Caracas, Venezuela |
por Alexander MARTINEZ / Alex VASQUEZ
El máximo tribunal venezolano dio marcha atrás este sábado a dos sentencias con las cuales se adjudicó las facultades del Parlamento dominado por la oposición y que además conferían amplios poderes el presidente Nicolás Maduro.
La decisión fue resultado de un acuerdo entre los representantes de los poderes públicos -excepto el Legislativo- convocados por Maduro tras el fuerte rechazo internacional que desataron los fallos emitidos esta semana.
Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «suprimió» partes de ambas sentencias.
Así, por un lado revirtió su decisión de asumir las funciones de la Asamblea, alegando que se encontraba en «desacato» a sus fallos, y del otro anuló los poderes que había otorgado a Maduro para revisar la legislación sobre delincuencia organizada y terrorismo.
La corte había justificado esos poderes en el estatus de desacato en que declaró al Parlamento hace más de un año, y ante la posibilidad de que en el país se estuvieran cometiendo «delitos militares».
Las cabezas de los podres públicos -agrupados en el llamado Consejo de Defensa- acordaron en la madrugada «exhortar» al TSJ a «revisar» los fallos para «mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes», según un comunicado.
Fueron convocados por Maduro para zanjar diferencias luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara el viernes que los fallos del TSJ suponían una «ruptura del orden constitucional».
– Rechazo al acuerdo –
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, se negó a acudir alegando que Maduro es «responsable del quebrantamiento del orden constitucional» y no podía «pretender ahora ser mediador».
Borges había dicho el viernes que la voz crítica de la fiscal demostraba que el gobierno está fracturado, e instó a la Fuerza Armada y los demás poderes a emularla.
A la cita no concurrió Ortega, pero según Maduro hubo «conversaciones» con ella durante el Consejo.
El vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, había rechazado más temprano el acuerdo, cuando aún no se conocían las modificaciones a los fallos.
«Una revisión de la sentencia que deje todo como estaba antes no resuelve un golpe de Estado. Presión nacional e internacional seguirá hasta que se restituya el hilo constitucional», advirtió Guevara en Twitter.
Las decisiones del TSJ generaron fuerte rechazo internacional, especialmente el que le quitó las competencias a la cámara.
Este sábado la canciller Delcy Rodríguez tiene previsto entregar un documento en el TSJ, en un acto al que convocó a diplomáticos.
La oposición acusa a Maduro de haber perpetrado un «golpe de Estado», mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un «autogolpe».
Pero el mandatario respondió el viernes que «en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos».
– Movilización bajo advertencia –
Fortalecida por la presión internacional sobre el gobierno, la oposición a Maduro se movilizan este sábado bajo advertencias del presidente de que enfrentará cualquier «aventura golpista».
Decenas de adversarios se concentraban en una plaza de Caracas, donde el bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene previsto sesionar y anunciar protestas.
Tras un período de letargo en el que, según encuestas, perdió apoyo de sus seguidores al fracasar un diálogo con el gobierno, la oposición volverá a las calles para exigir respeto a la Asamblea y elecciones para superar la grave crisis política y económica.
El TSJ declaró en desacato al legislativo por considerar que no desvinculó a tres asambleístas opositores acusados de fraude electoral.
Ante la andanada de críticas, Maduro lanzó el viernes una dura advertencia a la oposición.
«Que nadie esté aprovechando esta circunstancia para aventuras, porque la voluntad para enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle», desafió el presidente, cuya figura rechazan siete de cada 10 venezolanos, según encuestas.
Maduro declaró ser víctima de un «linchamiento diplomático» y de un plan liderado por Estados y gobiernos de derecha, a través de la OEA, para derrocarlo.
Pese a ello, reiteró que está dispuesto a reactivar el diálogo que la MUD congeló en diciembre pasado, alegando el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos sobre un cronograma electoral y liberación de opositores presos.
El proceso es auspiciado por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Para declarar que los fallos del TSJ constituyen «una violación del orden constitucional», un grupo de 13 países presentó un proyecto de resolución para ser debatido el próximo lunes en una sesión del Consejo Permanente de la OEA.