- La UE cree que «pone en duda» el compromiso del Gobierno con la justicia
El servicio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha mostrado este martes su preocupación por el renovado nombramiento como fiscal general de Guatemala de Consuelo Porras, acusada de frenar investigaciones anticorrupción con la apertura de accione legales contra abogados y jueces independientes.
El portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, sostiene que la decisión del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, de volver a nombrar a Porras como fiscal general «genera inquietudes sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas de combatir la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial».
Stano apunta que «bajo la supervisión» de Porras, la Fiscalía de Guatemala ha llevado a cabo acciones legales contra «varios jueces, abogados y fiscales independientes» que estaban investigando «casos de corrupción de alto nivel».
«Esto ha derivado en sus arrestos y la pérdida de su inmunidad judicial», ha lamentado Stano, quien ha calificado estas maniobras como «parte de un patrón más amplio de intimidación y hostigamiento» que ha provocado la salida del país de más de una veintena de profesionales de la justicia.
«El estado de derecho y las instituciones fuertes e independientes son esenciales para el éxito, la inclusión y la sostenibilidad del desarrollo social y económico de Guatemala», señala el portavoz en un comunicado.
«El papel del fiscal general es crucial, incluso en la dirección de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es indispensable que esta función se ejerza con integridad, imparcialidad y con pleno respeto al orden constitucional, y evitando actuaciones que tengan por efecto lesionar la independencia judicial», ha subrayado.
Giammattei ha renombrado este lunes por otros cuatros más a Porras, a quien Estados Unidos tiene prohibida desde este martes la entrada a ella y a su familia por participar en actos de «corrupción significativa», así como por obstruir y socavar, de forma repetida, las investigaciones anticorrupción en el país.
Ya en septiembre de 2021, el Departamento de Estado estadounidense ya incluyó a la fiscal en una lista de «actores corruptos y antidemocráticos» por la defensa por «proteger» a sus aliados políticos a cambio de «favores».