Estados Unidos pide al Gobierno de Nicaragua que libere «inmediatamente» a la líder opositora Cristiana Chamorro, cuya detención es un «claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas».
Junto a Chamorro, el Departamento de Estado estadounidense pidió que se libere también a los dos compañeros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia. Sus detenciones por «cargos falsos son un abuso de sus derechos» y representan «un asalto a los valores democráticos.
Según relató el portavoz del departamento estadounidense, Ned Price, la detención se da «en medio de implacables ataques contra candidatos presidenciales a favor de la democracia y medios independientes», ya que «el régimen de Ortega se ha comprometido a prohibir la participación de Chamorro en las elecciones de noviembre».
Pero no solo esto, sino que «en mayo, canceló sin fundamento el estatus legal de dos partidos políticos de oposición», y «en lugar de implementar reformas electorales antes de la fecha límite de mayo establecida por la Organización de Estados Americanos (OEA)», el presidente, Daniel Ortega, «instituyó más restricciones y redujo la transparencia electoral».
Represión
En este contexto, y entre las preocupaciones de la comunidad internacional por un aumento de la represión política, Estados Unidos denunció que «las condiciones actuales de represión y exclusión no son compatibles con elecciones creíbles», por lo que «la región y la comunidad internacional deben unirse al pueblo nicaragüense en apoyo de su derecho a elegir libremente su gobierno».
La investigación involucra no solo a Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), sino también a una serie de personas relacionadas con una docena de medios de comunicación que hace oposición al Gobierno de Ortega, por la supuesta violación de la ley de 2018 contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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