Plaza Mayor
La reelección para los cargos públicos ha existido casi desde que las sociedades modernas principiaron a regirse por constituciones y leyes. Sin embargo, también ha sido objeto de regulaciones, con el fin de que no se llegue al abuso de poder, una situación que casi siempre se encuentra en aquellos funcionarios que se perpetúan en él.
La renovación, cambio o al menos alternancia, como contraparte, ha sido el método para controlar los abusos, disminuir lo que puede llamarse poder absoluto y, en resumen, crear un método que permita la corrección y/o avance en las diferentes esferas del Estado. No está de más recordar la famosa frase de lord Acton –historiador y político inglés que vivió en el siglo XIX y principios del XX–: El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. La historia está llena de autoridades que se han perpetuado en sus cargos y han terminado marcadas por la corrupción, el despotismo y la pérdida de credibilidad en sus acciones.
La Constitución (1985) prohibió la reelección para presidente de la República, pero no lo hizo para otros cargos importantes, como los de alcalde, magistrados a las cortes y otros altos funcionarios.
Hay que partir del reconocimiento de que la reelección no es mala en sí misma; sin embargo, es pésima cuando se permite de manera continuada –como a alcaldes y diputados–, porque promueve precisamente el uso y abuso del poder para lograr la retención de un cargo importante.
El problema de la reelección se origina cuando por mandato legal no se fijan límites y mecanismos específicos. Ese es el caso de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes pueden reelegirse indefinidamente. En algunas democracias, en el sector justicia, los cargos llegan a ser incluso vitalicios. Sin embargo, se trata de democracias mucho más avanzadas que la nuestra, en las que la impunidad, el tráfico de influencias y otros vicios que la Justicia guatemalteca padece han sido superados.
En nuestro medio, la elección de autoridades de Justicia se ha politizado. Esa es tal vez la única área de la Constitución que necesita reformarse, porque ello ha permitido que la corrupción e influencias sectoriales lleguen a lo más alto de las decisiones judiciales –léase Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad–. En ningún momento se fortaleció la carrera judicial, vital para asegurar la permanencia por meritocracia.
En todo caso, el espíritu de la Constitución era corregir los autoritarismos y abusos de poder, aunque se centró únicamente en el Ejecutivo.
Ahora estamos a las puertas de una nueva elección de magistrados de la CC. La Constitución no prohíbe la reelección, eso hay que dejarlo perfectamente claro. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿queremos grandes cambios en el país?
La impresión que ha dejado el movimiento ciudadano es que sí, que se quiere cambiar de raíz lo que hemos tenido como autoridades y sistema en los últimos 30 años. En el andamiaje de la Justicia, ninguna institución es más importante que la CC, en donde podrían decidirse cualquiera de los cambios que podrían impulsarse por medios legales. También es la última instancia en que se someten a la Justicia la mayor parte de los casos, por lo que no es exagerado señalarla como el principal filtro en la lucha contra la impunidad.
No es fácil lograr absoluta transparencia en la elección de los magistrados –establecida constitucionalmente sin mayores requisitos–, pero si además el sistema insiste en no cambiar, lo mejor es mantener un poco más de lo mismo.
Sería absolutamente sano que se tomara como uno de los principios la no reelección de los actuales magistrados. No se trata de entrar a juzgar si han cumplido bien o no su función, simplemente es buscar algo mejor, algo diferente, que refresque el sistema de justicia.
La iniciativa surge del Colegio de Abogados, pero ha tenido un fuerte apoyo de la sociedad civil. La pregunta ahora es: ¿qué instituciones de las que eligen o nombran seguirán este deseo popular y necesidad nacional?