La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó, sin entrar a conocer, una solicitud de antejuicio planteada por el abogado Otto Gómez, quien accionó en contra de los jueces de Mayor Riesgo Erika Aifán, Yassmin Barrios, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez.
La justificación de Gómez fue que los togados llegaron al Ministerio Público a solicita que se desestimen denuncias espurias en su contra.
Los delitos por los que eran acusados los jueces son. Coacción, abuso de autoridad, abandono del cargo, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, denegación de justicia, conspiración, obstrucción de justicia y retardo de la justicia.
Es de mencionar que el abogado Otto Gómez presentó recientemente una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo 59-2019, mediante el cual se creó la Fiscalía Especial contra la Impunidad dentro de la estructura organizacional del Ministerio Público.
Piden desestimar denuncias
Los jueces presentaron en el Ministerio Público una solicitud para que las denuncias en su contra sean desestimadas, ya que las consideran “espurias”.
Los profesionales indicaron que a las querellas contra ellos sí se les da seguimiento, pero ocurre lo contrario con las que ellos han presentado, pues se atienden con lentitud o han sido desestimadas.
Asimismo, señalaron que las acciones para amedrentarlos persisten como una medida de presión psicológica para que no resuelvan basados en la ley.
“Cómo es posible que haya denuncias de años, hay hostigamiento a los jueces, se me ha estado hostigando con personas armadas, eso es atentar en contra del Organismo Judicial (OJ)”, denunció el juez Gálvez.
Los togados denuncian hostigamiento, amenazas, persecución por su trabajo. Afirman que los vehículos sin placas los persiguen.
La jueza Barrios dio a conocer que la semana pasada la División de Protección a Personalidades y de Seguridad (DPPS) de la Policía Nacional Civil (PNC) recibió directrices para informar sobre sus movimientos y novedades que se producen.
“Mi trabajo es libre y no tengo nada que esconder pero sí me preocupa porque tengo medidas cautelares y el Estado de Guatemala está obligado a garantizar mi seguridad y la de mi familia”, detalló Barrios.