Corrupción, nepotismo, impunidad y mínima efectividad: política antidemocrática impera

Corrupción, nepotismo, impunidad y mínima efectividad: política antidemocrática impera

En el año preelectoral se puede sentir sentimiento de frustración y confusión en el país

Hace 35 años (1986) se inició con mucho entusiasmo y esperanzas, la llamada nueva era democrática.  Hasta la fecha han sido electos popularmente nueve gobiernos de partidos diferentes, sin que en el país se haya consolidado una democracia funcional, principalmente porque ha prevalecido la vieja política que deriva en corrupción e impunidad.

Análisis de Crónica

El tiempo ha transcurrido y el país no encuentra la senda para el fortalecimiento de la democracia.  Corrupción, nepotismo, impunidad, mínima efectividad administrativa, carencia de políticas públicas y permanente crisis institucional, son la nota destacada que muestra el marcado deterioro de la política nacional.

Frustración, malestar y desesperanzas es lo que se puede percibir en este 2022, un año prelectoral, en el cual empezarán a definirse las opciones políticas de cara a las elecciones de 2023, previstas por el Tribunal Suprema Electoral (TSE) a celebrarse el 25 de junio en primera vuelta y el 20 de agosto la segunda vuelta –de ser necesaria–.

La mayor parte de analistas políticos ven un marcado deterioro desde que retornó la democracia en 1986, pero sobre todo, que se ha seguido una ruta de descomposición, al extremo de suprimir la independencia del sistema de justicia, supeditándolo al poder político y más precisamente a la alianza oficialista, empeñada en promover impunidad.

Ese sistema político ha dado muestras de fragilidad, al extremo que, en tres décadas y media, ningún partido ha logrado consolidarse y prácticamente todos los que han ejercido el poder por cuatro años han terminado de manera similar, con señalamientos de corrupción y marcados por la incapacidad para encausar al país por la senda del desarrollo.

ENTREGA DE ESTAFETA: Los cambios de gobierno no significan cambios en la conducción del país, sino la entrega, de uno a otro –Jimmy Morales a Alejandro Giammattei–, del permanente quehacer político.

El ciclo de vida de los partidos que han formado gobierno muestra que tras llegar al poder empiezan un proceso de extinción.  Hasta la fecha han desaparecido los siguientes partidos:  Democracia Cristiana (DC); Movimiento de Acción solidaria (MAS); Frente Republicano Guatemalteco (FRG); Gran Alianza Nacionalista (Gana); y Partido Patriota (PP), mientras que se encuentran reducidos a su mínima expresión el Partido de Avanzada Nacional (PAN); y FCN-Nación, en tanto que la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) se debate entre una lucha interna y su posible cancelación.

Enfoque en corrupción

Lo que parecía una tónica de corrupción de cuello blanco, se ha ido transformando en un virtual asalto a las arcas nacionales, que se repite cada cuatro años con la llegada de nuevas autoridades, nuevos partidos, y un grupo diferente que asume la vieja política con sus mañanas y procesos para fortalecer el marco de impunidad que se ha convertido cada vez en más sólido.

La huella de la corrupción se ha mantenido, con algunos puntos más álgidos, hasta convertir al Estado en un rehén en manos de corruptos.  La ruta no es difícil de seguir y comprobar.  Vinicio Cerezo y la DC empezaron un proceso de privatizaciones y concesiones oscuras: Aviateca y la primera banda de telefonía celular se entregaron prácticamente a dedo.

Jorge Serrano y el MAS tuvieron serios señalamientos por diversos actos, pero lo peor fue el intento de golpe de Estado del propio mandatario, quien logró huir a Panamá, en donde vive un exilio dorado, con dinero que solamente pudo salir de negocios oscuros durante su administración.

