EDITORIAL: El oficialismo eligió por la pobreza, la desesperanza, la corrupción e impunidad

Compartir

Magistrados elegidos no reúnen las condiciones de independencia, honorabilidad y capacidad

Al elegir ayer como magistrados para la próxima Corte de Constitucionalidad (CC) a Dina Ochoa (titular) y el diputado Luis Rosales (suplente), el oficialismo y sus aliados en el Congreso mostraron que el sector político, vinculado a la corrupción, siguen al pie de la letra el plan para controlar el máximo tribunal del país y cerrar así el círculo de impunidad que han venido construyendo.

Al no apostar por la independencia de la CC, el oficialismo en el Congreso lo hace a favor de que Guatemala continúe sumida en la pobreza y falta de oportunidades, tomando en cuenta que ese es el resultado que ha producido la constante cadena de corrupción e impunidad que se ha construido a lo largo del tiempo, a partir del fracaso del sistema político, incapaz de resolver los problemas socioeconómicos, pero sí de fomentar los males que nos aquejan.

La magistrada Dina Ochoa, es actual magistrada en la CC y fue nombrada por el presidente Jimmy Morales. En el tiempo en que el mandatario permaneció en el cargo, ella fue obediente a los lineamientos que llegaban desde Casa Presidencial en sus resoluciones. Nunca mostró una línea independiente, como se espera de los magistrados a esa Corte.

Por su parte el diputado Rosales ha sido un abogado vinculado a una tendencia política definida, vinculada a la familia del general Efraín Ríos Montt. Llegó al Congreso apoyado por el partido Viva, organización política vinculada a la hija del expresidente de facto, Zury Ríos, quien seguramente intentará participar como candidata presidencial en las próximas elecciones. Por lo tanto, lejos de ser un personaje apolítico –como es de esperarse preferentemente–, será un magistrado sin independencia, igual que Ochoa.

En diferentes publicaciones, desde el año pasado, Crónica denunció que existe un plan del oficialismo y sus aliados –que incluyen mafias y crimen organizado–, para controlar de manera contundente la próxima corte de Constitucionalidad, para cerrar el círculo de fortalecimiento de la impunidad.

Muy pronto se darán las elecciones de magistrados del Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que seguirán los lineamientos de dicho plan. El presidente Alejandro Giammattei ni siquiera ha aceptado presentar públicamente la lista de candidatos entre la que escogerá a los magistrados titular y suplente. Ha desoído el planteamiento del vicepresidente, Guillermo Castillo, en el sentido de que haga la selección de manera transparente y pública, para ser discutida, cómo manda la ley, en Consejo de Ministros.

En la votación de ayer en el Congreso, destacó la intervención del diputado del partido Unionista, Álvaro Arzú Jr., quien dijo que la elección no es cuestión de mafias, sino es una cuestión ideológica. Dijo también que con la votación a favor de Ochoa y Rosales se inició el rescate de la Corte de Constitucionalidad. Hasta la fecha, la CC ha revertido varias resoluciones de la CSJ que apuntaban a proteger a políticos y diputados.

El oficialismo contempla también que puedan llegar magistrados afines de las otras dos instituciones que tienen que designar por mandato constitucional: La Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados de Guatemala. Ambas instituciones han mostrado en el pasado poca independencia y se sabe que hay mafias y operadores políticos tratando de influir.

La Fiscalía Contra la Impunidad (Feci), ha venido dejando al desnudo como se ha tratado de manipular las elecciones de magistrados a cortes desde las comisiones de postulación, pero eso no ha sido suficiente para detener el plan maquiavélico del oficialismo.

La administración del presidente Giammattei es permanentemente blanco de criticas y publicaciones sobre casos de corrupción, a pesar de lo cual no se conocen resultados concretos y positivos de la famosa –y desprestigiada– Comisión Presidencial Contra la Corrupción. La percepción en la población sobre la corrupción es que persiste en Guatemala, al extremo que estamos entre los cinco países peor calificados en Latinoamérica sobre esta materia, solamente detrás de Venezuela, Nicaragua, Honduras y Haití.

De acuerdo al plan –del cual Crónica tuvo información hace meses– el Congreso ha retrasado la elección de la nueva Corte, para que sean los magistrados actuales, que son muy obedientes al oficialismo, quienes designen a los magistrados correspondientes –titular y suplente–, con lo que se aseguran los tres votos, a la espera de lo que suceda en el CANG y la USAC.

Esto publicó la revista Crónica en enero pasado y se muestra el camino que están siguiendo las instituciones que designan magistrados.

En resumen, tristemente avanza el plan para controlar la justicia, con el cual se agrava la permanente crisis de institucionalidad que vive el país y se debilitan los pesos y contrapesos, tan necesarios para el buen funcionamiento de una democracia auténtica.

Lo que es claro, como se ha demostrado en diversos países del mundo –y Guatemala no es la excepción–, cuando la corrupción y la impunidad prevalecen en un país, no puede haber desarrollo económico ni social y, por el contrario, todos los males se ven agravados.

Los casos destapados por la Feci, de los señalados Mynor Moto (exjuez prófugo), Murphy Paiz (rector de la USAC en prisión), y Estuado Gálvez (exrector de la USAC, detenido), son una muestra del entramado gigante que existe para llevar al cargo de magistrados a personajes oscuros, sin independencia y comprometidos con la corrupción.

Falta por ver las consecuencias de la irresponsabilidad con que están actuando las instituciones que están llamadas a construir una mejor Guatemala y, en vez de eso, están llevando al país a un pantano peligroso del que será difícil salir.


Compartir