- Opiniones contrarias en redes sociales al accionar del Ministerio Público en Guatemala han provocado que sus máximos representantes pidan al gobierno de Giammattei recurrir a los cuerpos de seguridad para garantizar “su autonomía e independencia”.
Voz de América
WASHINGTON —La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Currichiche y la fiscal Cinthia Monterroso, todos sancionados por Estados Unidos en la Lista Engel, pidieron este viernes a la Corte de Constitucionalidad un amparo para conllevar acciones contra ciudadanos que emiten opiniones desfavorables a sus figuras a través de las redes sociales.
En un grueso escrito presentado al tribunal, Porras explica que se han visto “vulnerados” por usuarios de distintas redes sociales que exigen la renuncia de los funcionarios, que piden que se acabe la persecución penal y que se respete su voto.
Las opiniones de los usuarios en X como la de Vicente Carrera, que en un hilo de tuit exige la renuncia de la titular del Ministerio Público y sus fiscales porque “Sólo gente corrupta los quiere en esos puestos, el pueblo no”, representa para el ente fiscal, según su escrito, una “transgresión a la Autonomía e Independencia” de la institución.
Son “actos que conllevan desorden público, violación a los derechos constitucionales, obstrucción de la justicia y a la persecución penal con el ánimo de deponer a funcionarios públicos legalmente nombrados al motivar la renuncia de funcionarios del Ministerio Público sin que exista asidero legal que las fundamente”, reza el texto.
![Mensajes difundidos por internautas que exigen la renuncia de la fiscal y convocatorias para manifestarse son consideradas "delictivas" por la fiscalía que pide amparo de la Corte de Constitucionalidad para actuar. [Fotocomposición VOA]](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-6966-08dba5b61570_w1023_r1_s.jpg)
La fiscal general considera que las acciones de los usuarios de las redes sociales, al emitir pronunciamientos personales y llamados a la acción de la ciudadanía, conllevan a una “inminente violación (…) de Derecho a la Vida, a la seguridad y la integridad Personal, derecho a la libre locomoción y su derecho a la libertad de acción”, contra ella y contra los fiscales Currichiche y Monterroso.
Para la magistrada las opiniones en las redes sociales atentarían a su “derecho al trabajo”.
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Opiniones como las de Virginia Estrada, que en X dice: “Todos los que votamos por Semilla tenemos derecho a defender nuestro voto y si los que no votaron por ellos y los que se abstuvieron de votar quieren unirse bienvenidos”, son un “atentado” que el gobierno de Alejandro Giammattei debe reparar incluso con el “uso de la fuerza”, pide el escrito judicial.
Utilizar las redes sociales para movilización –a juicio de la autoridad fiscal de Guatemala- con convocatorias “para actos ilegales como rodear el Edificio del Ministerio Público” para exigir la renuncia de los mencionados constituiría delito por intentar “deponerlos por la fuerza”.
Piden acción de fuerzas de seguridad
El fondo del asunto –según el largo documento- es que la Corte de Constitucionalidad “emita una acción para cumplir la función preventiva, es decir buscar impedir la permanencia de la amenaza”.
#EnDefensaDeLaDemocracia 👁🗨🥁Protestan contra Consuelo Porras, fiscal general, frente al MP.
Este viernes se retomaron las protestas en contra de Porras, manifestantes gritan «el pueblo unido jamás será vencido» ante sus acciones en el proceso electoral.🧶
🎥Prensa Comunitaria pic.twitter.com/mjgZrTtFP7— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 25, 2023
Ante lo cual reclaman a los constitucionalistas y al presidente Giammattei poner a disposición a los cuerpos de seguridad del Estado “debidamente uniformadas, pudiendo ejercer la fuerza pública”, considerando que las reuniones de las convocatorias en redes sociales muestran indicios “de amenaza inminente (…) como se avizoriza en el presente caso”.
La demanda incluye como anexos de prueba –calificados de peligros- las publicaciones de internautas entre ellos los citados en esta publicación porque tienen “carácter delictivo” al provenir de “los entes políticos denunciados y sus simpatizantes”.
Guatemala atraviesa por una situación “preocupante” para analistas y observadores internacionales por la “extrema judicialización” del proceso electoral, que el domingo reciente le dio una victoria contundente al presidente electo Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, sobre el que pesa una serie de casos legales para cancelar la formación política, a la vez que siguen en pie acciones contra el sistema electoral.