Luis F. Linares López
Para la Oficina de Ética de las Naciones Unidas existe conflicto de interés cuando los intereses privados o las relaciones de una persona interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales (resaltado del autor). Según otra definición de un instituto mexicano de salud, una persona incurre en conflicto de intereses cuando en vez de cumplir con lo debido puede guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. De ambas acepciones, aplicando el tema al ejercicio de la función pública, podemos concluir que hay conflicto cuando el interés individual o el de personas, empresas, sectores o de cualquier grupo, a los que está o estuvo ligada una persona, pueden prevalecer sobre los intereses generales, afectando el bien común.
Es muy importante la expresión que resaltamos: puede entenderse. Se trata no solo de la existencia concreta y comprobable de intereses ajenos u opuestos al interés general. También cuando se puede suponer o presumir la existencia de conflicto. En consecuencia, la línea de separación es muy sutil y no puede resolverse cuidando de aspectos formales, como haberse separado legalmente, distancia en el tiempo u otras circunstancias. En cada caso particular es preciso analizar qué tipo de interés o de vínculo existió, qué tan posible es que persista, cuál es el poder de decisión que tendrá la persona, qué tipo de controles efectivos existen. De manera que el presidente Morales ha de ser muy cuidadoso en la selección de funcionarios, para evitar la mera suposición de conflicto de intereses, pues como reza aquella famosa frase de Julio César: La mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo.
Aparte del tema de la ministra de Comunicaciones, insuficientemente aclarado, está el de ministros estrechamente vinculados al sector empresarial organizado. No se trata de negar el acceso a cargos públicos de personas que hayan trabajado para el sector privado. Pero a lo largo de la historia de Guatemala, incluso durante los gobiernos revolucionarios, hemos tenido en las carteras responsables de la política económica a ministros que provienen de sectores empresariales o han trabajado sistemáticamente como cuadros técnicos –orgánicos– de alguno de esos sectores.
El resultado de más de 100 años de esta práctica es el sesgo o excesiva inclinación hacia los intereses del empresariado, particularmente los exportadores, en detrimento de otros sectores de la vida nacional, como la industria, la producción artesanal y la agricultura para consumo interno –centrada esta última en la economía campesina, el comercio y, en general, la micro y pequeña empresa–, afectando también el crecimiento del mercado interno, como lo demuestra de forma contundente el economista británico Víctor Bulmer-Thomas en su estudio sobre la economía política centroamericana a partir de 1920. Solamente Costa Rica fue capaz de introducir elementos de equilibrio y el resultado es la sociedad del Istmo con mayores niveles de bienestar. En el gabinete de Jimmy Morales, con dos ministros que provienen del sector exportador, seguramente veremos que persistirán iniciativas orientadas a la ampliación de beneficios fiscales, salarios bajos y manejo del tipo de cambio.
Respecto de los conserjes y demás personal del Congreso que gozan de sueldos ofensivos, absurdos y desproporcionados, es indispensable mantener la presión para sentar un precedente. Cuando se incurre en abusos como los salarios de buena parte del personal del Congreso no se pueden alegar derechos adquiridos. El pacto tiene que ser revisado, dejando sin efecto esos sueldos exagerados, el gasto en vestuario (trajes de hasta Q2 mil) y el aumento anual del 10 por ciento. Y deducir responsabilidades al presidente del Congreso que lo suscribió, por dañar los intereses del Estado.
Y al mismo tiempo poner coto a los abusos de los diputados con el exceso de comisiones, de asistentes, asesores, gastos de viajes y de restaurantes, que sirven de aliciente para que los empleados busquen ser partícipes de la piñata. Se sabe de un diputado del PP y ahijado del expresidente que al cobrar hasta el 50 por ciento del salario a quienes les conseguía empleo, recogía alrededor de Q1 millón al año. Todos estos abusos deben terminar y el primer paso es la plena transparencia en todos los asuntos públicos. Porque la opacidad es el caldo de cultivo favorable para la corrupción y el ejercicio arbitrario, desmedido y descarado del poder público