El Congreso de Guatemala ha archivado la polémica «Ley para la Protección de la Vida y la Familia, aprobado la semana pasada y que elevaba las penas por abortar y prohibía el matrimonio homosexual en el país, entre otros aspectos que violaban la Constitución, según diversos grupos y el propio presidente Alejandro Giammattei.
El presidente fue quien pidió que la Ley fuera archivada o amenazó con vetarla, por considerar que en varios aspectos viola la Constitución del país.
Con 119 a favor de que fuera archivada, el Congreso ha dado carpetazo a la medida, que ha sido duramente criticada por diversos sectores sociales, que consideraban que atentaba contra los derechos de los ciudadanos.
El pasado 11 de marzo, el mandatario solicitó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, al considerar que violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala.
Este martes, finalmente, el proyecto legislativo ha sido archivado sin debate alguno entre el oficialismo y la oposición. El pasado 8 de marzo 101 de los 160 diputados apoyaron la ley, que situaba en diez años la pena máxima de cárcel para las mujeres que abortaran.
El texto presentaba penas de hasta 50 años de cárcel a aquellas personas responsables de «abortos» o «maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer», según informaciones del diario ‘Prensa Libre’.
La normativa también prohibía el matrimonio homosexual y restringía las clases sobre educación sexual en los colegios, especialmente sobre diversidad sexual. Partidos opositores y organizaciones feministas y de Derechos Humanos han alertado de que la aplicación de la ley podría llevar a la criminalización de los abortos espontáneos y aumentar el riesgo de crímenes de odio contra personas de diferente orientación sexual.
En el ambiente quedan muchas dudas sobre la razón por la que el Congreso aprobó con premura dicha Ley y luego el presidente anunció que la vetaría si no se archivaba, tomando en cuenta que el mandatario y su «alianza oficialista» controlan ampliamente ellegislativo.
La discusión sobre dicha ley distrajo la atención de la opinión pública de otros temas, como la elección de fiscal general, la aprobación de una oscura ampliación presupuestaria de más de Q3 mil millones para el ministerio de Comunicaciones, y otros temas frelevantes.