- Critico informe del año 2022 presenta el Departamento de Estado sobre Guatemala.
La embajada de Estados Unidos ha divulgado el Informe anual (2022) en materia de Derechos Humanos en Guatemala, en el que destacan que en el país persiste la corrupción, hay impunidad y se persigue y acosa a defensores de derechos humanos, jueces y fiscales independientes, así como a periodistas y medios de prensa,
El informe dice que «entre los problemas significativos de derechos humanos figuran informes creíbles sobre: condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; detenciones y encarcelamientos arbitrarios; represión transnacional contra personas en otro país, incluidas amenazas, persecución, vigilancia, coacción y el mal uso de las herramientas internacionales de aplicación de la ley; graves problemas de independencia del poder judicial; serias restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, incluidas amenazas de violencia contra periodistas y detenciones o procesamientos injustificados de periodistas; grave corrupción gubernamental; falta de investigación y rendición de cuentas por violencia de género; y restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores, incluidas violencia y amenazas contra dirigentes sindicales».
En el informe ejecutivo se dice también que «la impunidad, incluida la de funcionarios de alto nivel, continúa siendo generalizada. La corrupción, los esfuerzos de la delincuencia organizada por garantizar la impunidad y el debilitamiento de las instituciones de lucha contra la corrupción y del poder judicial por parte de agentes políticos corruptos dificultaron la investigación y el procesamiento efectivos de los delitos, incluidos los de corrupción y abusos contra los derechos humanos, en los que estuvieran implicados funcionarios públicos».
El Diario Militar y persecución de fiscales y jueces
El informe detalla que el juez del Tribunal de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, «recibió un número creciente de amenazas tras su asignación al histórico caso de abusos contra los derechos humanos de la época del conflicto armado interno, conocido como Diario Militar, lo que le llevó a abandonar el país el 4 de noviembre y a renunciar al tribunal».
El caso implicaba a exmilitares en casos de desaparición forzada y tortura durante el conflicto armado interno . Los presuntos ataques contra Gálvez aumentaron tras la detención de Toribio Acevedo Ramírez, ex militar, por la supuesta participación de Ramírez en los crímenes. La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentó denuncias legales contra Gálvez «y lo atacó en las redes sociales. El Tribunal Supremo investigó una denuncia presentada por la FCT en mayo, retomando la denuncia contra Gálvez, casi inmediatamente después de su presentación, y el Ministerio Público ha manifestado su intención de solicitar la extradición de Gálvez desde el exilio», pues el ahora exjuez tuvo que salir del país temiendo que sería encarcelado sin un juicio justo.
Por cierto que el representante de la FCT, Ricardo Méndez Ruíz ha sido incluido en la Lista Engel, formada por aquellas personas a las que el gobierno de Estados Unidos considera «antidemocráticos y corruptos»
El informe reconoce que la ley prevé un poder judicial independiente, pero destaca que «en general, el sistema judicial no proporciona juicios justos u oportunos debido a la ineficacia, la corrupción y la intimidación de los jueces». En contraposición a las acciones que favorecen a los corruptos y exmilitares, el MP obtiene «rápidamente órdenes de arresto contra fiscales anticorrupción anteriores y actuales, apenas unos días después de recibir denuncias legales contra ellos. Algunas de estas denuncias fueron presentadas por personas y organizaciones con un historial de amenazas a funcionarios de justicia. Los jueces retrasaron los procedimientos para que esos mismos fiscales anticorrupción permanecieran en prisión preventiva más allá de lo que permite la ley»
Luego describe que el 7 de julio, el Congreso «aprobó un decreto ley sobre la integración de los miembros de la Corte de Constitucionalidad, que confirmó el nombramiento de Héctor Hugo Pérez Aguilera en lugar de la inicialmente elegida Gloria Porras, haciendo así permanente la destitución de Porras, una magistrada del tribunal elegida de forma transparente. Porras salió del país en abril de 2021 y permanece en el extranjero desde octubre de 2022».
También se destaca la actitud del Congreso y la alianza oficialista, que se niegan a elegir nueva Corte Suprema de Justicia. Dice el informe que «el proceso de selección para la elección por el Congreso de 13 magistrados de la Corte Suprema y 135 magistrados de tribunales de apelación continuó en gran medida sin resolverse. Los magistrados en ejercicio del Tribunal Supremo y de 269 tribunales de apelación permanecieron en sus cargos», una situación anómala que sde ha prolongado por más de 3 años.
Persecución a luchadores contra la corrupción
Se reporta que el MP inició procesos judiciales en Guatemala contra ex funcionarios de alto nivel que se encontraban fuera del país, incluyendo al exfiscal titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y otros fiscales, para hostigar y reprimir a estos ex funcionarios.
La exfiscal General Thelma Aldana y su esposo, magistrado de la Corte de Apelaciones, fueron investigados por lavado de dinero en un caso caracterizado como motivado políticamente por organizaciones anticorrupción. Thelma Aldana abandonó Guatemala en 2019 después de que las autoridades emitieran una orden de arresto contra ella. Aldana había cooperado y trabajado estrechamente con la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, respaldada por la ONU, durante su mandato como fiscal general en 2014-18.
Los amigos, familiares y asociados de Sandoval y Aldana que permanecieron en el país, según los informes sufrieron acoso diseñado para ejercer presión sobre esas personas.