Luego llegaron las privatizaciones de Álvaro Arzú, que se hicieron bajo la modalidad de entregar o hacer concesiones onerosas para el país.  Se vendió la telefonía de la forma más burda y descarada a un comprador creado exclusivamente para ese negocio y luego fue Luca S.A. la que termina vendiendo a Carlos Slim, con un precio de sobreventa que nunca se conoció. 

Hubo muchos negocios similares en esa administración, que ni siquiera fueron investigados.

Ya para entonces era evidente que los políticos y gobernantes de turno necesitaban mantenerse bajo un manto de impunidad, que se construía a pasos agigantados, en una práctica que se trasladaba como estafeta de gobierno a gobierno.

En el Congreso se impulsan acciones para favorecer la política de la alianza oficialista.

La administración del FRG y Alfonso Portillo fue más descarada y muchos de sus actos deshonestos fueros descubiertos.  El escándalo más grande se dio de parte del propio mandatario, quien recibió cheques a su nombre del gobierno de Taiwán y de una telefónica, aunque hubo casos peores, como el saqueo del Crédito Hipotecario Nacional, que también quedó bajo el manto de la impunidad.

La lista se hace interminable.  Lo que sí se comprueba es que el sistema político se fue corrompiendo cada vez más, hasta llegar a los escándalos del PP y de la administración de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, que terminaron con ese gobierno.

Auge y caída de la CICIG

El deterioro de la institucionalidad y la democracia guatemalteca a causa de la corrupción alcanzó tales niveles, que tuvo que darse la intervención de un organismo internacional, toda vez que parecía imposible que el sistema de justicia del país pudiera enfrentar al mundo político, hundido ya en el fango de la inmoralidad administrativa.

Es entonces cuando en el 2015 brotan, ante el clamor popular, una serie de investigaciones por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre casos de corrupción que previamente habían sido denunciados por la prensa.  El resultado fue la renuncia y cárcel para la vicepresidenta Baldetti primero, y luego siguió el mismo camino Pérez Molina.

En los siguientes años, la CICIG denunció y desnudó la forma en que el sistema político guatemaltecos estaba corrompido, pero al mismo tiempo advirtió sobre el avance de los políticos en el control de la justicia, con el sonado caso de investigación sobre las comisiones paralelas, con el fin de controlar los nombramientos del fiscal general y los magistrados a las cortes de justicia, entre otros.

La llegada a la presidencia de un cómico sin pasado político, Jimmy Morales, hizo pensar que habría un cambio en el quehacer político.  El error fue grave, pues el cambio de gobierno no hizo más que pasar la estafeta de un grupo político corrupto a otro igualmente degradado en sus principios y valores.

Morales no tardó demasiado en iniciar un enfrentamiento con la CICIG, hasta lograr que terminara su mandato en Guatemala, lo que supuso un golpe a la justicia y con ello lograr que las viejas prácticas continuaran.

Frases que resuenan

En el año 2016, Crónica realizó una investigación periodística para determinar si el gobierno de Jimmy Morales representaba algo nuevo o era el continuismo de lo que se llamó la Vieja política.

Vale recordar algunas de las frases expresadas en aquel momento por representantes de la sociedad civil, para comprobar que más de cinco años después, la critica situación persiste, así como las prácticas amañadas de la clase política.

Mientras no se reforme el Congreso y se depuren las instituciones del Estado nada va a cambiar, porque se siguen reciclando los funcionarios y políticos.  Esto dijo en aquella ocasión Hellen Mack, y vemos que hoy el escenario es el mismo, aunque ha empeorado la situación a nivel institucional.  De hecho, la institucionalidad ha visto agudizar su crisis en este último lustro.

La activista de derechos humanos, Ana María Klein, dijo entonces a Crónica:  no se ha logrado sacudir ese bagaje malísimo que se arrastra por parte de los partidos políticos, los cuales siguen usando los mismos sistemas y trucos para conseguir sus objetivos perversos. Palabras que suenan también actuales.

