La prohibición de que diputados y familiares sean contratistas del Estado, el establecimiento de la subasta inversa y varios sistemas de control más estrictos, forman parte de la nueva Ley de Contrataciones, aprobada hoy en el Congreso.
Los dignatarios, funcionarios, empleados públicos y autoridades de cualquier entidad tampoco podrán participar en las licitaciones, así como los financistas de campañas políticas (aunque no se indica cómo van a demostrar que no lo son)
El artículo que generó más discusión fue la que regulará los contratos abiertos, para evitar la discrecionalidad.
Por último, se crea la Dirección General de Adquisiciones del Estado, ente rector de las compras estatales, que deberá facilitar procesos y velar por la transparencia y libre competencia.