La solicitud para realizar marchas el próximo 15 de noviembre en varias localidades ya fue rechazada
La Fiscalía General de Cuba ha advertido este jueves a los organizadores de una manifestación contra el Gobierno de que pueden incurrir en varios delitos si continúan adelante, tal y como han manifestado públicamente, en su intención de llevar a cabo las protestas previstas para el próximo 15 de noviembre.
La solicitud del colectivo Archipiélago para celebrar movilizaciones en ocho provincias de la isla fue rechazada el pasado 12 de octubre «por ilícitas», recuerda la Fiscalía, que avisa, «de incumplir la decisión (…) incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente».
Las autoridades cubanas han señalado que «varios ciudadanos» han sido apercibidos, tal y como marca el Artículo 156 de la Constitución, que atribuye a la Fiscalía la misión «de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales».
Por su parte, Archipiélago, sin reconocimiento legal en Cuba, informó esta semana que ante la negativa del Gobierno de la isla a permitir lo que han llamado «marcha cívica», han propuesto a la ciudadanía «una serie de iniciativas» para ampliar la participación «hacia la liberación de los presos políticos, la democracia y el Estado de derecho», cuenta en su página de Facebook.
Prevista inicialmente para el 20 de noviembre, la marcha tuvo que ser adelantada después de que el Gobierno anunciara una serie de maniobras militares de tres días que finalizarían en esa fecha elegida por el grupo opositor, en el que algunos de sus organizadores habrían estado implicados en los disturbios de las protestas de julio, según las autoridades de la isla.