Libertad de prensa y caso Zamora
Violencia y acoso: Los medios de comunicación independientes se mantuvieron activos y expresaron una amplia variedad de opiniones. Pero el informe hace ver que «no obstante, los reporteros que cubrían el crimen organizado, incluidos sus vínculos con funcionarios públicos corruptos, reconocieron practicar la autocensura debido al peligro que el periodismo de investigación suponía para ellos y sus familias. Muchos periodistas denunciaron haber sido acosados, procesados o haber tenido que huir del país tras publicar trabajos críticos sobre ciudadanos influyentes. Miembros de la prensa denunciaron haber recibido presiones, amenazas y represalias de funcionarios públicos y organizaciones delictivas por el contenido de sus informaciones. A lo largo del año continuaron los ataques en línea contra periodistas y medios de comunicación independientes».
Entre ellos se incluían el pirateo de cuentas privadas de periodistas en redes sociales, la publicación de información personal robada o falsificada y la realización de intentos aparentemente coordinados de socavar a periodistas y medios de comunicación concretos.
En un ejemplo de acoso, el 14 de enero se emitió una orden de arresto contra el periodista Carlos Choc, del periódico Prensa Comunitaria en Izabal, por supuestamente instigar a la violencia y agredir físicamente a 13 policías durante una protesta contra la mina de níquel en El Estor, Izabal, en 2021. Choc informó sobre el supuesto uso de gases lacrimógenos por parte de la policía en esa protesta. Choc también acusó a Solway Investment Group, propietarios de la mina, de operar ilegalmente, dañar el medio ambiente y violar los derechos de los pueblos indígenas. El 13 de septiembre, un juez retiró los cargos contra Choc.
Sobre el caso del periodista José Rubén Zamora, el informe recuerda que «el 29 de julio, la policía detuvo a José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, acusado de blanqueo de dinero, tráfico de influencias y extorsión. El juez Fredy Orellana procesó a Zamora el 9 de agosto y le impuso prisión preventiva hasta la vista del juicio preliminar, el 8 de diciembre. El Ministerio Público congeló las cuentas bancarias de El Periódico el 1 de agosto. En octubre, el Ministerio Público levantó el congelamiento de algunas cuentas tras no encontrar pruebas de irregularidades por parte del periódico, mientras que mantuvo el congelamiento de otras cuentas. El 19 de agosto, el Ministerio Público y agentes de la PNC detuvieron a Flora Silva, gerente financiera de El Periódico, tras un allanamiento de seis horas en su residencia, sin notificarle los cargos que se le imputaban. Posteriormente, el Ministerio Público emitió un comunicado de prensa en el que alegaba que Silva conspiraba con Zamora para blanquear dinero».
Organismos internacionales han denunciado una serie de irregularidades que se han visto a lo largo de los procesos abiertos contra el periodista Zamora.
El MP persigue a fiscales y exfiscales
Entre febrero y mayo, la fiscal general Porras y el Ministerio Público emitieron órdenes de detención contra al menos ocho fiscales y ex fiscales anticorrupción por presuntos delitos, incluido abuso de autoridad, cometidos durante su etapa como fiscales. Los fiscales permanecieron en prisión provisional y preventiva durante semanas y sufrieron múltiples retrasos en sus comparecencias. Gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales denunciaron las detenciones y pidieron garantías procesales y transparencia. Desde el despido en julio de 2021 de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FECI, «al menos 20 fiscales de la FECI fueron destituidos, trasladados o renunciaron por temor a represalias. Varios se han exiliado desde entonces» reseña el informe.
También explica que «las amenazas contra jueces independientes debilitaron los esfuerzos anticorrupción. Los jueces que presidieron causas penales de alto perfil se enfrentaron a continuos intentos de despojarlos de su inmunidad, cuya pérdida los expondría a posibles procesamientos y represalias por sus resoluciones judiciales. En marzo, Erika Aifan, galardonada con el premio Internacional a la Mujer de Coraje y ex jueza de tribunales de alto riesgo, dimitió de su cargo y abandonó el país tras enfrentarse a múltiples amenazas contra su inmunidad judicial presentadas por agentes corruptos».
El caso de Stalling
como una muestra de las definciencias y parcialidad del sistema de justicia, el informe del Departamento de Estado destca el caso de la magistrada Blanca Stalling, señalada de varios casos de corrupción y considerada parte del sistema que promueve impunidad en el país.
dice el informe que «la CICIG presentó muchos casos de corrupción, pero muchos fueron anulados durante el año. Por ejemplo, la CICIG destituyó a Blanca Aida Stalling Dávila de la Corte Suprema y presentó cargos de corrupción contra ella en 2017. El caso contra Stalling se derivó de sus presuntos intentos de presionar a un juez para que diera una sentencia indulgente a su hijo, Otto Molina Stalling, en un caso de asociación ilícita en 2017. El 29 de junio, Stalling fue declarada inocente de tráfico de influencias, y la FECI se negó a apelar el veredicto de inocencia. Este fue uno de los muchos ejemplos en los que el director de la FECI, Rafael Curruchiche, se negó a apelar las decisiones que los tribunales tomaron durante el año para anular o desmantelar los casos de corrupción originalmente presentados por la CICIG. El 22 de septiembre, la Corte Suprema anunció que reinstalaría a Stalling como magistrado de la Corte Suprema después del veredicto de no culpabilidad».