Editorial: Los peligros de la reforma constitucional

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De la misma manera que el sistema político del país ha colapsado —y muy poco o nada se ha hecho para cambiarlo—, el sistema de justicia ha llegado al punto de ser un factor determinante en el marco de impunidad que prevalece e impide el funcionamiento adecuado del Estado de derecho, más bien mancillado por la clase política que tanto daño ha causado.

Por iniciativa de la CICIG, los presidentes de los tres organismos del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se comprometieron a impulsar una reforma constitucional con miras a transformar el sistema de justicia de manera integral. Se inició también un proceso que bien podría llamarse de socialización, con discusión de la propuesta original, sometida al conocimiento y debate de élites, tanto en la capital como en el interior del país, aunque no vinculante en la redacción final.

Se puede decir que el resultado de estas consultas es un proyecto con pocas modificaciones a la propuesta original. Sin embargo, aunque se ha llevado a cabo ese esfuerzo por socializar las reformas y se cuenta con un aparente respaldo de los partidos políticos representados en el Congreso, no se puede hablar de consenso social, porque más bien empieza a surgir una fuerte oposición.

No se debe caer en el  error de llevar todas las percepciones a nivel absoluto, pero sí se puede hablar de un fuerte sentimiento a favor de la necesidad de llevar a cabo reformas al sector justicia. Sin embargo, hay diferentes puntos de vista y observaciones o rechazo a determinados cambios, algo que puede traducirse en una campaña muy reñida a favor del SÍ y el NO, sin garantía de alcanzar la aprobación requerida a la hora de la consulta popular.

El tema de mayor polémica, hasta el momento, es la potestad que se concede a las autoridades de los pueblos indígenas —plasmada en la reforma del Artículo 203—, para que de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres, puedan ejercer funciones jurisdiccionales en aplicación de justicia. 

Actualmente, la Constitución establece con claridad meridiana que: Ninguna otra autoridad —además de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales competentes— podrá intervenir en la administración de la justicia. En ese sentido, quienes objetan esta reforma consideran que se está creando un sistema de justicia paralelo, y ven el peligro de graves conflictos socio-jurídicos en el corto plazo.

Al haber incluido este tema en las reformas, queda abierta la polémica y se anticipa una fuerte batalla de los opositores. Entonces, cabe la posibilidad de que por determinadas reformas —como la de antejuicio o la creación del Consejo de la Carrera Judicial, entre otros—, se pueda perder la batalla para hacer los cambios necesarios, porque, además, hay que tener muy presente que se trata de temas muy complejos y difíciles de entender en su justa dimensión por la mayoría de ciudadanos.

Por supuesto que no existe una ley o, como en este caso, reformas que sean perfectas, pero finalmente el peligro es que los cambios se pretenden a nivel constitucional, cuando algunos de ellos pudieron resolverse por medio de reformas a leyes ordinarias.

Los peligros están a la vista: el primero es el manoseo que los diputados puedan realizar a las reformas; el segundo está en que, una vez aprobadas y refrendadas por la CC —paso indispensable—, el país se vea enfrentado entre sectores ladinos e indígenas por el Artículo 203.

A ello hay que sumar la posibilidad de que una campaña por el NO cobre fuerza y termine ganando, porque no solo se perdería la oportunidad de mejorar un sistema fallido, sino que, además, sería una inversión multimillonaria tirada a la basura en un país en el que siempre hacen falta recursos para atender los graves problemas socioeconómicos.

Sigue siendo evidente que navegamos en medio de aguas agitadas, en las que, a falta de un liderazgo fuerte y asertivo, estamos en una embarcación sujeta a los vaivenes del momento, muchas veces provocados a propósito por aquellos que luchan por mantener el statu quo.

El fin y la intención son positivos, pero el envoltorio puede complicar las cosas. Debemos esperar tormentas.