- Se trata de un complejo caso que incluye el tema ambiental y un potencial despojo que nunca se investigó. Destruyen bosque con 117 árboles, considerado un «pulmón de la ciudad».
- El ecocidio es la destrucción del medio ambiente de forma intencionada.
Aprovechando el ocaso del 2024 y la falta de atención pública, el pasado 27 de diciembre se concretó el ecocidio del Bosque del Acueducto, en la zona 10, cuando en apenas dos días fueron talados 117 árboles que formaban un pulmón natural del país, al amparo de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que dio luz verde a la acción de una empresa constructora.
Se trataba de un bosque de cerca de 200 años, con una una hectárea de extensión, ubicada entre la 20 calle y el acueducto de Pinula, también conocido como «Montículo de la Culebra», que albergaba numerosas especies de flora y fauna.
En mayo pasado un grupo de vecinos hizo la denuncia sobre las intenciones de un grupo inmobiliario que pretendía destruir el bosque para dar paso a la construcción de dos torres con 568 apartamentos, construida en un terreno cuyo propietario original se oponía a vender con fines comerciales.
En esa oportunidad se transmitió un video en algunos medios, en el que José Roberto de la Rosa Sánchez –don Roberto, como se le conoce–, propietario del terreno decía lo siguiente: «no lo he vendido, ni quiero venderlo y quiero que se conserve como el bosque que hay en la ciudad de Guatemala«.
Sin embargo, se supo que en medio de una enfermedad, su hermano, el médico Juan Francisco Guillermo de la Rosa Sánchez, obtuvo un poder con plenos derechos y que el terreno fue vendido por más de US9 millones. Algunos consideran que se trató en realidad de un despojo, pero nunca se actuó legalmente para atacar la legalidad del documento firmado.
Los vecinos organizados interpusieron acciones ante el INAB y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (INAB), pero un amparo de la CC favoreció a la empresa constructora del proyecto Irantú, que podría estar a punto de iniciar los trabajos de construcción.
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Los vecinos también solicitaron –sin lograr– la intervención de la Municipalidad, no solo para proteger el bosque, sino también por todo el impacto ambiental que significa la construcción de estas tsorres habitacionales, que además, tendrá un impacto vehicular en una zona en donde ya es complicada la movilidad durante la mayor parte del día.
Hasta el momento la Municipalidad capitalina y el alcalde Ricardo Quiñónez han evitado pronunciarse en torno a este complejo caso que los ambientalistas califican de ecocidio, mientras que en el ámbito jurídico persiste la duda sobre la forma en que se logró el documento que permitió el despojo del que pudo ser víctima Roberto de la Rosa.