- El Departamento de Estado informa suspensión de visa para ellos y sus núcleos familiares por las acciones para impedir la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia
Estads Unidos informó que ha dispuesto suprimir la visa para 300 guatemaltecos, entre ellos 100 diputados, «por socavar la democracia y el Estado de derecho, en la continuación del pulso entre el oficialismo y sus aliados y los grupos prodemocracia, apoyados por la comunidad internacional.
En el comunicado, se destaca que «Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala y garantizar que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco.
Las personas sancionadas, son «más de 100 miembros del Congreso guatemalteco, así como representantes del sector privado y los miembros de su familia», aunque no se ha dado a conocer la lista de las personas sancionadas, se supone que se trata de los diputados que votaron en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE)el último día de noviembre.
Ese día el Congreso quitó la inmunidad a cuatro magistrados del TSE y aprobó el Presupuesto 2024 con los votos de las bancadas que apoyan al oficialismo y se han manifestado a favor de las acciones que impulsa el MP.
Tras aclarar el pasado sábado que la fiscal general, Consuelo Porras «goza de salud», el Ministerio Público (MP) inicia una semana en la que buscará que jueces afines dicten las primeras acciones anular las elecciones generales, a pesar de que el Tribunal Supremo electoral (TSE) es, según la Constitución, el único que decide la validez o invalidez de cualquier proceso electoral.
El pulso entre la alianza oficialista y los grupos prodemocracia en Guatemala continúa, y esta semana se anunciarán nuevas demostraciones populares de rechazo a las acciones antidemocráticas del MP
Además de las sanciones anunciadas por Estados Unidos este lunes, la Unión Europea (UE) y la OEA, analizan las sanciones a imponer a funcionarios guatemaltecos sin descartar aquellas que podrían afectar las relaciones comerciales.
Bernardo Arévalo debería asumir la presidencia el 14 de enero de 2024, después de haber ganado con amplio margen las elecciones presidenciales, pero enfrenta una serie de acciones judiciales contra su partido Semilla, contra él mismo y el proceso electoral en su totalidad.
Fuentes del MP, que pidieron el anonimato por temor a represalias, aseguran que se quiere «acelerar por todos los medios posibles» las acciones judiciales, encaminadas a lograr un dictamen que anule las elecciones desde la primera vuelta, aunque no existe una vía legal para hacerlo, por lo que en todo caso parece que el tema deberá ser decidido por la Corte de Constitucionalidad.
El tiempo corre y el MP espera lograr el avance de sus gestiones, las resoluciones de jueces y cortes, todo antes del 14 de enero. Curiosamente, aunque el ataque del MP es contra el resultado de las elecciones generales en su totalidad, prácticamente ningún partido se ha pronunciado en contra de este intento inconstitucional, lo que demuestra que la mayoría de partidos conviven con el oficialismo.
Solamente los excandidatos Roberto Arzú y Edmond Mulet se han pronunciado en contra de las acciones «antidemocráticas» que tratan de impedir el cambio de gobierno e incluso se hicieron presentes en la Marcha por la Democracia del pasado jueves, convopcada por el presidente electo, Bernardo Arévalo y respaldada por las autoridades indígenas ancestrales.
Arévalo, por su parte,m insiste en que asumirá en la fecha prevista, respaldado en la legalidad que debe prevalecer.
El MP incautó las actas electorales que ahora impugna, pero las autoridades del TSE recuerdan que se adviritó que desde que fueran extraidas se rompió la cadena de custodia, por lo que cualquier anomalía encontrada pudo ser provocada intencionalmente.
Los grupos de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, ratificaron que no hubo fraude en ninguna de las dos vueltas electoales