Corte Interamericana de DDHH declara a gobierno de Ortega en «desacato permanente»

  • Nicaragua no ha cumplido con la orden dictada por ese organismo a favor de 45 presos políticos; el caso llega al Consejo Permanente de la OEA para hacer valer las órdenes decretadas.

SAN JOSÉ, COSTA RICA —  La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el martes un comunicado en el que declara “en desacato permanente” al Estado de Nicaragua con respecto a las medidas provisionales dictadas por este organismo a favor de 45 presos políticos detenidos en al menos 8 centros de detención de la nación centroamericana.

La Corte emitió en junio de 2021 una resolución en la que requirió al Estado nicaragüense la liberación “inmediata” de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como para el expresidente del sector privado, José Adán Aguerri.

El organismo también emitió otras resoluciones en septiembre y noviembre de 2021, así como en mayo y octubre de 2022 sobre los presos políticos que tampoco fueron atendidas por gobierno nicaragüense liderado por Daniel Ortega. La Corte dijo que esto constitutye “un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal”.

“Contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal, lo que pone en una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo en que se encuentran los beneficiarios”, indicó la Corte.

Abogados y familiares de presos políticos en las afueras de la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.
Abogados y familiares de presos políticos en las afueras de la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.

El Tribunal instruyó al Presidente de la Corte para que presente ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un informe sobre la situación de desacato permanente y “desprotección absoluta en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales”.

El siguiente paso sería que el Tribunal inste al Consejo Permanente de la OEA para que se asegure la efectividad de la Convención Americana y se dé seguimiento al tema.

Actualmente Nicaragua se encuentra en un proceso para salir de la OEA tras haber acusado al organismo de ser “una colonia injerencista de Estados Unidos”. Este mes se cumplió el primero de dos años requeridos para concretarse la decisión.

Los analistas han indicado que mientras Managua siga en la OEA está obligado a acatar las medidas dictadas por el organismo.

¿Qué dice el gobierno de Ortega?

De acuerdo con la Corte Interamericana, el Estado de Nicaragua ha enviado 19 comunicaciones relacionadas al ex aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro y otros opositores con medidas cautelares en las que ha manifestado el rechazo a estas “por considerar que las mismas siguen el guión impuesto por Estados Unidos e “incluyen una narrativa parcializada”.

Según la Corte, el Estado además ha sostenido, que las medidas son “amenazas conferidas al manifestar que el no cumplimiento de las medidas coercitivas y unilaterales que emite, traería consigo posibles responsabilidades internacionales» las cuales «no los amedrentan».

En relación con la situación de los beneficiarios, el Estado ha indicado que las medidas de la Corte «constituyen un acto de irrespeto a la soberanía y a la seguridad de la nación».

«Que la Corte haga eco de las contínuas y distorsionadas historias de quienes se dicen representar a estas personas, en un único y estratégico plan para desestabilizar al gobierno y obviar la responsabilidad de ellos, en los procesos criminales que hoy enfrentan”, indicó el Estado nicaragüense.

Actualmente Nicaragua enfrenta una crisis sociopolítica que surgió hace cuatro años en el país centroamericano tras unas protestas antigubernamentales que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados.

El gobierno de Ortega ha detenido a más de 200 opositores y ha liquidado a unas 3.000 organizaciones no gubernamentales tras señalarlas de intentar darle un golpe de Estado, algo que ha sido rechazado por la comunidad internacional.

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