Por su parte, el empresario Jaime Matus consideraba otro aspecto que sigue siendo una necesidad hoy:  para comenzar a hacer una nueva política es necesaria una reconversión de los partidos, que se democraticen y que los aspirantes a cargos de elección sean personas preparadas e idóneas para los cargos.

En aquel momento se discutían reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP)y, aunque no se confiaba en el Congreso para promover cambios positivos, se pensaba que al menos habría algún avance.  Sin embargo, se cumplieron los peores pronósticos y las reformas aprobadas significaron un retroceso más que avance.

Las protestas, intensas en un tiempo, han decrecido por diversas causas, pero sobre todo, la pandemia, la confusión y la división ideológica que se viene promoviendo desde el gobierno de Jimmy Morales, para hacer ver el movimiento anticorrupción como algo ideológico de izquierda.

Una ronda de consultas con expertos –más de 15–, muestra que la situación desde aquel entonces se deterioró.  Lo aceleró la actitud de Morales, al frenar de golpe la lucha contra la corrupción y la impunidad, y esa actitud se ha acentuado durante los primeros dos años de la administración de Alejandro Giammattei, cuando se forma la alianza oficialista, que hereda la filosofía del llamado pacto de corruptos.

El próximo enredo electoral

Una de las formas que el sistema político guatemalteco ha encontrado para crear una especie de dictadura de sistema, ha sido la de crear y construir un esquema de partidos políticos que no sea funcional para los intereses de la democracia, pero si para la clase política, más empeñada en el enriquecimiento propio que en el desarrollo nacional.

En ese sentido, se ha diseñado un multipartidismo, que responde al concepto puesto en práctica y desarrollado por dos emperadores que dominaron en su época: el romano Julio César, y el francés Napoleón Bonaparte.  Ambos sostenían el principio de divide y vencerás o divide y domina, que se aplica a la Guatemala de hoy.

Bajo el concepto democrático, se ha propiciado el surgimiento de partidos, que están llegando a su extremo en este 2022.

De acuerdo con información del TSE, es posible que en las elecciones generales de 2023 se rompan todas las marcas en cuanto al número de partidos políticos participantes.  Al 3 de enero pasado había un total de 20 partidos políticos constituidos y reconocidos, pero al mismo tiempo hay 30 comités que esperan ser inscritos antes de la convocatoria oficial.

Es decir que, si la mitad de esas organizaciones embrionarias alcanzan su meta, serían 45 partidos políticos los que estarían habilitados para participar en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Una participación tan grande serviría tan solo para hacer que los partidos o candidatos con mayor nivel de conocimiento y experiencia sean los que ganen con facilidad.  Eso explica en parte como es que los candidatos presidenciales intentan una y otra vez llegar a la presidencia y en ocasiones lo logran después de varios intentos.  Álvaro Colom participo en tres ocasiones, Giammattei en cuatro, y la mayoría de los demás lo hicieron en al menos dos veces.

Las malas prácticas persisten

Al no haber cambio de fondo entre un gobierno y otro, hacen que las malas prácticas se hereden y continúen.  Eso explica el deterioro en las legislaturas –cada vez hay menos buenos ciudadanos que quieran llegar al Congreso– y en como los presidentes ganan las elecciones con promesas falsas que el pueblo termina creyendo.

Durante los gobiernos militares del siglo XX, la impunidad era un manto protector ante las violaciones a los derechos humanos.  Eso cambió cuando el poder pasó a manos civiles, pero se sigue promoviendo la impunidad, aunque ahora destinada a encubrir la corrupción.

Las malas prácticas –sobornos, plazas fantasmas, tráfico de influencias y demás– se ven aumentadas cada cuatro años, lo que obliga a buscar la forma de hacer crecer el manto protector –la impunidad–.  Es a estas tareas que los últimos gobiernos han dedicado su mayor esfuerzo.

La vieja política no muere.  La vieja política se hereda, sin importar que el siguiente partido no sea el propio.  Es una herencia del sistema… la herencia de la corrupción y la impunidad.