Su uso en el país está marcado por los beneficios que presta a la sociedad y por la utilización para tareas de espionaje e intimidación de ciudadanos que realizan grupos delictivos. A partir de ahora, los aparatos voladores no tripulados deben ser registrados en la Dirección General de Aeronáutica Civil; no obstante, esta entidad no tiene facultades para sancionar.
Álvaro Alay/ aalay@cronica.com.gt
Las aeronaves no tripuladas y manejadas a control remoto —drones— tienen un pie del lado de la luz y otro en la oscuridad; es decir, su uso en el país está oscilando entre el bien y el mal.
En las últimas semanas se han hecho denuncias públicas de que estos aparatos están siendo utilizados por delincuentes en tareas de espionaje, y ello contrasta con otros usos en beneficio de la población, como en tareas de seguridad ciudadana, control del tránsito vehicular y para prevenir desastres naturales, entre otros.
Es por ello que a partir de ahora los drones deberán ser registrados en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); aunque, esta entidad no puede emitir sanciones sino solo documentar su tenencia. Y se desconoce si alguna entidad lo puede hacer, debido a que no existe legislación que norme y castigue su mal uso.
El lado oscuro
A finales de junio, la fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, denunció que se estaba planificando un atentado en su contra, y semanas después hizo público que, por las noches, un dron sobrevolaba su residencia.
A ello se suma otra denuncia que se hizo luego de que trascendiera información sobre la posible presencia de un grupo de vigilancia ilegal en la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad Presidencial (SAAS).
La actividad ilegal estaría enfocada en el control de las actividades de políticos, empresarios y activistas de derechos humanos. En este contexto el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, indicó recientemente que ha visto drones que lo han perseguido.
Durante una citación en la bancada de la UNE para tratar el tema, Jorge López Jiménez, titular de la SAAS, afirmó que sí cuentan con este tipo de tecnología, pero que únicamente los utilizan para actividades de la Presidencia, e indicó que ignora si están registrados en la DGAC.
Lizandro Acuña, analista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), considera que estos aparatos son una herramienta que puede ser utilizada para el bien de la población o, tergiversando su uso, para hacer daño.
Actualmente hay drones avanzados que tienen cámaras de alta resolución, lo cual es complicado, es por ello que es un tema que debe regularse, tomando en cuenta que la tecnología, así como beneficia a la sociedad, también puede ser utilizada por el crimen organizado, narcotráfico, entre otros ilícitos. Por ello se deben establecer reglas claras, opina Acuña.
Expertos en temas de seguridad convergen en que estas aves robóticas pueden utilizarse como una herramienta intimidatoria para vigilar residencias o dar seguimiento a una persona.
También enfatizan que, lastimosamente, debido a la versatilidad que tienen estos aparatos y su facilidad de adquisición, se prestan para actividades ilícitas y es esta la razón por la que no debe quedar únicamente en el registro —como lo está haciendo a partir de ahora la DGAC—, sino que también en la penalización; es decir, se debe de legislar para deducir responsabilidades.
David Castillo, catedrático universitario de nuevas tecnologías, afirma que estas máquinas voladoras y no tripuladas tienen acceso a lugares restringidos, lo que podría servir para tomar fotografías aéreas privadas, ya sea para intimidar o para planear algún crimen.
Útiles para la sociedad
Del otro lado de la moneda, los drones también han demostrado ser efectivos para realizar tareas en beneficio de la sociedad.
Castillo explica que los drones tienen ventajas específicamente en el área audiovisual, puesto que permiten hacer fotografías o videos para reportajes, noticias e incluso documentales.
Asimismo, comenta el académico que son empleados para trabajos topográficos donde se pueden evaluar terrenos de difícil acceso, lo cual ha sido evidenciado en el país, en desastres naturales como el deslave que se tuvo en El Cambray.
En este sentido, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) los ha utilizado para apoyar a la población en diversos temas que van desde la atención durante un desastre natural, la prevención y evaluación de obras de infraestructura como las que se han llevado a cabo en el puente Belice.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) los ha usado para evaluar terrenos y tener una mejor panorámica de las áreas protegidas de la nación.
En tanto que la Policía Nacional Civil (PNC) los ha utilizado durante operativos contra pandillas y grupos criminales, con el objetivo de obtener vistas aéreas de lo que está ocurriendo en los alrededores de lugar donde se realizada la operación y despliegue policial.
Sin lugar a dudas, la tecnología seguirá avanzando, afirman los expertos, y con ello se debe poner reglas claras para que el progreso no sea a favor del crimen.
De esa cuenta, agregan, es necesario generar una legislación que deduzca responsabilidades.