Vuelven a circular rumores sobre pago por votos a favor de la iniciativa
La «alianza oficialista» en el Congreso volvió a hacer de las suyas y ayer aprobó una dudosa ampliación presupuestaria para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV), a pesar de las advertencias que se habían elevado al Organismo, en demanda de mayor transparencia previo a cualquier aprobación.
Esta mañana en corrillos del palacio legislativo se comentaba sobre el supuesto «pago de Q300 mil» para los diputados que aprobaron esta ampliación, que no está justificada y encontró pronto la aprobación de la Comisión de Finanzas, dominada por el propio oficialismo.
El pasado martes el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (IFECI), había advertido de una serie de problemas, anomalías y demás que presentaba la iniciativa de Ley, por lo que reclamaba que se detuviera su aprobación y que la discusión fuera más abierta y pública.
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Para la aprobación de la Ley se requirió del apoyo de las bancadas de las aspirantes presidenciales Zury Ríos (Valor) y Sandra Torres (UNE), que apoyaron la iniciativa, «a cambio de favores electorales y obras para sus diputados¨, según un congresista que pidió guardar el anonimato.
En su análisis, el IFECI encontró que la mayoría de obras propuestas están sobrevaloradas. Uno de los ejemplos es que solamente se contempla la construcción de 480 metros de tramos carreteros nuevos, con un costo que se eleva a Q 230.7 millones, es decir a un gasto de Q479 mil por metro, una sobrevaloración a todas luces gigantesca.
Otro aspecto que señalan los expertos, es que el Ministerio de Comunicaciones tiene más de Q5 mil millones aprobados para obras este año y hasta la fecha solamente ha ejecutado un 9 por ciento, lo que supone un amplio colchón para el resto del año y no se veía la necesidad de esta ampliación presupuestaria.
La mayor parte de la inversión se destinará –según la iniciativa– al bacheo de carreteras, lo que según los mismos análisis expuestos, hace que se pueda sobrevalorar las obras a realizar.
Esta ampliación se lleva a cabo pocas semanas después de que se conociera el escándalo –nunda investigado por el MP–, del supuesto soborno que varias constructoras habrían dado en 2019 para impulsar la campaña presidencial de Alejandro Giammattei.
Este antecedente hace temer que nuevamente se pueda exigir coimas a los constructores, lo que serviría para el financiamiento de algunas campañas presidenciales el próximo año.
Tal como temía el IFECI, la «alianza oficialista» llevó a cabo la aprobación de manera apresurada, sin discusión y con opacidad.
Organismo para que antes de aprobar