Anomalías, errores, torpeza y mediocridad han marcado la actuación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que por primera vez pierde su credibilidad en un proceso electoral desde 1985.
- Lo que mal empieza, mal acaba, dice un viejo refrán popular. El proceso electoral que está por concluir en su primera fase, ha dejado al desnudo las limitaciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, como nunca antes –existe desde 1985– se mostró como una institución a la deriva, sin la capacidad para garantizar a la población su imparcialidad y eficiencia.
Análisis político
Candidatos van y candidatos vienen. A unos si y a otros no. Inscripciones aceptadas y desechadas sin parámetros claramente establecidos y con un evidente tinte discrecional fueron la voz de alarma que se disparó en las primeras de cambio con las actitudes del TSE, pero lo peor estaba aún por llegar.
Todo el proceso electoral estuvo plagado por controversiales decisiones de los magistrados del TSE, que cumplían como pocos de sus antecesores, con un segundo proceso de elecciones, pues a su cargo estuvo el de 2015, lo que hacía suponer que existía la experiencia necesaria para sacar adelante la tarea. No ocurrió así.
La historia de esta debacle se inició en 2016, cuando el Congreso de la República llevó a cabo una malintencionada reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la cual –se aseguraba– se daría una participación igualitaria de los partidos políticos al tiempo que se controlaría el famoso delito de financiamiento electoral ilícito. Ni lo uno ni lo otro. Pero el pecado de los magistrados del TSE fue que avalaron aquella reforma, a pesar que reconocían que no incluyó mucho de lo que ellos mismos propusieron como proyecto a los diputados.
El pecado no termina ahí. Luego les correspondió hacer un reglamento a la ley que hizo que todo estuviera más retorcido y que en unas elecciones dominadas por el multipartidismo –hasta 29 partidos estuvieron en carrera–, se dispararan las decisiones disparatadas, como el manejo de la pauta de propaganda de los partidos, que terminó en el desperdicio de cerca de Q200 millones invertidos en medios de comunicación sin alcance ni penetración, lo que convirtió en silenciosa una campaña que quedó diseñada a favor de los candidatos con mayor conocimiento del electorado.
La lista es larga antes del descalabro informático que dejó al desnudo todo lo malo de este TSE. Se inscribía a candidatos con claras tachas de honorabilidad, mientras que a algunos aspirantes, con los mismos señalamientos se les negaba la participación.
Falta de controles
A pesar de suspender algunas candidaturas presidenciales o para diputados y alcaldes, se permitió que siguieran haciendo campaña para favorecer a sus respectivos partidos, como fue el caso de Zury Ríos, Mauricio Radford, Alfonso Portillo y Arnoldo Vargas, lo que algunos analistas consideran fue un engañoso para el electorado, que pudo votar creyendo que eran candidatos.
Aunque el presidente del organismo, el magistrado Jorge Mario Valenzuela, se molesta cuando alguien menciona la palabra fraude, es fácil de comprender lo que sucede con la ciudadanía, que se sorprendió el lunes 17 de junio cuando empiezan a conocerse todas las anomalías con el sistema informático, hasta el extremo de tener que reconocer que el escrutinio se hizo con una plataforma para 20 partidos, cuando desde un inicio se sabía que serían bastantes más de 20 los participantes.
Un presidente de centro de votación lamentó a Crónicaque este TSE estuviera destruyendo en un proceso la credibilidad que se había venido construyendo a partir de 1985. Nunca se habían producido tantas denuncias de anomalías ni se había perdido tan clara y fuertemente la credibilidad en las autoridades electorales.
De hecho, lo que está salvando la crítica situación provocada por las decisiones erráticas de los magistrados, es la garantía que siguen transmitiendo los voluntarios que trabajan en las mesas y centros de votación.
Generadores de dudas
Desde antes de los comicios principiaron a brotar dudas y temores de fraude entre la ciudadanía. Cabe recordar que días antes de las elecciones se producen dos anuncios que aún hoy llenan de dudas: las vacaciones –ausencias clave– de Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos y de Oscar Schaad, fiscal de Delitos Electorales.
Si en su momento se elevaron expresiones de malestar y protesta por la salida de estos funcionarios importantes en el TSE y el MP, no faltó quien destacara que el fiscal que asumía estas funciones, Rafael Curruchiche, goza de mala fama y de ser una persona manipulable.
A pocas horas de la votación, los magistrados anunciaron que se prohibía el uso de cámaras de los teléfonos en las mesas receptoras, algo que provocó una fuerte reacción de diversos sectores, por considerar que era una medida que parecía apuntar en contra de la trasparencia en el manejo de los datos.
Estos hechos, así como la falta de capacitación que se dio a los miembros de las mesas electorales, según denuncia de Carmen Aceña en el programa a Primera Hora, fueron creando un clima de incertidumbre que seguramente tendrá efecto todavía en la segunda vuelta electoral, cuando el abstencionismo se dispare.
Sin precedentes
Todas las anomalías que se dieron antes, durante y tras las elecciones, colocan a este TSE como el que más irregularidades ha provocado o ha vivido en todo caso. En los procesos anteriores se mantuvo la credibilidad y se mostró siempre transparencia, al extremo que el propio día lunes después de los comicios se tenían resultados parciales pero totalmente confiables y verídicos.
Las normas y disposiciones transitorias de los magistrados anteriores apuntaron siempre a dar certeza a los votantes y no provocaron –como ahora si ocurrió– incertidumbre y dudas.
La gran mancha entre los observadores internacionales la dejó la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por Luis Guillermo Solís, al declarar que no hubo fraude, en medio de la ola de señalamientos e impugnaciones que se estaba produciendo por las fallas informáticas.
Es más, dicha misión elogió el trabajo de los magistrados, ignorando todos los inconvenientes que provocaron a causa de sus decisiones antojadizas y erráticas.
La mayoría de organismos de observadores –nacionales e internacionales– se mantuvieron en silencio mientras persistían en el ambiente todas las dudas por las incongruencias en los resultados, algo que tampoco había sucedido en ocasiones anteriores, en donde pronto se tenían pronunciamientos a favor de la trasparencia mostrada. Esta vez ni una cosa ni la otra.
Candidatos con tachas
A pesar que en ocasiones se negaba la inscripción de algunos candidatos por tener tachas en su honorabilidad –Alfonso Portillo y Arnoldo Vargas, por ejemplo–, varios personajes con señalamientos fueron inscritos y lograron su reelección, tanto para el Congreso de la República, como para municipalidades.
Entre estos, encontramos este listado parcial, a la espera del definitivo:
- Diputado José Armando Ubico Aguilar.
- Diputado José Javier Hernández Franco.
- Diputado Herber Armando Melgar Padilla.
- Diputada Karla Andrea Martínez Hernandez.
- Diputado Julio Francisco Lainfiesta.
- Diputado Orlando Blanco.
- Alcalde Esduin Javier Javier (Ipala, Chiquimula).
- Alcalde Erik Súñiga (Ayutla, San Marcos).
- Alcalde Walfredo Castillo (San José Acatempa, Jutiepa).
- Alcaldesa Elizabeth del Cid Medrano (Chinautla).
- Alcalde Gustavo Recinos (Barberena).
- Alcalde Otoniel Lima Recinos (Nueva Concepción)