidemocráticos. Es fuerte el señalamiento y evidentemente no es ideológico. Pero hay más, pues la barra de abogados de Nueva York, sin ideología política, ve también que hay persecución injustificada contra operadores de justicia y periodistas, precisamente por estar en contra de la corrupción.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coloca a Guatemala entre los países en que se aplica parcialmente la ley para perseguir a jueces, fiscales o exoperadores de justicia y acosar y procesar judicialmente a periodistas. Nos coloca a la par de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El MP actúa en contra de personas que no han cometido ningún delito real con sendos montajes que se saca de la manga Curruchiche para justificar más demandas contra jueces y fiscales, los que ha montado contra José Rubén Zamora, Virginia Laparra y la larga lista de operadores de justicia que han tenido que buscar asilo en Estados Unidos para no enfrentar la injusticia guatemalteca.
La Guatemala de hoy cae por una pendiente pronunciada, en un recorrido en donde la falta de independencia de poderes, la justicia cooptada y la manoseada actividad política utilizada para el enriquecimiento en vez de servir al pueblo, destruyen la democracia. Estoy convencido de que el país atraviesa su peor momento desde 1986.
En un auténtico Estado de Derecho, las leyes se cumplen sin importar a quien afecten. En nuestro Estado político-judicial, vemos que la ley –manipulada– se aplica a los opositores, mientras que los amigos se les beneficia, incluso, con la protección del mismísimo MP.
Curruchiche va tras los los jueces Gálvez y Aifán, los Zamora, Laparra, Sandoval, etcétera, pero al mismo tiempo no apela y hasta promueve la salida de todos los implicados en casos de corrupción. Cosas veredes amigo Sancho, diría don Quijote.
¡Ojo! ¿Será que qué el dúo Porras-Curruchiche cree que somos idiotas para pensar que todos los casos de corrupción o de violaciones a los derechos humanos denunciados en el pasado fueron pinches montajes?
¿A quién se le quiere creer?, a estos personajes al servicio de la alianza oficialista, o a la prensa independiente, el Departamento de Estado de EEUU, la OEA, la ONU, los abogados de Nueva York y un montón de organismos internacionales –para nada ideologizados–. Yo creo que las mafias controlan el poder del Estado de Guatemala… ¿Y usted mi querido(a) lectora(a), qué piensa?