Editorial
Para que se produzca un acto de corrupción debe haber, al menos, dos partes involucradas: la que pide y la que paga. Ahora que la CICIG ha destapado junto al Ministerio Público (MP) los casos paradigmáticos La Línea, IGSS-Pisa, y Negociadores con la Salud –entre otros muchos–, y con el cambio de Gobierno apenas a pocos días de distancia, es oportuno pensar en una auténtica depuración de las empresas que venden bienes y servicios al Estado.
La nueva Ley de Contrataciones, aprobada por el Congreso solamente por la presión popular y el empuje de la diputada Nineth Montenegro, abre también las puertas para que se pueda cambiar ese escenario nefasto que ha servido para que, literalmente, muchos funcionarios y empresarios se enriquezcan con las exageradas ganancias multimillonarias que logran a costa de que el país siga en el subdesarrollo socioeconómico.
Sin embargo, hay que reconocer que la tarea no es sencilla. Ha sido un entramado gigantesco el que se ha ido construyendo paso a paso con mentalidad maquiavélica. Esa combinación que se logra entre una clase política ambiciosa y empresarios voraces –ambos afanados por ganar millones en poco tiempo–, hace que cada cuatro años veamos que sube sustancialmente el número de los proveedores del Estado, empresas y oenegés que se registran oficialmente para competir por negocios en los que poco importa que el fin deba ser el bien común.
Por eso ha crecido tanto el número de empresas registradas en Guatecompras, un sistema que, por cierto, ha sido tan manoseado que ha dejado de cumplir su función de promover la transparencia.
Así como existe un clamor por depurar el Congreso, las cortes, los sindicatos estatales, las instituciones autónomas y semiautónomas, la mayoría de municipalidades y, por supuesto, el Ejecutivo -recordemos que la corrupción no la manejan exclusivamente los más altos funcionarios-, debe haber también un clamor por hacer una limpia profunda de las empresas que han estado vinculadas a ese terremoto de corrupción.
Muchas veces son las mismas empresas las que promueven y generan acciones ilícitas. Son las que llevan la tentación hasta la mano de los ministros, gobernantes, alcaldes o funcionarios menores. Por supuesto que hay muchísimos casos a la inversa, en los que los funcionarios promueven o crean las empresas y oenegés, para tener un círculo propio de corrupción y compartir menos las ganancias de la vergüenza.
Los métodos que utilizan son múltiples, pero, al fin de cuentas, lo que siempre necesitan es ese vehículo que se llama empresa para poder vender un servicio o bien que permita un resultado de ganancia voraz. El que pierde es el pueblo, es Guatemala en su conjunto.
El resultado de la corrupción está a la vista en la repugnante crisis de Salud por la que atravesamos en este momento. Mientras los enfermos mueren en los hospitales y no reciben ni siquiera atención primaria en los centros de salud, la danza de millones por comisiones en la venta de medicinas, alimentos y otros productos, ha engrosado desmesuradamente las carteras de funcionarios y empresarios.
Lo mismo ha sucedido con otros negocios por investigar en el campo de la seguridad –casos que ojalá CICIG logre destapar pronto–, en donde contrataciones de cientos de millones de quetzales se han realizado con sobrevaloraciones de cámaras, compra de gasolina, etcétera, mientras las fuerzas de seguridad siguen en medio de carencias.
La lista de ejemplos es interminable. Lo importante es enfocarse también en el combate a estas empresas.
Cualquier empresario sabe lo difícil que es operar con déficit. Sin embargo, muchos de estos proveedores del Estado lo hacen acarreando deudas de decenas o cientos de millones de parte del Estado. Claro, porque la sobrevaloración de sus productos es tan grande, que les permite soportar ese tipo de situaciones… y más.
Ojalá que Jimmy Morales y su administración no acepten el registro de nuevas empresas, al menos de aquellas que tengan menos de cinco años de estar funcionando, entre otras políticas a aplicar para promover transparencia. Lo otro, que se eliminen todas aquellas que tienen alguna tacha, aunque sea la de sospecha, porque como bien dice el dicho: cuando el río suena es porque piedras lleva.
Guatemala necesita de un cambio. Ojo al otro lado de la moneda, porque también hay corrupción.